La producción editorial paraguaya registró un crecimiento del 10,4 % durante 2025, con un total de 1.393 publicaciones registradas, frente a las 1.262 del año anterior. Los datos de la Agencia Paraguaya del ISBN, dependiente de la Biblioteca Nacional, también reflejan una mayor participación de autores-editores y una creciente presencia de lenguas indígenas en los libros publicados.

El registro ISBN (Número Internacional Normalizado para Libros) permite identificar cada edición mediante un código internacional que facilita su catalogación, distribución y comercialización. Además, constituye una herramienta para observar la evolución de la actividad editorial y su distribución territorial.

Uno de los cambios más relevantes fue el aumento de los autores-editores, quienes gestionan directamente sus publicaciones. Esta modalidad pasó de 254 registros en 2024 a 431 en 2025, lo que representa un incremento del 69,7 %. Asimismo, la cantidad de autores-editores únicos subió de 139 a 197, mientras que los actores editoriales con al menos un ISBN asignado aumentaron de 213 a 280.

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En cuanto a la distribución geográfica, las publicaciones alcanzaron 36 ciudades, frente a las 32 del año anterior. Asunción concentró 1.008 registros, equivalentes al 72,4 % del total, mientras que las demás localidades sumaron 385. Lambaré pasó de 56 a 90 publicaciones y Encarnación aumentó de 20 a 73 registros.

Otro aspecto destacado fue la diversificación lingüística. Las publicaciones con presencia de idiomas distintos del español aumentaron de 160 a 274, una variación del 71,3 %. En particular, los libros que incorporan lenguas indígenas pasaron de 127 a 167. El guaraní registró 161 presencias, frente a 126 en 2024, además de publicaciones en aché-guayakí, ayoreo y nivaclé.

Por materias, Literatura y Retórica lideró con 524 registros, seguida por Ciencias Sociales, con 351. Del total de publicaciones, 1.180 correspondieron a formato impreso y 213 a soporte digital. Los datos muestran así una expansión de la actividad editorial, con más participantes, mayor alcance territorial y diversidad de idiomas.

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Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó hoy insumos agrícolas, infraestructura de agua potable y maquinarias, por una inversión de más de G 777 millones, en el distrito de Choré, departamento de San Pedro.

El desembolso se hizo en el marco del Proyecto de Inserción a mercados agrarios (Pima) que apunta a mecanizar las tareas del campo además de asegurar la infraestructura hídrica que es clave para el desarrollo y el bienestar de las familias rurales de la zona.

Recuperar la fertilidad del suelo es otro de los objetivos del programa, según declaraciones de los representantes del mismo.

La jornada oficial estuvo encabezada por el titular de la cartera, Carlos Giménez, que hizo entrega oficial de estos insumos, maquinarias y sistemas de agua en el local de la Asociación de Comités de Productores Agrícolas “Eje Norte”, en la comunidad Martillo de este distrito.

Durante el acto, el ministro Giménez destacó la visión del Gobierno de brindar un soporte técnico integral que dignifique la labor agraria.

“Este gobierno nos pidió entregar herramientas que dignifiquen al agricultor paraguayo. Esta inversión potenciará cada trabajo en sus fincas, sabemos que tenemos mucho por hacer aún, pero estamos en el camino correcto, llegando a todas las fincas a nivel país”, puntualizó ante autoridades locales, técnicos y familias beneficiarias.

El respaldo técnico y productivo se dividió en dos áreas de trabajo comunitario:

• Mecanización e Insumos Agrícolas (Inversión: G. 429.012.000): Dirigido de manera directa a los agricultores de la Asociación de Comités Agrícolas Eje Norte. Se les dotó de 1 tractor agrícola de 100 HP —con el que el MAG llega al récord histórico de 236 tractores otorgados en todo el país—, además de 61.700 kilos de cal agrícola para el acondicionamiento de tierras y 800 kilos de semillas de cobertura verde.
• Infraestructura de Agua Potable y Fortalecimiento Productivo (Inversión: G. 348.166.882): Enfocado en distintas entidades civiles para garantizar el suministro de agua potable y potenciar el circuito agropecuario zonal. La dotación incluyó tanques de 15.000 litros de volumen y sistemas de bombeo íntegros para pozos artesianos.

Los favorecidos en este segundo apartado fueron:

• Comisión de Agua Potable de la comunidad San José - Jhugua Poti.
• Asociación de Emprendedores Productores Agropecuarios “Liberación Sur”.
• Comité de Productores “Pindoty”.
• Comité de Productores “Sagrada Familia”.
• Comité “Mujeres Calle Jepopytyhy”.
• Organización local de Productores de Leche.

Mediante este despliegue operativo y tecnológico, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ratifica su vocación con el progreso integrador del ámbito rural paraguayo, impulsando la actualización tecnológica y elevando el bienestar de las poblaciones del segundo departamento.