Esta tarde, las fiscales Irma Llano y Silvana Otazú encabezaron un procedimiento en la empresa Imedic (Insumos Médicos), en la ciudad de Fernando de la Mora. Dicho allanamiento fue con relación a la clonación de chips de las líneas telefónicas de los periodistas Jorge Torres y Clari Arias, además del diputado Carlos Rejala.
La Fiscalía incautó las grabaciones de circuito cerrado, a fin de corroborar las imágenes y determinar si tienen o no relación con un tweet publicado desde la cuenta supuestamente falsa del empresario Justo Ferreira, en el que afirmaba que el principal sospechoso de la clonación estuvo por la firma antes de presentarse a la Fiscalía. Posteriormente se realizará una pericia con respecto al acceso indebido a los teléfonos de los comunicadores y del legislador.
“Ayer se publicó un supuesto tweet aparentemente falso de Justo Ferreira, que refería que Fabián Martí estuvo en las instalaciones de la empresa antes de presentarse ante el Ministerio Público. En consecuencia consideramos pertinente acceder a esta filmación para corroborar esta información”, expresó la fiscal Llano, en contacto con La Nación.
Señaló que además de las filmaciones incautadas, también tomaron la declaración al abogado de la empresa, que les aseguró ser la persona a la que se observa en el video divulgado en Twitter desde la supuesta cuenta de Ferreira.
Lea más: Justo Ferreira presenta denuncia en la Fiscalía
“Aparentemente es otra persona porque se constituyó también en pleno allanamiento el señor José Fernández, abogado de la empresa que tiene similitud con las imágenes de los videos que se publicaron y que ya prestó declaración fiscal estando en pleno procedimiento”, afirmó Llano.
En tanto, recordó que Fabián Martí es el supuesto autor intelectual del intento de robo de información a las víctimas. Este guarda reclusión en la penitenciaría de Tacumbú y está imputado por acceso indebido a datos, uso indebido a través de redes y asociación criminal.
Llano considera elemental hacer la pericia con respecto al material digital, con la supuesta clonación. Aseguró que el procedimiento no tiene vinculación con la supuesta compra de insumos médicos como se publicó anteriormente en distintos medios, sino en prosecución de la investigación con la causa.
“Solo nos constituimos con una orden judicial que nos habilita a incautar el circuito cerrado. Hicimos el resguardo del tweet de la cuenta falsa del señor Justo Ferreira. Esté o no eliminada la cuenta la información está resguardada”, aseguró.
Sobre una posible relación de Martí con la empresa, señalan que investigan un posible relacionamiento. “No podemos asentir ni confirmar nada”, agregó. “Sobre la provisión irregular de insumos médicos al Ministerio de Salud le corresponde al fiscal Marcelo Pecci”, afirmó.
Esta mañana, el empresario Justo Ferreira presentó una denuncia ante el Ministerio Público, tras la difusión de datos referentes a las compras de Salud y hasta imágenes del interior de una de las empresas de su familia, a través de una cuenta de la red social Twitter.
La empresa Imedic fue una de las dos encargadas de traer insumos médicos desde China para el Ministerio de Salud y está involucrada en la supuesta compra irregular de camas hospitalarias, mascarillas, trajes de protección individual, entre otras productos que iban a ser destinados a personal médico para enfrentar el COVID-19.
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44 periodistas fueron asesinados por informar sobre el medioambiente
- Por Ricardo Rivas
- Periodista-X: @RtrivasRivas
- Fotos: Gentileza
Cuarenta y cuatro periodistas que investigaban e informaban sobre cuestiones medioambientales fueron asesinados en los últimos quince años. Treinta y nueve de esas tragedias continúan impunes. Otros veinticuatro colegas sobrevivieron de otros tantos ataques cuando intentaron matarlos, reporta el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Estremece saber del horror en detalle. Incluso desalienta. Al menos uno de los colegas que no sobrevivieron, Dom Phillips –prestigioso freelance que se desempeñaba para The Guardian– fue silenciado en la Amazonía. En Latinoamérica. En esa tierra de desigualdades extremas que cientos de ignorantes o mal intencionados se empeñan en afirmar que se trata de un “territorio de paz”.
Claramente, el “grileiro” ya no solo arrebata tierras ilegalmente para incrementar su patrimonio, sino que ahora va por la vida de hombres o mujeres que reportan de sus delitos para despojarlos de ella. Acecha, hostiga, hostiliza a periodistas, comunicadores y activistas que defienden el planeta.
La disputa es desigual en esa misión de dar voz a los que no pueden hacerse oír frente a los sicarios de las organizaciones delictivas transnacionales de alta complejidad que quieren imponer la dureza extrema y criminal para construir zonas silenciadas como las categorizaran con precisión académicos especializados en libertad de expresión como lo son Catalina Botero o Edison Lanza.
