El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna indicó que desde la bancada de Honor Colorado aguardarán primero el pedido formal del eventual de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera, en el caso de los sobrinos acusados de planilleros. Refirió que primero se debe presentar el pedido para analizar en bancada.

“Si llegamos a la conclusión de que la senadora Noelia es la responsable, veremos qué postura tomamos. Vamos a ver el resultado del sumario, vamos a esperar, vamos a analizar en bancada y vamos a actuar de acuerdo a la decisión de la mayoría de los colegas de la bancada”, adelantó en conversación con los medios en el Senado.

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El senador señaló que hasta el momento solo se trata de una hipótesis por parte de la senadora Celeste Amarilla y la bancada Democrática, ya que aún no existe una presentación formal del pedido para aplicar el retiro de la investidura de la parlamentaria.

“Vamos a estar atentos a lo que expresó la senadora Celeste Amarilla, que dijo en diferentes medios de prensa que estarían presentando un pedido de pérdida de investidura, hasta el momento es una hipótesis, pero si eso se llega a concretar vamos a estudiar y vamos a analizar con la seriedad que corresponde y luego sacar una definición”, fueron las expresiones del legislador.

Cuestionó este tipo de prácticas en el Congreso, que termina por exponer a toda la institución y al presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez. “Creo que es una situación que expone a toda la Cámara y en especial al presidente del Congreso, que siempre está atendiendo a todos los colegas de la mejor manera, entonces yo desprecio esta situación”, sentenció.

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La compañía coreana Cheong A Chemical Co., Ltd. tiene interés en montar una fábrica de fertilizantes verdes en Alto Paraná. Los directivos de la empresa, Seo Gyu Yoon, CEO y presidente de la firma, y el director ejecutivo, Byeong Cheol Choi, visitaron el Viceministerio de Rediex para conocer sobre las ventajas de invertir en Paraguay.

La planta industrial apunta a abastecer el mercado brasileño y convertir al país en un actor clave en la transición energética de América del Sur, informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El proyecto incluye instalar una fábrica en el departamento de Alto Paraná, aprovechando su ubicación geográfica y conectividad logística con Brasil, que sería el principal destino de exportación de la firma.

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En el encuentro se abordaron conceptos como la producción de desarrollo de hidrógeno verde a través de urea, una solución limpia y sostenible frente a los métodos convencionales que utilizan gas natural. Representantes del Viceministerio de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) expusieron acerca de los incentivos con los que cuenta Paraguay para la inversión extranjera, como el régimen de maquila, la Ley 60/90, entre otros.

Según el MIC, la empresa coreana, con vigencia de más de 35 años, es reconocida por su constante innovación en productos petroquímicos, fertilizantes y soluciones para la agricultura. La misma evalúa oportunidades de inversión en América del Sur apuntando a expandir sus operaciones.

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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Durante la sesión ordi­naria de la Cámara de Diputados, el legisla­dor Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irre­gularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para des­viar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del econo­mista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento des­carado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de orado­res.

Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobra­ron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sos­tuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la pro­pia municipalidad y presenta­dos como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban che­ques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferen­tes que “acertaban los mon­tos exactos” e incluso pre­sentaban cifras idénticas a las previstas por la adminis­tración, lo que a su juicio evi­dencia una falta total de com­petencia real.

Uno de los casos emblemáti­cos citados fue el de Tajy Ser­vicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la munici­palidad, algo que, según Caste­llano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expa­reja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de ali­mentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encar­gado de cobrar cheques y presentar proyectos, mien­tras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefie­ren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.