La sobrefacturación en la compra de agua tónica para Petropar bajo la administración de Patricia Samudio fue confirmada por la Fiscalía y se pudo corroborar con documentos. De acuerdo a la investigación, cada botella fue adquirida a G. 1.500 y se vendió a la estatal a G. 5.000 en el marco de la lucha contra el COVID-19.
A partir de hora se aguarda un informe para que se logre dar la imputación contra la ex titular de la institución petrolera. Con los documentos que tiene el Ministerio Público se pueden verificar que habrían empresas de maletín involucradas en el negociado.
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Teniendo en cuenta esta situación, La Nación consultó a sus lectores sobre el caso a través de la plataforma Votá. Planteó: ¿Qué medidas amerita esta situación?. El 90% respondió que merece “la imputación y la prisión preventiva de Patricia Samudio”, un 9% cree que “deberían investigar a todas las estatales” y el 2% “aplicar una sanción administrativa a los responsables”.
Esquema
Una de esas empresas involucradas sería Agroindustrial Fortaleza, esta firma fue la que compró las 3 mil unidades de agua tónica para luego venderlas a una tercera empresa y, a su vez, esta última las volvió a vender a la firma Solumedic, que fue la que finalmente proveyó a la estatal el producto en cuestión.
Con base en los citados elementos con que cuenta la Fiscalía, se procedería a la imputación de Samudio y varios funcionarios de alto rango que avalaron la compra de agua tónica para la institución del Estado.
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Dos hombres fueron imputados por omisión de auxilio, tras convulsión de una mujer en pasillo de edificio
Ciudad del Este. Agencia Regional.
A las 20:15 aproximadamente de ayer sábado, una mujer fue expulsada de un departamento y abandonada en el pasillo del edificio, donde convulsionó y fue auxiliada por los vecinos para luego ser trasladada por bomberos voluntarios al Pabellón de Emergencia del Hospital Regional. Es lo que reportó la Comisaría 1ª.
Fue víctima una mujer de 35 años, domiciliada en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, quien fue dada de alta hoy domingo. El hecho ocurrió en el departamento 1610, piso 16 del edificio España, ubicado sobre la calle Curupayty del centro comercial de Ciudad del Este.
Dos hombres, padre e hijo, moradores del departamento de donde fue expulsada la mujer, fueron aprehendidos anoche y hoy imputados por omisión de auxilio, según dijo a La Nación/Nación Media, el fiscal Luis Trinidad. Los procesados son Ricardo Angelo Da silva (57) y su hijo Ricardo Víctor Eduardo Angelo (25), ambos de nacionalidad brasileña, domiciliados en el referido edificio.
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El fiscal indicó que con intervención de la jueza Teresita Cazal, pudo allanar el departamento para luego ordenar la detención de los dos nombrados, además de incautar los siguientes objetos: tres notebooks, de las marcas Acer, Sony y Apple, además de tres aparatos celulares de alto estándar y un arma blanca (cuchillo tipo asadero).
Trinidad explicó que el personal policial encontró a la mujer en los pasillos, rodeada de personas y convulsionando, por cuya causa fue derivada en forma urgente el hospital. Mencionó que, el pedido de auxilio fue por supuesta violencia familiar, pero los indicios indican, por ahora, omisión de auxilio por parte de las personas que la expulsaron y la dejaron en el pasillo.
Luis Trinidad dijo que pudo acceder al circuito cerrado y en las imágenes se observa que fue expulsada dos veces del departamento y quedó en el piso del pasillo. Agregó que la mujer todavía no declaró y una vez que la escuche sabrá si se configura algún otro hecho punible que pudiera haber pasado en el interior del departamento. Asimismo, espera el resultado de la inspección médica.
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Bajo apercibimiento de ley citan a Miguel Prieto y otros acusados por lesión de confianza
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”
En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.
La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.
Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.
En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.
Otros casos
Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.
Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.
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“El hombre de las mil voces” y sus cómplices lograron una estafa millonaria desde Tacumbú
Desde el Ministerio de Justicia informaron que durante la mañana de este miércoles se realizó el allanamiento de varias celdas del pabellón D del penal de Tacumbú, en el marco de una investigación de estafa telefónica de la cual habría sido víctima un alto directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).
Según manifestó el fiscal Jorge Escobar, el hecho se perpetró mediante una llamada telefónica recibida por el gerente general y apoderado de la APF, Hugo Kuroki, supuestamente de parte del Monseñor Ricardo Valenzuela, quien le solicitaba una donación para reparaciones de la Basílica de Caacupé, donación que se hizo efectiva días después.
“Se suelen hacer donaciones de la APF y luego se contrasta con la factura. En este caso se hizo la transferencia de 50 millones y luego constataron que fue un engaño”, comentó el fiscal en contacto con la 730 AM.
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Tras el rastreo de la cuenta a la que fue acreditado el dinero, se pudo constatar que estaría ligada a dos mujeres, quienes a su vez tendrían vínculos con personas que se encuentran recluidas en la penitenciaría de Tacumbú, por lo que se procedió al allanamiento, donde además de la identificación de los reclusos, se procedió a la incautación de varias evidencias.
Los reos quienes serían los responsables de esta millonaria estafa son Cristian Antonio Brítez, alias “El hombre de las mil voces”, Francisco Espínola, Cristian Brítez y Juan Salvador Echeverría, quienes cumplen condenas por narcotráfico, estafas y otros delitos. Ahora el fiscal de la causa confirmó la imputación de estas personas por asociación criminal y estafa.
Hasta el momento, las autoridades corroboraron que de la cuenta que recibió los 50.000.000 de guaraníes se realizaron otras tres transferencias a diferentes cuentas, de las cuales se fueron efectivizando una importante cantidad de dinero utilizada para la compra de celulares y prendas de vestir.
Desde el Ministerio Público continúan las investigaciones en torno al caso, para así conocer el alcance de las acciones de todos los involucrados, ya que no se puede descartar que los mismos se encuentren detrás de otras estafas de este tipo.
El Ministerio de Justicia, a través de su comunicado, remarcó que continuarán trabajando en la colaboración institucional para brindar apoyo a las autoridades competentes para el esclarecimiento total del caso.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.