La embajadora paraguaya en Argentina, Helena Felip, se refirió a las medidas migratorias anunciadas por el gobierno del país vecino. Explicó que estas medidas ya se venían anunciando desde diciembre del año pasado y que lo informado ese día fue que saldría un decreto firmado por el presidente Javier Milei.

En comunicación con La Nación/Nación Media, explicó que este decreto, que aún no ha sido publicado, contendrá medidas que endurecen los requisitos para ingresar al territorio argentino y para la residencia de ciudadanos extranjeros, no solo paraguayos.

“El anuncio no solo va a afectar a nuestros connacionales, sino a todos los extranjeros que tengan el deseo de ingresar y establecerse en este país. Pero lo que tenemos hasta este momento son solamente anuncios, no tenemos aun acceso al documento. Tendríamos que ver cuáles son los términos y contenido del decreto, para poder analizar cuál será el impacto real”, comentó la diplomática paraguaya.

La embajadora Felip comentó que, en el caso de los estudiantes paraguayos que están en el país cursando actualmente algún estudio, ya deben contar con un DNI (Documento Nacional de Identificación) de nacionalidad argentina, ya que eso es un requisito principal hoy, para acceder al estudio universitario en el país. “Con respecto a este punto, no creo que cambie mucho, porque hoy ya es una exigencia“, acotó.

Insistió que, obligatoriamente todos los estudiantes deben contar con el DNI, porque de lo contrario estaría de forma irregular. “De hecho, nuestra colectividad paraguaya afortunadamente en un gran porcentaje está de forma regular. Hay mucha gente que está instalada en el país hace muchos años, y trabajando tanto en Buenos Aires, como en el resto de la Argentina”, comentó.

En el caso de la Salud Pública, es una competencia de las provincias argentinas, y de hecho ya hay algunas provincias que ya están implementando hoy aranceles en materia de Salud Pública. Entonces, habría que ver qué otras cuestiones se destacarán en el decreto, que sabremos cuando sea publicado el documento”, explicó.

Felip explicó que el decreto no está publicado y lo que se habla en el país es que será publicado en los próximos días y que a partir de su publicación será de aplicación inmediata.

Explicó que también se tiene que analizar con relación a la legislación del vecino país, ya que existen normativas de carácter constitucional y otras leyes, que difícilmente por un decreto se pueda modificar, por tanto, se deberá analizar si se puede reformar o enmendar. “Esto solamente viendo el contenido del decreto y sabiendo cuál es el alcance preciso de lo que figura en el decreto se podrá determinar”, acotó.

Siga informado con: El Ejecutivo no impedirá control para transparentar los municipios, dijo Peña

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, confirmó que se recibieron 400.000 dosis de vacunas anticoronavirus y este martes están siendo distribuidas a los vacunatorios del país para su inoculación a la población.

“Llegó al país el lote que faltaba, más de 400.000 dosis que ya fueron distribuidas a las demás regiones sanitarias para el abastecimiento de estas dosis. Hoy estamos haciendo ese proceso de entrega para que llegue a cada uno de los vacunatorios”, mencionó a La Nación/Nación Media.

Igualmente el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó hoy el sistema autovac en Hospital 12 de Junio, en Lambaré para facilitar la inmunización de los asegurados.

La vacunación se inició a las 6:00 y se extenderá hasta las 20:00, señaló la doctora Sandra Boggino, directora del citado hospital. Resaltó la buena receptividad de parte de los asegurados.

Te puede interesar: Decomisan aves traídas desde Europa sin documentación

El servicio incluye la aplicación de las dosis antigripales y contra el coronavirus, así como otros biológicos contemplados en el programa regular de vacunación.

“Hoy habilitamos el autovac, el año pasado ya lo hicimos y este año volvimos a hacer. Tuvimos muy buena afluencia de pacientes ya. Unos 80 pacientes vacunamos en cuatro horas. Tenemos vacunas contra la influenza, el covid y el esquema regular”, dijo a LN.

Aclaró que durante el feriado el vacunatorio no estará operativo considerando la disminución de la afluencia de pacientes al citado hospital.

Leé también: Areguá: en violento asalto roban su motocicleta a una mujer

El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

Le puede interesar: Honor Colorado respalda reivindicaciones de residentes médicos, dice Núñez

Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Siga informado con: Financiamiento político: urgen ley que asegure más equidad y participación

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

Leé también: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE

Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

Te puede interesar: Santiago Peña recibirá reconocimiento de comunidad judía en EE.UU.