Donald Trump amenazó este jueves con duplicar los aranceles a México si no frena a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos en medio de la euforia por el reciente fracaso electoral del mandatario republicano.

Una primera caravana de unos 1.000 migrantes llegó el fin de semana a México y avanza por el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. Otra, de unos 100, fue dispersada por las autoridades apenas entró a México.

El domingo está previsto que parta otra caravana de Honduras. Los migrantes ven en el triunfo de la oposición a Trump una esperanza de poder llegar a Estados Unidos y hacer una vida que les permita enviar dinero a sus familiares.

“¡Volvemos a empezar!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social. “Ante la aparente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato (YO NO ESTABA EN LAS PAPELETAS) la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez”.

“¡No serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México serán DUPLICADOS INMEDIATAMENTE”, espetó.

México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con el que negocia nuevos términos de su tratado de libre comercio.

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Buena parte de los productos que Estados Unidos importa de México no están sometidos a aranceles, salvo algunos como el acero y aluminio, que tienen un impuesto aduanero de entre 25 % y 50 %.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde que el magnate republicano regresó a la Casa Blanca en 2025 “no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte”.

“Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr”, indicó Sheinbaum.

“Buscamos la manera de que regresen a sus países de manera segura o si alguien se quiere quedar en México bajo ciertas condiciones, en determinado lugar, lo puede hacer”, añadió.

Las caravanas de migrantes fueron constantes en la primera presidencia de Trump y la posterior del demócrata Joe Biden.

Pero el republicano hizo del cierre de la frontera sur a la inmigración ilegal uno de los puntos fuertes de su segundo mandato.

Su gobierno se jacta de no haber liberado dentro del territorio estadounidense a ningún inmigrante que haya entrado ilegalmente y que espera luego una cita ante jueces migratorios, como sucedía en la presidencia anterior.

El gobierno de Trump asegura que gracias a sus políticas cerca de tres millones de indocumentados ya han salido de Estados Unidos.

“Hay personas que engañan a migrantes y que les dicen que, por ejemplo, con el resultado de las elecciones de Estados Unidos cambió la política migratoria, cosa que es falsa”, afirmó Sheinbaum.

La caravana de los 1.000 avanzó apenas unos 30 km desde Tapachula, la primera ciudad al cruzar la frontera de México y Guatemala, a Mazatán.

Las últimas movilizaciones no llegaron a salir de Chiapas. Sheinbaum explicó que en los dos años que lleva en el poder, han llegado a México unas 10 caravanas y ninguna alcanzó la frontera con Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas detuvieron a 40 personas de la caravana que dispersó.

El Departamento de Estado retiró visados o el derecho a pedirlo a más de 15 personas acusadas de organizar caravanas.

Fuente: AFP

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El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

Tasa actualizada en G. 74.929 para la gestión a oriundos de sectores de la frontera colindantes con Paraguay, según la Dirección de Migraciones.

La Dirección Nacio­nal de Migraciones (DNM) fijó la tasa actualizada en G. 74.929 para la gestión del Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), dirigido a los ciudada­nos de los países miembros del Mercosur radicados en zonas limítrofes asociadas con Para­guay, como es el caso de Foz de Iguazú, Brasil.

Esta credencial consiste en una certificación otorgada por el organismo migratorio que agiliza el paso de los oriun­dos de las naciones integrantes del Mercosur con residencia en sectores fronterizos colin­dantes, según lo dispuesto por las disposiciones legales. Dicho instrumento debe exhibirse en conjunto con la cédula o documento de identidad y no reemplaza al pasaporte ni a otra documentación válida para viajar. Para gestionar este trámite, las exigencias com­prenden: contar con el regis­tro de movimiento migratorio y entregar la planilla de soli­citud completada correcta­mente y con la firma corres­pondiente, sumado al original y fotocopia legalizada por un escribano público paraguayo del pasaporte u otro docu­mento oficial de viaje o iden­tificación.

Adicionalmente, se exige un comprobante de servicio público a nombre del solici­tante que constate su resi­dencia en la zona fronteriza, la constancia original de ante­cedentes penales expedida por la Policía Federal brasi­leña, la captura fotográfica en persona y la constancia del abono de la tarifa.

La disposición se implementó en virtud del principio de reci­procidad en el ámbito aran­celario e involucra una suma proporcional al 32 % del rubro “Otros documentos”, que equi­vale a dos jornales diarios, de conformidad con el artículo 100, inciso 11, de la Ley n.º 6984/2022 de Migraciones. Esta gestión debe realizarse de forma presencial en la sede de admisión de Ciudad del Este, subordinada a la Direc­ción General de Extranjeros, emplazada en la intersección de la avenida Rogelio Benítez y 4 de Mayo. La entrega de la credencial se concreta en un plazo de 72 horas hábiles tras haber ingresado el pedido.

Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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