Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Asociación de Pacientes Renales del Instituto de Previsión Social (IPS) de Alto Paraná, se movilizó esta mañana frente al hospital de Ciudad del Este, exigiendo la agilización de los trámites que permitan a la empresa adjudicada la habilitación del servicio de hemodiálisis, en la capital departamental.

La firma adjudicada por la previsional es Medical Center, de Santa Rita. Son 58 los asegurados del IPS que requieren de diálisis y que residen en la zona metropolitana del Este, por lo cual se volvió imposible que los pacientes se trasladen hasta la ciudad de Santa Rita para ello, dos o tres veces a la semana.

Ante este problema, la empresa se comprometió a habilitar un servicio en Ciudad del Este, en una clínica ubicada sobre la avenida San José, pero los trámites están trabados en la previsional, según lo explicado por Adolfo González, representante de la asociación de familiares y pacientes renales.

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Ya son tres meses del inconveniente y mientras se llegue a una solución, la empresa puso un servicio de transportes para recoger en Ciudad del Este a quienes tengan la necesidad de diálisis, todos los días.

“Por ahora estamos manejándonos de esa forma, nos buscan a todos y cubren los alimentos y tras la atención se regresa a casa, pero urge que se habilite la clínica local para evitar ese cansancio del viaje”, expresó González.

Los asegurados venían recibiendo el servicio de hemodiálisis en otra clínica que fue adjudicada por muchos años por el IPS, pero en el último año ya la atención y servicio se habían deteriorado mucho, según los pacientes, que fueron reclamados en su momento. Ese proceso tuvo fin con una nueva licitación para la concesión del servicio, pero la firma médica ganadora tiene su hospital en Santa Rita.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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Desde el Instituto de Previsión Social informaron que que a partir del 12 de agosto, y en forma gradual, se viene haciendo la transferencia del agendamiento de especialidades pediátricas del Departamento de Pediatría a la Sección de Agendamiento del Hospital Central.

Esta trasferencia abarca al agendamiento en las subespecialidades pediátricas de neonatología, cardiología pediátrica, neurodesarrollo, evaluación pre-quirúrgica, traumatología, reumatología, psiquiatría, gastroenterología, nutrición, infectología, neumología, neurología, endocrinología, nefrología, hematología, oncología.

Indican que para agendar, los asegurados pueden acercarse a las ventanillas de agendamiento y comprobación de derechos ubicadas en planta baja (frente a Farmacia de Urgencias) del edificio del Hospital Central en el horario de lunes a viernes de 06:00 a 12:00.

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Actualmente, en la secretaría del Departamento de Pediatría se mantiene el agendamiento para los pacientes incluidos dentro de los programas de: Obesidad y Mielomeningocele.

Además de las citas de nefrología para pacientes trasplantados, citas de neurología para pacientes con epilepsia refractaria, citas para los pacientes con TEA y citas para evaluación de pacientes para el Comité de Gastrostomía. Estos agendamientos se realizan de lunes a viernes en el primer piso sala 116 de 07:00 a 12:00 en la secretaría del Departamento de Pediatría.

También a partir del 18 de agosto el Departamento de Pediatría habilitó el consultorio de adolescentes (14 a 17 años) los días lunes turnos tarde y noche y los viernes turno noche. Para agendar por primera vez en las subespecialidades, se necesita derivación del pediatra u otro médico.

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El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, aclaró que el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) no requiere aprobación del Poder Legislativo porque hace parte de un tratado ya existente. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano firmaron en Washington este documento, el pasado 14 de agosto.

“Estuve hablando con el propio canciller, los argumentos que me citó, por ejemplo, es que esto ya es un tratado, entonces, al ser un tratado él tiene la representación, no hace falta ninguna autorización. Según me estaba explicando, la Convención de Viena, sobre los derechos de los tratados, le da la facultad al ministro de Relaciones Exteriores y al presidente (de la República) a firmar este memorándum”, indicó Núñez, este jueves, en conversación con la 1080 AM.

Explicó que, al ser un tratado vinculante con la Ley 1238 de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare), ya tuvo un tratamiento por parte del Congreso. “Es un tratado que ya está vigente, es lo que me explicaron”, apuntó Núñez.

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Por otra parte, sostuvo que hasta el momento no existe ningún proyecto en el Senado que tenga que ver con este tema. “No podemos sobrelegislar, ninguno de los colegas se refirió sobre presentar un proyecto de ley nuevo, salir del tratado. No va al Congreso porque se trata de la implementación de acuerdos internacionales ya suscriptos anteriormente, no hay ninguna innovación de compromisos internacionales”, sentenció.

El acuerdo de entendimiento facilita a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos presentar sus solicitudes en Paraguay, informó Rubio en un comunicado. Esto permite “que nuestras naciones compartan la carga de gestionar la inmigración ilegal mientras se pone fin al abuso del sistema de asilo de nuestra nación”, añade en la nota. “Vamos a cooperar en muchos temas más”, dijo Rubio en español durante el acto.

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