El Hospital de Trauma de Asunción reportó a la Fiscalía el ingreso de una niña de apenas un año y dos meses brutalmente golpeada. La madre asegura que la pequeña se cayó de la cama y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Sin embargo, los médicos tratantes aseguran que no es la primera vez que la beba es hospitalizada a causa de fuertes golpes, por lo que la mujer de 22 años fue imputada por la Fiscalía por violación del deber del cuidado y solicitan pruebas médicas para constatar el consumo de estupefacientes.
“El miércoles, en horas de la tarde, recibimos una comunicación por parte de la División de Violencia Familiar de la Policía Nacional, que daba cuenta de una denuncia que había realizado la tía de la beba de un año con dos meses de edad maltratada y que se encontraba en grave estado internada en el Hospital de Trauma. La persona sindicada como responsable de los maltratos y golpes que recibió la pequeña sería la propia mamá, una mujer de 22 años”, indicó a C9N el agente fiscal Amado Cantero.
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En esta denuncia se basó el Ministerio Público para proceder a la imputación de la madre (22) y en trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional se logró la detención de la mujer.
La niña presenta golpes en la cabeza y hematomas, además de signos de abuso, por lo que fue intervenida quirúrgicamente y se encontró un coágulo en la cabeza a raíz de un fuerte impacto, que se presume no se produjo a causa de la caída de la cama.
El agente fiscal manifestó que la mujer ya llevó en similar estado a su pequeña hija al nosocomio en otras oportunidades, por lo que los médicos procedieron a informar también a la Fiscalía. Por otro lado, anunciaron que también será investigada la actual pareja de la mujer.
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Ordenan detención de jefa de operaciones de Ueno Casa de Bolsa por destruir evidencia fiscal
Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta intervinieron en un procedimiento en Ueno Casa de Bolsa, durante el cual fue detenida una funcionaria que se desempeñaba como jefa de Operaciones de la entidad, Andrea Benítez, por su presunta vinculación con el hecho punible de frustración de la ejecución penal.
Según los datos preliminares, al momento de la llegada de la comitiva fiscal, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República, Santiago Peña. Ante esta situación, la agente fiscal Ruth Benítez dispuso su detención en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público en el caso Ueno Bank.
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El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados. La mujer podría ser imputada en las próximas horas, y se solicitaría su prisión preventiva ante la gravedad del suceso registrado al momento del ingreso de los fiscales a la mencionada firma.
En caso de que la mujer sea imputada tendrá que comparecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si la misma estará privada de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada o será beneficiada con libertad ambulatoria.
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Detuvieron a otro hombre por amenazar de muerte al papa León XIV en Argentina
Un hombre de 58 años fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, tras realizar una amenaza de muerte contra el papa León XIV mediante una llamada al servicio de emergencias 911. Se trata del segundo episodio de este tipo registrado en el país en las últimas horas, en el marco de la visita del pontífice, informó este lunes la agencia RT.
El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, cuando el sospechoso se comunicó con la central de emergencias y lanzó una violenta advertencia: “¿911? Muerte al Papa, HDP”. El mensaje quedó registrado en las grabaciones del Centro de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) y motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad.
La amenaza se produjo pocas horas antes de la llegada de León XIV a territorio argentino, como parte de su gira por Sudamérica, que incluyó una escala previa en Uruguay y tiene previsto finalizar en Perú.
A partir de la denuncia, efectivos especializados en investigaciones antiterroristas rastrearon el origen de la comunicación, identificaron al titular de la línea telefónica y localizaron su domicilio. Con estos elementos, el juez federal Santiago Inchausti autorizó un allanamiento y la detención del presunto responsable.
Armas de fuego
El operativo se concretó durante la noche del domingo 8 de noviembre. El detenido fue identificado como Flavio Ariel Perrone, de 58 años. Durante el procedimiento, los investigadores incautaron un teléfono celular, armas de fuego y municiones que estaban en su vivienda.
La intervención estuvo a cargo de la división antiterrorista de la Policía Federal, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías N.º 2.
El caso se suma a otro episodio similar ocurrido recientemente en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, donde también fue arrestado un hombre por amenazas contra el líder de la Iglesia católica.
Los dos procedimientos elevaron las alertas de seguridad en Argentina durante la visita del pontífice, con un despliegue especial de las fuerzas policiales para prevenir nuevos incidentes.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
LOS HECHOS ATRIBUIDOS Y EL ROL DE LOS IMPUTADOS
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
VOLUMEN DE FONDOS Y SEVERIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá guardando reclusión en el REP
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.