Padres del niño baleado deben pedir una compensación económica, dice abogado
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Los familiares del niño baleado en Luque tras una persecución deben pedir una compensación económica por el hecho y el Estado debe responsabilizarse de las acciones de los agentes policiales, afirmó el abogado Jorge Vasconsellos al ser consultado por radio Ñandutí sobre el caso.
“La familia tiene el derecho de pedir una reparación económica y espero que plantee esa acción y que ningún procurador de la República el día de mañana salga a decir: el Estado se defiende; el Estado nos debe defender a nosotros, no se debe defender a sí mismo”, expresó.
Agregó que los efectivos policiales actuaron de manera criminal porque no están autorizados a disparar. Cuando la Policía se aparta de las normas que establece la ley está actuando como cualquier otro ciudadano, con el agravante de que lo hace con un uniforme y un arma que la sociedad le confía para la protección de esa misma sociedad, precisó.
En ese sentido, criticó duramente lo manifestado por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien atribuyó lo ocurrido a una falta de idoneidad y de experiencia del personal policial. “Quiere decir que se están dando armas a agentes policiales no idóneos y sin experiencia para ejercer la custodia de la integridad física y la custodia de los bienes de los ciudadanos”, señaló.
Explicó seguidamente que el Código Procesal Penal autoriza lo que se denominan inspecciones colectivas de personas y vehículos con carácter preventivo y su objetivo es la verificación de que las personas y los vehículos no estén transportando objetos relacionados a un hecho punible.
“Es decir, esas barreras, como conocemos normalmente nosotros, que tienen como propósito la verificación de la identidad de las personas, con el objetivo de establecer si cuentan o no cuentan con órdenes de captura, son absolutamente irregulares, ilegales y arbitrarias”, resaltó.
El exministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, dijo que se vuelve urgente retomar con Brasil la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú con la finalidad de evitar una futura crisis energética.
La suspensión temporal de la revisión se originó tras constatarse un operativo de espionaje ejecutado por la Agencia Brasilera de Inteligencia (Abin) a las autoridades paraguayas que integran el equipo negociador.
“Esto es una perplejidad, la excusa de un espionaje extranjero me pareció a mí muy escolar, infantil. Si lo existiere, no es ningún pecado estatal, pero sí es un pecado de nuestro servicio de contrainteligencia. De todas maneras, no sé qué pudo haberse espiado, ya que todo se sabe”, indicó Acevedo al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Acevedo dijo que “si esto hizo que se suspendieran las negociaciones, me parece que es altamente perjudicial para la República, ya que no se avanza sobre un tema sensible y, si no se encuentra una solución inteligente, vamos a tener una crisis energética insospechable de aquí a cinco años. También, se perjudica la República en el sentido de que la ciudadanía está en ayunas sobre un tema que forma parte de su principal activo, que es la energía que se emana desde Itaipú”.
El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Jair Bolsonaro en junio de 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, de acuerdo a las informaciones proveídas por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a través de un comunicado oficial difundido en marzo pasado.
El abogado constitucionalista Marcelo Duarte calificó de populista el proyecto que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de lucha contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La propuesta plantea modificar el Código Penal para elevar la pena máxima a 90 años de cárcel para delitos graves.
La iniciativa tuvo entrada el pasado 29 de julio y es impulsada por el diputado opositor Rubén Rubin. “El proyecto es contrario a los fines previstos para las penas en la Constitución Nacional. En Paraguay no se puede establecer la cadena perpetua o penas similares sin antes reformar la Constitución“, indicó a La Nación/Nación Media.
El exsenador acotó que la Carta Magna no se puede reformar por ley. “Este proyecto es inconstitucional debido a que equivale a una cadena perpetua, nadie mayor de edad puede cumplir una cadena de 90 años de cárcel”, indicó. Sustentó su posicionamiento en el artículo 20 de la Constitución, referente al objeto de las penas privativas de libertad, que establece que estas penas deben tener como objetivo la readaptación de los condenados, la protección de la sociedad y prohíbe la pena de confiscación de bienes y la de destierro. “En otros países se considerarían propuestas populistas, ya que buscan agradar a la mayoría de la opinión pública, que está harta de la delincuencia y la impunidad, pero sin tener en cuenta su viabilidad constitucional “, dijo Duarte.
La propuesta de Rubin establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal y refiere que, en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable
Reforma del transporte: “No hay congruencia en lo que dice la oposición”, afirma legislador
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El senador Natalicio Chase respaldó el proyecto de ley para la reforma del sistema de transporte público impulsado por el Poder Ejecutivo, al considerar que representa “el inicio de un proceso de transformación” que deberá desarrollarse a lo largo de varios años y administraciones.
“Me tomé el trabajo de leer en detalle el proyecto. Este es un proyecto marco y las críticas que se hacen están más dirigidas al sistema operativo futuro. No encuentro una congruencia en los cuestionamientos de la oposición”, manifestó el legislador, al tiempo de calificar como infundadas las objeciones presentadas por algunos sectores.
Frente a las críticas que tildan al proyecto como una propuesta continuista, el parlamentario fue enfático en señalar sus diferencias con el modelo actual. “Es absolutamente diferente a lo que existe. Se basa en tres ejes: la operación de las rutas, la provisión y mantenimiento de las unidades, y la infraestructura de soporte del sistema. Por eso me extraña que digan que es más de lo mismo”.
