Tras la victoria de Paraguay ante Turquía, Pechugon llevará Vorí Vorí al Albergue San Jerónimo durante todo el invierno. La fe, la pasión por la Albirroja y el compromiso con quienes más necesitan se unieron en una promesa que hoy comienza a hacerse realidad.

Días atrás, Pepe Chugon peregrinó hasta la Basílica de Caacupé para realizar una promesa muy especial. Con la ilusión de todo un país puesta en la Selección Paraguaya de Fútbol, pidió por una victoria de la Albirroja ante Turquía y asumió públicamente un compromiso solidario: “Si Paraguay conseguía el triunfo, Pechugon llevaría Vorí Vorí a un albergue transitorio por lo que dure el invierno”, pero se amplía a otros hogares en fechas puntuales.

La victoria llegó y con ella, también el momento de cumplir. La acción busca transformar la alegría que genera el fútbol en un gesto concreto de solidaridad. “La emoción que nos regaló la Albirroja merece ser compartida. Queremos que esa alegría llegue también a quienes más necesitan una mano amiga, especialmente en esta época del año. Hoy celebramos una victoria dentro de la cancha y también una oportunidad de ayudar fuera de ella”, señalan desde Pechugon.

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Las visitas fueron programadas de la siguiente manera: ayer miércoles 24 de junio a las 20:00 tocó el turno al Albergue San Jerónimo, fue la segunda visita. Hoy jueves 25, a las 11:30 el Hogar Gijón Roga recibió la grata visita. Mañana viernes 26 estarán por Asoleu, a las 11:00. Pechugon: La fuerza de nuestra tierra. El sabor de la garra guaraní.

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La Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec), informó que el Gobierno, a través del Programa de Retorno Asistido, facilitó en los últimos días la repatriación de seis compatriotas en situación de vulnerabilidad.

Según el reporte institucional, del total de casos atendidos recientemente, dos corresponden a personas en situación de vulnerabilidad y cuatro a restos mortales, en el marco de las acciones de asistencia y acompañamiento a paraguayos en el exterior.

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La institución detalló además, que en lo que va del año ya se concretó la repatriación de 176 connacionales, de los cuales 131 corresponden a restos mortales y 45 a ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Desde la Sederrec señalaron que estas gestiones forman parte del compromiso del Estado, de acompañar a los paraguayos en el exterior, brindando apoyo en situaciones críticas y facilitando su retorno al país cuando sea necesario. “Ningún paraguayo debe sentirse solo, sin importar dónde esté”, destacaron desde la institución, reafirmando el trabajo coordinado para atender casos de repatriación en distintos contextos.

El Programa de Retorno Asistido continúa activo y brinda acompañamiento integral a connacionales que requieren apoyo para regresar al territorio nacional, así como a sus familias en Paraguay.

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El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática.

La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto. La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas institucio

nes estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados.

El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.

También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.

Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.

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A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.

Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.

Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.

Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.

Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.

El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.