Una empresa de indumentarias adquirió la totalidad de 10.000 tapabocas que fueron fabricados por reclusos de dos centros penitenciarios dependientes del Ministerio de Justicia.
Se trata de personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría Regional de Villarrica y mujeres privadas de libertad (MPL) del Centro Penitenciario Serafina Dávalos de Coronel Oviedo.
Estos reclusos/as realizaron el trabajo remunerado de la firma Nice que, a su vez, entregó dichos insumos en carácter de donación a la organización Techo.
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Iniciativa
La iniciativa fue posible a través de la Dirección de Bienestar y Reinserción Social, que realizó el nexo entre la firma y las personas privadas de libertad.
“Con esto, las personas que se encuentran en situación de encierro logran obtener un ingreso propio y, mediante ello, también pueden ayudar a sus familiares desde adentro. Agradecemos a Nice por apostar por mano de obra penitenciaria, con esto se va demostrando la calidad de los trabajos realizados por las personas privadas de libertad”, expresó Alejandra Mendoza, directora de Bienestar y Reinserción Social.
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Personas humildes recibieron tapabocas
Techo entregó los tapabocas a las personas que residen en asentamientos de mayor situación de vulnerabilidad, en los que la organización trabaja para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Los talleres de costura de ambos centros penitenciarios donde fueron confeccionados los tapabocas se encuentran equipados con máquinas de coser profesionales donadas por la embajada alemana y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a través de la Cruz Roja Paraguaya.
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Impulsan reinserción social de internos en Guairá
La Gobernación de Guairá y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para un programa de reinserción social que apunta a que los internos de la Penitenciaría Regional de Villarrica puedan cumplir con ciertas tareas, brindándole una segunda oportunidad. El Poder Judicial también forma del acuerdo, explicaron.
“Estuvimos hablando con el ministro Ángel Barchini de un plan piloto para los condenados que se encuentran ya en etapa de cumplir con su rol social, limpieza de plazas, de calles, de instituciones educativas y que eso les pueda servir a ellos a acortar su permanencia en el penal y en esa línea firmamos un convenio para eso”, expresó el gobernador César “Cesarito” Sosa.
En comunicación con La Nación/Nación Media afirmó que el Poder Judicial forma parte de este acuerdo, dado que son los jueces quienes otorgan estos permisos, por lo que los magistrados también asistieron al acto de firma del documento. “Creo que todos merecen una segunda oportunidad y es importante que salgan a hacer ese servicio a la ciudadanía. Esto es un trabajo en equipo que hemos logrado con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial”, señaló.
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Este programa servirá como un incentivo importante para las personas con buena conducta y que están cumpliendo con su condena, por lo que se convierte en una “luz de esperanza” para aquellos que desean cambiar su vida y posteriormente puedan trabajar. “A través de estos convenios estaremos dando eso”, aseguró.
Este convenio representa un acontecimiento histórico, relató el gobernador dado que por primera vez en el departamento se firma un acuerdo de cooperación interinstitucional en pos de la reinserción social y este es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
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Avanza plan piloto de reinserción de personas privadas de libertad
El Ministerio de Justicia y la Gobernación de Guairá firmaron este lunes 13 de mayo un acuerdo marco de cooperación interinstitucional que apunta a que las personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría de Villarrica realicen trabajos comunitarios para beneficio de las comunidades del departamento.
Esto se da como parte de los programas de rehabilitación y reinserción social y laboral que lleva adelante el ministerio. El documento fue suscrito por el ministro de Justicia, Dr. Ángel Ramón Barchini, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Estuvieron presentes el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora; el diputado Alejandro Aguilera; el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (R) Rubén Peña; la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González; la jueza de ejecución penal de Caazapá, Maricel Candia.
Al respecto, Barchini explicó que este proyecto tiene como objeto promover la cooperación y la coordinación de acciones conjuntas a fin de aportar un servicio a la comunidad. El acuerdo es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
“Este proyecto permitirá que personas privadas de libertad puedan salir a trabajar por orden del juez o la jueza, y aquellas que tengan el perfil puedan ir imputando los días que le quedan de sentencia para salir en libertad y a la vez ganar un dinero. Mientras que la gobernación se ahorra en contratos. Es decir, acá todos ganamos, gana la sociedad”, indicó.
El Ministerio de Justicia, por intermedio del Viceministerio de Política Criminal, la Dirección de Bienestar y Reinserción Social y de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios se compromete a coordinar para que las PPL, que voluntariamente deseen contribuir con la comunidad, presten servicios generales necesarios mediante mano de obra para el hermoseamiento de áreas urbanas, plazas y lugares predeterminados por la Gobernación de Guairá, en las fechas festivas y otras ocasiones de importancia.
A su turno, el gobernador Cesarito Sosa destacó que la gobernación está plenamente a disposición de colaborar para que el proyecto, que aun es un plan piloto, sea todo un éxito y que traerá beneficios a todas las comunidades guaireñas. “Queremos arreglar plazas, instituciones educativas, limpieza de arroyos, creo que usar estos medios en beneficio de la gente no tiene precio”, acotó.
El ministerio brindará la seguridad necesaria y coordinará con el auxilio de las Fuerzas Públicas, en caso de necesidad, para la puesta en marcha del proyecto. El Ministerio de Justicia trabaja en varios frentes en el marco de la reforma penitenciaria en marcha. Esos ejes abarcan el seguimiento del control estricto de las penitenciarías, la reforma de leyes, la formación de nuevos agentes penitenciarios, la habilitación de nuevas penitenciarías de alta seguridad y el fortalecimiento de los programas de reinserción social y laboral para evitar la reincidencia en el delito.
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El Ministerio de Justicia se suma a la octava “Plantatón”
La octava edición del “Plantatón” pretende plantar 5.000 árboles nativos en la Costanera Sur de Asunción, el sábado 11 de mayo, desde las 8:00 horas. El Ministerio de Justicia se suma a la campaña con la participación de funcionarios y de personas privadas de libertad de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) y de la Granja Penitenciaria Ko’ê Pyahu.
El ambientalista y exconcejal José Alvarenga Bonzi, actual jefe del área de Medio Ambiente de la Entidad Nacional Yacyretá (EBY), es el impulsor del “Plantatón”, que contabiliza 80.000 árboles plantados en la capital desde 2016. La edición anterior se realizó en julio de 2023 en la Costanera Norte de Asunción.
Con esta actividad, el Ministerio de Justicia pondrá en práctica uno de los proyectos relacionados con la reforma del sistema penitenciario: la participación de PPL en trabajos comunitarios para beneficio de la ciudadanía.
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La institución se encuentra ajustando detalles del proyecto que pretende un trabajo sistemático y permanente entre el Ministerio de Justicia, gobernaciones y municipios en donde la institución cuenta con un establecimiento penitenciario, de manera que personas privadas de libertad colaboren con tareas que beneficien a esas comunidades.
Las tareas para la nueva edición del “Plantatón” son coordinadas de manera conjunta con la Municipalidad de Asunción, mediante su Dirección General de Gestión Ambiental. Con estas acciones se pretende generar espacios de recreación de calidad y promover conciencia ambiental en cada ciudadano.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).