La operatividad de las unidades de terapia intensiva en el país aumentó del 76 % al 94 %, informó el doctor Arturo Cáceres, director de Terapias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través del portal de Medios del Estado. En tanto, las unidades de terapia intensiva neonatal registran un 96 % de operatividad, las de adultos un 94 % y las pediátricas un 90 %, reflejando el fortalecimiento progresivo de la red nacional de cuidados críticos.

Como parte de este proceso fueron incorporados 181 monitores multiparamétricos y 120 camas eléctricas para las unidades neonatales, pediátricas y de adultos, mediante una inversión superior a G. 15.000 millones. Asimismo, el Ministerio de Salud avanza en la renovación de equipamientos de alta complejidad, con una inversión superior a G. 92.000 millones destinada a la adquisición de ventiladores mecánicos, incubadoras y otros equipos esenciales para la atención de pacientes críticos.

La transformación también incluye la modernización de la gestión de las terapias intensivas mediante la incorporación de 50 computadoras y un sistema de monitoreo digital que permite al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) conocer en tiempo real la disponibilidad de camas críticas en todo el país, con actualización cada cinco minutos. Esta herramienta fortalece la coordinación entre los servicios, optimiza la derivación de pacientes y mejora la respuesta ante situaciones de emergencia.

Además, se inició el cumplimiento de la Ley n.° 7159, promulgada el 25 de septiembre de 2023, que crea el Programa de Incentivos para el Ejercicio Profesional de la Medicina en la Especialidad de Medicina Crítica, Cuidados Intensivos o su equivalente en el sector público. La implementación progresiva de esta normativa incorpora beneficios como la bonificación complementaria equivalente a un salario mínimo, además de garantizar la jornada laboral de 12 horas universales y 30 días de vacaciones desde el primer contrato.

El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, confirmó que, luego de honrar los compromisos más cuantiosos del Estado, se podrá cumplir nuevamente con la ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y cerrar el 2028 con 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de déficit. Explicó que sobre el presente ejercicio y el próximo, es decir, 2027, hay una presión extra ejercida por las deudas, con el sector farmacéutico y las vialeras.

El secretario de Estado conversó con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970/Nación Media y explicó la deuda contabilizada; con ambos sectores alcanzó USD 1.270 millones. Lo mencionado hará que para el cierre de 2026 se tenga un déficit de 3,2 % y para 2027 se llegue a un nivel un poco inferior al 4 %, precisó.

“Con una expectativa de retorno al 1,5 % a partir del año 2028, al finalizar esta administración”, valoró Lovera. El déficit señalado para 2027 tiene que ver principalmente con la obtención del visto bueno del Congreso Nacional para la gestión de las deudas.

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Por otro lado, para evitar escenarios de elevada deuda, el ministro explicó que están trabajando en mecanismos de control. “Lo que vinimos trabajando fuertemente desde inicio de año en el Ministerio de Economía y en coordinación tanto con el Ministerio de Salud como con el Ministerio de Obras Públicas es establecer mecanismos y herramientas de control que eviten a futuro que estos compromisos se sigan generando”, citó.

“Estos compromisos se generaron por una cuestión de una disociación de la gestión de contratos dentro de las entidades con la gestión financiera, que es reflejada a través del Presupuesto General de la Nación, que es el que autoriza los niveles que pueden asumir compromisos las entidades”, expuso posteriormente, al tiempo de señalar que la cartera a su cargo ya tiene una herramienta de control en línea de la gestión de los contratos en entidades públicas.

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El Ministerio de Salud se encuentra coordinando un plan sin precedentes en Itapúa para la cobertura de este evento mundial.

Mientras el World Rally Champions­hip (WRC) Para­guay 2026 entra en la cuenta regresiva y los equipos afi­nan cada detalle para la competencia, el Ministerio de Salud Pública avanza en un amplio operativo sani­tario que busca garantizar una respuesta rápida y efi­ciente durante uno de los mayores eventos deportivos que recibirá el país este año.

