Desconocidos atacaron un establecimiento ganadero denominado San Marcos en Jasy Kañy, departamento de Canindeyú, se reportó esta mañana. Durante varios minutos unas seis personas fueron tomadas como rehenes por parte de los delincuentes, que además quemaron tractores y herramientas agrícolas.
Según primeras informaciones, se trataría de un problema sobre el inmueble; sin embargo, agentes de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se trasladaron hasta el sitio para investigar sobre el ataque, que resulta característico, según informan del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que ocurrió en la noche de este miércoles.
Los trabajadores del lugar fueron liberados posteriormente y los desconocidos abandonaron el lugar. En tanto, los daños a los tractores e implementos agrícolas serían importantes, pero no se reportan víctimas fatales ni heridos. El propietario de la estancia aún no fue identificado. Se aguarda que la FTC comunique mayores datos con respecto al hecho que conmueve a la comunidad de la zona.
“Ayer en horas de la noche incendiaron una estancia por un problema de inmueble que tienen. No es la primera vez, está vez le agarraron y le maniataron a los empleados y se dieron a la fuga. Los empleados están bien, a uno le propinaron un golpe en la cara y fue llevado al hospital, pero está bien”, expresó el comisario Jimy Sosa, desde Yasy Cañy, en contacto con la 650 AM.
El último ataque registrado en una estancia ocurrió el pasado 1 de julio en la zona limítrofe entre Concepción y Amambay, que habría sido realizado por los propios peones, quienes se apoderaron de varios objetos de valor antes de lo sucedido.
El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), Luis Apesteguía, señaló que los peones aparentemente fueron despedidos y atacaron la estancia como represalia. Hasta el momento los demorados son dos.
Sostuvo que los peones de la estancia, al principio, estaban como testigos de lo sucedido, pero al final terminaron siendo detenidos por la quema de las maquinarias y camiones, que habría ocurrido durante la noche del domingo último.
Violento ataque en Tacumbú: una mujer fue detenida por herir de una estocada a su pareja
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Una mujer de 40 años fue detenida esta madrugada por homicidio en grado de tentativa tras herir de una estocada a su pareja de 39 años. El violento episodio ocurrió sobre la calle Ursino Velazco y Payaguá Naranja del Bañado Tacumbú de Asunción.
La sospechosa fue identificada como Zulma Beatriz Martínez (40), quien fue sindicada de haber apuñalado a su pareja. Habría intentado cortarle el cuello.
La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Sánchez Martínez (39), quien tuvo que ser derivado al Hospital General Barrio Obrero para recibir atención médica.
El hombre también fue detenido luego de recibir el alta médica, atendiendo que ambos cuentan con frondosos antecedentes penales, según el informe policial.
El fiscal de turno de la Unidad Penal n.º 5, Luis Chamorro, dispuso que tanto la mujer como la víctima permanezcan aprehendidos en la sede policial a disposición del Ministerio Público. Durante el procedimiento policial se incautó un arma blanca que estaría vinculada al hecho.
Intervinieron agentes de la Comisaría 2da. Metropolitana. Según referencias de los intervinientes, ambas personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y aparentemente otras sustancias cuando en un momento dado empezó una discusión que acabó con la agresión por parte de la mujer.
La aprehendida cuenta con antecedentes penales por tentativa de hurto (2010 y 2014), robo agravado (2012) y robo agravado y resistencia (2024).
Asimismo, la víctima posee un prontuario bastante amplio por robo agravado (2008, 2010, 2016 y 2021) y posesión y comercialización de drogas (2013). El caso quedó bajo investigación de las autoridades para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
La Agroganadera Pindó S.A. rechazó haber presentado un amparo judicial y pidió que cualquier proceso de regularización respete los títulos de propiedad y los procedimientos legales vigentes. Foto: Gentileza
Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
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Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Margarita Colmán, representante legal de la firma, señaló que las acciones civiles y penales vinculadas con la ocupación se iniciaron hace aproximadamente catorce años y siguen ante la Justicia. Foto: Gentileza
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
La Senad y organismos de seguridad detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó. Foto: Gentileza
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
La UNA retoma actividades presenciales, tras amenaza de ataque armado
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La Universidad Nacional de Asunción (UNA) anunció el retorno de las actividades presenciales este lunes, 19 de octubre, tanto académicas como administrativas, tras la suspensión decretada el viernes pasado como medida de seguridad ante una amenaza de presunto ataque armado.