“Al menos 749 periodistas, grupos de periodistas y medios de comunicación dedicados al reporteo de cuestiones medioambientales han sido agredidos en 89 países desde 2009″, denuncia un informe de aquella agencia multilateral de las Naciones Unidas. Precisa luego que aquellos “periodistas y medios cubrían una amplia gama de historias, (que van) desde las causas del cambio climático, la minería ilegal, la deforestación y los combustibles fósiles, hasta cuestiones afectando específicamente las comunidades a las que pertenecen, como la agroindustria, la apropiación de tierras, los megaproyectos de infraestructuras y las secuelas de fenómenos meteorológicos extremos”.
Advierte también que “en los últimos cinco años se han producido más de 300 agresiones, lo que supone un aumento del 42 % con respecto al quinquenio anterior. Este aumento se atribuye a un incremento de las agresiones físicas, como asaltos, detenciones y acoso, y de las acciones legales, incluidas las demandas por difamación y los procesos penales”.
AGENTES ESTATALES
Detalla luego que “los agentes estatales, tales como la policía, las fuerzas militares, los funcionarios y los empleados de gobierno, han cometido al menos la mitad de las 749 agresiones” y que “los agentes privados (¿mercenarios?), como empresas de la industria extractiva, grupos delictivos, manifestantes y comunidades locales, son responsables de al menos una cuarta parte” de las agresiones consignadas.
La abrumadora información –a la que tuvo acceso este periodista cuando promediaba la semana con el compromiso de no hacerla pública hasta hoy después que se distribuyera en el transcurso de la Conferencia Global Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Santiago de Chile, bajo el lema “Prensa para el planeta”– es el resultado de una encuesta que desarrolló la Unesco y la Federación Internacional de Periodistas sobre una muestra de 946 colegas desplegados en 129 países.
“Los peligros son muchos y todos son graves”, reflexiona la colega Verónica Goyzueta (ver aparte), activa trabajadora de Sumaúma, plataforma informativa que hace foco sobre la selva amazónica brasileña.
“El desarrollo sostenible está en riesgo. La triple crisis planetaria –cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación–, sus conexiones con la salud pública, la necesidad de fortalecer la democracia y combatir la desinformación y la información errónea, entre otros temas, se han convertido en desafíos cruciales para la humanidad”, sostuvo Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, quien, además, enfatizó que “el ecosistema de información tiene un papel fundamental para responder a esta crisis” y destacó especialmente la relevancia del “acceso a información confiable” sobre estos temas.
Resaltó también “la importancia de fortalecer el periodismo ambiental y científico independiente” porque “son actores cruciales para ayudar a nuestras sociedades a separar los hechos de las mentiras y la manipulación con el fin de tomar decisiones informadas, incluidas aquellas relacionadas con las políticas ambientales”.
CRÍMENES AMBIENTALES
Notable defensora de los derechos humanos y, en especial, de las libertades de expresión, de prensa y el derecho de opinión, Azoulay puntualiza que “los periodistas de investigación también están revelando crímenes ambientales, exponiendo corrupción e intereses poderosos y, en ocasiones, sufriendo consecuencias fatales por hacer su trabajo”.
En ese contexto, sentencia: “La conciencia sobre todos los aspectos que componen la triple crisis planetaria y sus consecuencias es esencial para construir sociedades democráticas”. Es necesario concienciar y es el periodismo también el que produce sentido. Apunta después que en esa misión las y los trabajadores de medios “enfrentan grandes retos al buscar y difundir información sobre diversos desafíos contemporáneos, como los problemas en las cadenas de suministros, las industrias extractivas, la minería ilegal, la contaminación, la caza furtiva, el tráfico de animales, la deforestación o el cambio climático”.
Desde esa perspectiva, Audrey Azoulay sostiene la necesidad de informar para “asegurar la visibilidad” de las necesidades y peligros que acechan al planeta porque esa información “es crucial para promover la paz y los valores democráticos en el mundo”.
“LOS PELIGROS SON MUCHOS Y TODOS SON GRAVES”
La periodista peruana especializada en medioambiente Verónica Goyzueta, quien vivió y trabajó en Brasil por más de dos décadas, habla de los principales peligros que debe enfrentar el periodismo durante la cobertura de temas relativos al cambio climático y medioambiente en América Latina.
–¿Cuáles son los peligros que acechan al periodismo cuando cubre temas relacionados al cambio climático y medioambiente en Latam, especialmente?
–Los peligros son muchos y todos son graves. Por un lado, existe una prensa que tiene dificultad para cubrir temas ambientales en áreas que a veces son muy difíciles para acceder con costos de cobertura muy altos. Es un problema para la prensa en general. Tanto para los medios tradicionales como para los medios independientes que han surgido (en los últimos años) y que tienen más interés en estos temas, pero enfrentan muchas dificultades para asumir esos costos.
