El protocolo establecido por la cartera de Estado prohíbe también el ingreso de personas con temperatura igual o superior a 37,5 grados o antecedentes de fiebre en las últimas 24 horas. Foto: Gentileza.
Sistema penitenciario registró cerca de 400 visitantes
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El Ministerio de Justicia informó que el sistema penitenciario registró 382 visitas a las personas privadas de libertad (PPL) este domingo último.
Los visitantes ingresaron a través de un agendamiento previo y con estricto cumplimiento de las medidas de prevención establecidas en el protocolo de la cartera en cuestión y reguladas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La penitenciaría con más visitantes es la de Tacumbú, donde 127 personas ingresaron para saludar a sus familiares recluidos; seguida de la Penitenciaría Regional de Concepción, con 80 visitantes; en la Penitenciaría Regional de Emboscada hubo 70 visitas; en la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega, 37; en la Penitenciaría Regional de Villarrica se registraron 27, mientras que en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, 25.
Foto: Gentileza.
Otras penitenciarías
El Centro Penitenciario para Mujeres Serafina Dávalos, las Granjas Penitenciarias Itá Porã y Ko’e Pyahu, junto al Hogar Nueva Oportunidad, tuvieron 4 visitantes respectivamente.
Cabe mencionar que las mujeres privadas de libertad de los Centros Penitenciarios para Mujeres Casa del Buen Pastor y Juana María de Lara, y las PPL de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación y las penitenciarías regionales de Misiones, San Pedro, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este optaron por no recibir visitas a fin de fortalecer la prevención del COVID-19.
Para realizar las visitas rige un sistema de agendamiento informático de adentro para afuera; es decir, las personas privadas de libertad comunican los datos del visitante y la administración de cada penal se pone en contacto con el familiar para comunicarle el turno.
El protocolo establecido por la cartera de Estado prohíbe también el ingreso de personas con temperatura igual o superior a 37,5 grados o antecedentes de fiebre en las últimas 24 horas, tampoco podrán entrar si cuentan con cuadros respiratorios, los adultos mayores de 65 años, menores de 18 años de edad y mujeres embarazadas o que se encuentran en período de lactancia.
Ministerio de Economía denunció ante la Fiscalía a directivos de ueno bank y a otros
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los directivos de ueno bank, así como contra el propio presidente de la República, Santiago Peña, por presunta malversación de G. 250.000 millones, recursos de la Caja Fiscal depositados en el citado ente bancario, además de G. 123.838 millones en intereses, cerca de USD 40 millones.
La denuncia lleva la firma del ministro de Economía, Óscar Lovera Chávez, con patrocinio del abogado del Tesoro, Fernando Benavente. El objetivo es que el Ministerio Público investigue posibles hechos punibles contra el patrimonio del MEF, relacionados con los recursos excedentes de los programas contributivos civiles de la Caja Fiscal.
Según expone la denuncia, los G. 250.000 millones fueron depositados en ueno uank en julio de 2025, cuando la entidad presentaba públicamente una situación patrimonial que cumplía con las condiciones exigidas para recibir estos fondos. Sin embargo, el escenario constatado posteriormente por el BCP difiere sustancialmente de aquel que sirvió de base para la colocación del dinero.
El documento señala que el 2 de noviembre de 2026, el Directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, luego de constatar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50 % del mínimo requerido. Esta situación fue consecuencia de los ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
Uno de los puntos que el MEF pide investigar es cómo la entidad logró cumplir con los requisitos para captar los recursos previsionales y si la información financiera presentada reflejaba realmente su situación patrimonial. La denuncia busca determinar si existieron irregularidades y quiénes serían los responsables.
El Ministerio también solicita que se adopten medidas para resguardar los fondos comprometidos, incluyendo medidas cautelares y embargos sobre los bienes de los eventuales responsables, con el objetivo de evitar que se dificulte una posible recuperación del dinero.
El objetivo de la investigación abordada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) es generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social
Un estudio busca mejorar la salud y la rehabilitación en penitenciarías
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El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.
La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.
La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.
Presentación del Proyecto Multicéntrico “Programa integral de salud y rehabilitación criminológica en prisiones: prevención y desistimiento criminal"
Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.