Subrayó que se trata de una iniciativa que sienta las bases para un cambio profundo y progresivo. “Este proyecto abre las puertas y establece las reglas generales para que esto se pueda llevar adelante. Después se discutirán punto por punto los criterios, pero la transformación no se da de manera inmediata, en ninguna parte del mundo fue así”, sostuvo.
El líder de la bancada de Honor Colorado también recordó que aún quedan varias etapas por delante antes de que la nueva ley pueda ser implementada en su totalidad. “Falta la reglamentación, la constitución del fideicomiso, la reforma del Viceministerio de Transporte, aún hay mucho por hacer para que la ley entre en vigor plenamente. No es un proceso instantáneo”, indicó.
Finalmente, expresó su esperanza de que las pequeñas transformaciones y correcciones que se necesitan en el sistema vigente puedan ir concretándose durante la aplicación de la nueva normativa, atendiendo a una se trata de deuda histórica con la ciudadanía.
En junio pasado, cuatro intendentes y un concejal de distintas ciudades paraguayas fueron a Israel a participar de un curso de capacitación. Mientras desarrollaban el taller, el mundo recibía la noticia del estallido de un conflicto entre ese país y Hamás. Repentinamente, ambas fuerzas empezaron un intenso intercambio de misiles.
Los representantes municipales tuvieron que recurrir a los varios refugios antibombas que existen para protegerse. A pesar de que el sistema de defensa antimisiles de Israel tiene un nivel de efectividad muy alto, algunos proyectiles golpearon el territorio. La tensión era grande.
Algunos intendentes hicieron videos desde estos bunkers contando la difícil experiencia que estaban pasando, buscando la empatía de la gente ante tamaña situación crítica. Lo que encontraron, en contrapartida, fue otro tipo “bombardeo”. Una lluvia de críticas en las redes por el estado de las calles en sus municipios les cayó del ciberespacio.
Probablemente no haya sido el mejor momento para criticar a los pobres representantes comunales bajo fuego, pero de forma casi inevitable la imagen de un bombardeo nos remonta a ciertas calles y rutas en varios municipios del Paraguay, en especial en el departamento Central. Baches que podrían ser tranquilamente sitios de impacto de misiles se pueden ver en los recorridos, con el nivel de riesgo que representan.
Avenidas como Artigas, Avelino Martínez y otras ya se han ganado su fama de ser zonas de guerra por el mal estado en que generalmente se encuentran.
Ciertamente, mantener en buen estado el sistema vial de un municipio o de un país no es una tarea menor. Pero, una pregunta me asalta: ¿por qué tantos baches en nuestras calles, avenidas y rutas?
Para no tocar de oído le trasladé la consulta a una amiga ingeniera que trabaja en una firma que desarrolla proyectos viales. Sin entrar en cuestiones muy técnicas, los puntos centrales son la vida útil del asfalto y los planes de mantenimiento del mismo.
Según su explicación, un asfaltado bien hecho en promedio tendría que tener una vida útil de unos 10 años. Las mezclas de los componentes son diseñadas con ese fin. El fin de la vida útil implica la renovación de la capa asfáltica. Pero la falencia más importante está en la planificación del mantenimiento.
El pavimento va teniendo daños de diversa índole con el tiempo. El efecto del agua es uno de los más conocidos. Estos daños generan baches. El trabajo de mantenimiento más común es el bacheo, que implica más que tirar un puñado de asfalto en el hueco y apisonar.
El bacheo es una solución de poca vida útil ya que por el área no muy grande que abarca la intervención, generalmente el asfalto no adquiere mucho agarre. Tiene que estar bien hecho para asegurar alguna durabilidad. Cuando la vía ya se encuentra como pantalón de niño travieso, lleno de remiendos, es momento de pensar en una intervención más profunda.
En los últimos años, la opción de utilizar de pavimento rígido en los proyectos viales se comenzó a considerar con mayor interés. Actualmente la industria cementera tiene capacidad para abastecer una demanda de este tipo. Esto ya fue reglamentado incluso por el Poder Ejecutivo a través de una ley. Entre las ventajas se menciona una mayor resistencia y menor mantenimiento.
Hoy, un tramo de la ruta Bioceánica, en el Chaco, está siendo pavimentado con pavimento rígido. Podría ser un buen parámetro para la efectividad de su utilización a mayor escala. Sin bien no soportará un flujo muy intenso de tráfico, sí estará sometido a condiciones climáticas más extremas y a vehículos de gran peso.
Asfalto o cemento, ambos tienen como principal requisito un trabajo de calidad que garantice su durabilidad, así como una planificación eficiente para su mantenimiento a diferentes plazos. Un buen pavimento no solo garantiza fluidez en el tránsito, también seguridad –cuántos accidentes fatales se debieron a baches–. Además, son la carta de presentación de un país. Paraguay se encuentra recibiendo últimamente grandes eventos internacionales, especialmente en el ámbito deportivo, que atraen a miles de visitantes del exterior. Lo ideal es que estas visitas se lleven la mejor impresión y no un chichón en la cabeza debido a un bache.