La medida fue adoptada luego de una minuciosa inspección de la Policía Nacional y alcanza al campus de San Lorenzo, así como a las distintas facultades, unidades académicas e institutos de la universidad.
La UNA dispuso el retorno de actividades tanto académicas como administrativas. Foto: LN
Los procedimientos de inspección, barrido y verificación de la infraestructura estuvieron a cargo de las Fuerzas Operativas Policiales Especiales (FOPE), con apoyo de unidades caninas. Tras finalizar los trabajos, las autoridades de seguridad dieron por concluida la revisión de los espacios universitarios.
No obstante, la UNA mantendrá un esquema de prevención y vigilancia en coordinación con la Policía Nacional. El operativo incluye controles en los accesos. Para el efecto, se ruega a docentes, funcionarios y alumnos portar su documento de identidad y su cédula universitaria digital.
A la par, se mantendrá la presencia preventiva de agentes y se realizarán patrullajes dentro del predio y en zonas aledañas. Asimismo, se llevan a cabo tareas de seguimiento digital y ciberinformático a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen. En ese sentido, los investigadores ya tendrían identificados a los sospechosos de haber lanzado la amenaza.
Se mantendrá un esquema de prevención y vigilancia que incluye controles en los accesos. Foto: LN
La UNA insta a la comunidad educativa a colaborar con los controles de ingreso y mantener la calma mientras continúan las medidas de resguardo.
Con esta disposición, la institución busca garantizar la continuidad de las actividades presenciales y reforzar las condiciones de seguridad para toda la comunidad universitaria.
Pedro Juan Caballero: grupo armado irrumpe en una vivienda, mata a una mujer y secuestra a su pareja
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Una mujer fue ultimada a balazos este lunes, mientras que a su pareja la raptó un grupo de desconocidos. El hecho ocurrió en horas de la madrugada en Pedro Juan Caballero.
Las primeras informaciones señalan que aproximadamente diez hombres armados, vestidos con ropas tácticas y simulando un procedimiento policial, irrumpieron en una vivienda a bordo de varias camionetas.
Los atacantes se llevaron por la fuerza al dueño de casa, mientras que su pareja fue asesinada cuando presuntamente intentaba escapar de la vivienda.
La mujer, Carolina Benítez Arce, se habría resistido y fue asesinada. Foto: Gentileza
La víctima fatal fue identificada como Carolina Benítez Arce (27), de nacionalidad brasileña, mientras que el hombre llevado por la fuerza fue individualizado como Marcelo Juan Ortiz Moura (26), paraguayo.
De acuerdo con los primeros datos, el violento episodio se registró en una vivienda ubicada sobre las calles Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, en la capital departamental.
El hombre raptado:Marcelo Juan Ortiz Moura (26). Foto: Gentileza
Según el informe del Departamento de Investigaciones de Amambay, los hombres, que estaban armados con fusiles y vestidos con ropa táctica negra, llegaron a bordo de dos camionetas Toyota Fortuner, una gris y otra blanca.
Los desconocidos habrían intentado llevarse a ambos; sin embargo, ante la resistencia de la mujer, los atacantes le dispararon, causándole la muerte. Posteriormente, se lo llevaron por la fuerza a Marcelo y huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la víctima.
El caso fue comunicado al Ministerio Público y los agentes policiales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y localizar al hombre secuestrado.
Los responsables siguen sin ser identificados públicamente y el caso permanece en desarrollo.