En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
RESPONDER A DESAFÍOS
Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.
Dr. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt
Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.
El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.
A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.
Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.
Dr. Roque Orrego, presidente del INECIP
ALCANCES
El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.
La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN
Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.
Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.
La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.
Dr. Juan Martens, líder de la investigación
UNA ALIANZA ENTRE CIENCIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS
El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.
Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.
La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.
La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.
El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos
Pobladores de Nueva Asunción se movilizaron para exigir justicia por Sara Prieto
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Los familiares y ciudadanos de Nueva Asunción, departamento de Presidente Hayes, se manifestaron para exigir justicia por Sara Prieto, presunta víctima de feminicidio. De acuerdo con la denuncia pública, el caso pretende ser catalogado como un suicidio; motivo por el cual la justicia ya ordenó la libertad del principal sospechoso del suceso. Asimismo, la comunidad critica la supuesta protección política brindada a la pareja de la víctima.
A pocas horas de realizarse el sepelio de la joven de 18 años, sus familiares, amigos y vecinos se autoconvocaron para exigir que su muerte no quede impune ni se archive bajo la carátula de suicidio. La indignación popular estalló al confirmarse la liberación de Carlos Walter Mencía, pareja de la víctima y principal sospechoso de haber perpetrado el crimen.
La joven fue encontrada sin vida en el baño de la vivienda que compartía con Mencía. La investigación preliminar revela que el cuerpo presenta hematomas y marcas de agresiones físicas que encendieron las alarmas de los peritos. Pese a estas evidencias y al historial de maltratos relatado por la familia, la justicia dispuso la libertad del sospechoso en tiempo récord, lo que generó el repudio generalizado de la comunidad.
Guillermo Prieto y María Estigarribia, padres de la víctima, encabezaron la movilización sumidos en el dolor por la falta de justicia, pero adelantaron que seguirán con sus reclamos en memoria de su hija.
El padre hizo un llamado desesperado a las autoridades judiciales para que la causa no quede en el oparei. Prieto aseguró que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes en su poder, incluyendo capturas de pantalla, audios de WhatsApp y mensajes de texto que evidencian las amenazas y los constantes episodios de violencia de género a los que era sometida la joven.
La Justica realizó la transferencia de G. 25.000 millones y USD 11 millones a la Senabico, suma de dinero que fue comisado a Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero.
Justicia realizó transferencia de G. 25.000 millones y USD 11 millones a la Senabico que fueron comisados a RDG
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El Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Crimen Organizado y Delitos Económicos N.º 1 de la Capital, a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer, realizó este viernes 30 de octubre la entrega de certificados de depósito de ahorro (CDA) correspondientes a dos entidades bancarias, en el marco de la causa por lavado de dinero que involucra a Ramón González Daher y a su hijo. Como parte de esta actuación, la magistrada confirmó la transferencia de fondos a la cuenta de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
La jueza precisó que la transferencia de fondos comprendió G. 25.000 millones y USD 11 millones. Detalló que, en relación con la suma en moneda nacional, se entregaron seis certificados de depósito como parte de las medidas de ejecución patrimonial dispuestas por el juzgado.
Kirchhofer calificó esta actuación como histórica para la Justicia paraguaya por la magnitud de los recursos involucrados y su vinculación con una causa emblemática en materia de lavado de dinero. Asimismo, señaló que el caso figura en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Al referirse al alcance de la ejecución del comiso, la jueza manifestó: “Esta es una muestra de que la Justicia no solo impone sanciones de penas privativas de libertad, sino que también privamos de los beneficios del delito, tanto económicos como patrimoniales, a las personas que fueron condenadas por determinados hechos punibles”.
La magistrada destacó que la entrega de los certificados no constituyó únicamente un acto protocolar, sino el resultado de varios años de trabajo del juzgado a su cargo para dar cumplimiento a las decisiones judiciales relacionadas con la recuperación de bienes.
En ese sentido, expresó su expectativa de que estos recursos sean administrados por el Estado de manera responsable, transparente y eficiente, en beneficio de la sociedad. Finalmente, informó que aún quedan 15 certificados de depósito pendientes de transferencia y presentación ante el juzgado en el marco de la misma causa.