La cartera sanitaria acelera la organización de la cober­tura médica que acom­pañará el desarrollo de la prueba internacional, pre­vista del 27 al 30 de agosto en el departamento de Ita­púa. El plan contempla una importante logística, con puestos de atención, ambu­lancias, clínicas móviles, hospitales de referencia y centenares de profesiona­les distribuidos estratégi­camente para atender cual­quier eventualidad.

Como parte de los prepa­rativos, el Hospital Gene­ral de Itapúa, principal cen­tro asistencial de referencia en el sur del país, continúa reforzando su capacidad operativa. Autoridades del establecimiento, junto con integrantes del Comité de Salud del WRC, realizaron una inspección para verifi­car el nivel de preparación de los distintos componen­tes que formarán parte del operativo.

Durante el recorrido fueron evaluadas las existencias de medicamentos, insumos médicos, equipos y otros recursos indispensables para responder ante emer­gencias. También se revi­saron la logística interna, la disponibilidad de perso­nal, la infraestructura hos­pitalaria y los protocolos de atención que serán activa­dos durante los días de com­petencia.

El fortalecimiento del Hos­pital General de Itapúa inte­gra el Plan Operativo de Cobertura Sanitaria dise­ñado por el Ministerio de Salud, cuyo objetivo es pro­teger tanto a los pilotos y equipos técnicos como a los miles de aficionados y a las comunidades ubicadas a lo largo de los tramos del rally.

El dispositivo previsto por la cartera sanitaria incluirá: una red integrada de esta­blecimientos de salud, 42 puestos fijos de atención, 44 ambulancias básicas y de alta complejidad, cinco clínicas móviles y cerca de 500 profesionales de la salud desplegados en puntos estra­tégicos del recorrido.

Además, se contará con un sistema de derivación para pacientes críticos, respal­dado por apoyo aéreo y hos­pitales especializados.

Los errores en los historiales crediticios y la falta de actualización de las deudas canceladas continúan siendo una de las principales causas de conflictos entre consumidores y empresas financieras.

En conversación con La Nación/Nación Media, la ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, recordó que tanto los proveedores como los burós de crédito tienen obligaciones legales destinadas a proteger los derechos de los usuarios y garantizar la confiabilidad de la información financiera.

La titular de Sedeco explicó que antes de consultar información de un cliente en un buró de crédito, las empresas deben informar expresamente qué entidad recibirá los datos, con qué finalidad serán utilizados y cuáles son los derechos del consumidor, además de solicitar y conservar evidencia del consentimiento otorgado.

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Irún señaló que los burós de crédito deben mantener información correcta y permanentemente actualizada. En ese sentido, cuando un consumidor cancela una deuda, el proveedor está obligado a comunicar esa situación para que el historial crediticio refleje la nueva condición.

Si existe una controversia sobre la información reportada, el buró debe registrar que el caso se encuentra en reclamo y tramitar las solicitudes de rectificación o eliminación de datos cuando corresponda.

Advirtió que mantener una obligación como pendiente cuando ya fue cancelada puede generar importantes perjuicios, especialmente para quienes buscan acceder a nuevos créditos o productos financieros.

Para prevenir este tipo de situaciones, Sedeco recomienda que las empresas implementen controles entre sus áreas de cobranza, facturación y reporte crediticio, además de sistemas internos que permitan detectar y corregir rápidamente inconsistencias antes de que afecten al consumidor.

La ministra también expuso que los usuarios tienen derecho a solicitar el contrato, los extractos y toda la documentación que respalde un cobro, así como acceder a su historial crediticio, pedir su actualización o corrección y obtener una copia del informe utilizado cuando una solicitud de crédito haya sido rechazada.

Ante cualquier irregularidad, aconsejó presentar primero un reclamo por escrito al proveedor y conservar toda la documentación relacionada, como comprobantes de pago, extractos y comunicaciones. “La confianza en el sistema económico se construye con información clara, consentimiento verificable y respuestas oportunas”, finalizó.

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