–¿Cuáles son algunas de estas dificultades?
–Está la situación de los periodistas que no siempre son contratados porque muchas veces trabajan como freelancers y (por esa precarización laboral) corren más riesgos cuando a veces van por su cuenta a esas coberturas para poder ofrecerle un reportaje a los medios. Los periodistas están en una situación muy frágil. Recordemos el caso del corresponsal Dom Phillips y del antropólogo indigenista Bruno Pereira que fueron asesinados en la Amazonía brasileña en junio de 2022. Don –un periodista con mucha experiencia– viajaba por su cuenta y con cuidados especiales de seguridad. Bruno conocía muy bien la región. Pero la tragedia pasó. Este fue un caso especial –con mucha repercusión, con mucho destaque– por la presencia de Don, corresponsal internacional que trabajaba freelance para The Guardian.
SEGURIDAD Y CALIDAD
–¿Esto generó algún cambio?
–Lo que pasó hizo que los medios que cubren la Amazonía se preocupasen mucho más por la seguridad de sus reporteros, pero todavía no veo un cambio, especialmente en el caso de los corresponsales. Hace falta más. El colega Jonathan Watts, un periodista muy importante, creó y lideró el proyecto Rainforest Journalist, que duró cuatro años y ha servido como ejemplo para varias otras iniciativas incluso dentro del Pulitzer Center. Esas iniciativas motivaron a medios y freelancers a presentar proyectos para que puedan viajar seguros y hacer coberturas de mayor calidad. Estas acciones aumentaron la presencia de periodistas en la Amazonía, pero todavía falta mucho. Es un gran desafío.
–¿Cuáles son las respuestas que los gobiernos dan a estas amenazas más allá del “declaracionismo”?
–En Brasil, donde está una de las mayores porciones de la Amazonía, en los últimos años fue bastante grave después que asumió Jair Bolsonaro, que fue un presidente contra esa región, contra la selva, contra el medioambiente. Todo se puso más peligroso. El asesinato de Don Phillips se produce en ese momento, cuando las organizaciones ambientales públicas no tienen fondos. Básicamente en Brasil hay algunas organizaciones públicas que son muy importantes, como el IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) o la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) y otras organizaciones que ayudan bastante a proteger el territorio. Pero en el tiempo de Jair Bolsonaro no hubo ningún tipo de inversión y, por el contrario, estas organizaciones y sus funcionarios fueron prácticamente perseguidos. Ese fue el caso de Bruno Pereira (asesinado junto con Phillips), que era uno de los indigenistas más importantes de Brasil y, en el momento de su muerte, estaba exonerado de su cargo y buscaba trabajo para sobrevivir, para pagar sus cuentas. Ese era el escenario. “Deixa pasar a boiada” (deja pasar el ganado), decía uno de los ministros de Bolsonaro, con lo que buscaba no dar ningún tipo de protección a la Amazonía y, en general, a ningún otro territorio. Por ello avanzaron los crímenes ambientales, el robo de tierras públicas y el narcotráfico, que creció muchísimo. Tal vez aquel fue el más grave que hemos pasado.
ESCASEZ DE RECURSOS
–¿Ha influido en algo el cambio de gobierno?
–Cuando tenemos gobiernos más favorables a la selva o más progresistas, las cosas mejoran un poco, pero no lo suficiente. La situación del pueblo yanomami es un escándalo. La invasión de garimpeiros, los mineros ilegales, está contaminando los ríos. (El presidente) Lula trata de cambiar la situación, pero los recursos que se invierten en eso son muy pocos. De hecho, se ha mejorado mucho. Pero en comparación con lo que teníamos, que estábamos en cero, falta mucha más inversión. Hay grupos económicos que pesan siempre mucho más que los intereses de los pueblos indígenas o de los ambientalistas o de los activistas o de los periodistas. El poder económico que tiene la minería acaba pasando por encima de cualquier política pública y los resultados son muy bajos. Brasil tiene una ministra, una mujer de pueblos indígenas en la FUNAI. Mucho simbolismo, pero poco resultado. El discurso de Lula queda muy bien internacionalmente, pero los resultados no son como debieran ser frente a la urgencia que estamos teniendo.
–De aquí hacia mañana, ¿qué hacer y cómo hacerlo?
–No veo que en Brasil haya chance de que pueda haber un gobierno más progresista que el de Lula. Es difícil. Creo que solo veremos un cambio cuando haya realmente un compromiso de la iniciativa privada porque es la que más interfiere en las decisiones del Ejecutivo. La iniciativa privada tiene un lobby muy fuerte en el Congreso. Hace mucha presión sobre la política y sobre los Gobiernos. Hay todo un discurso de sustentabilidad, de mucho greenwashing, mucho marketing. Hay empresas serias. Pero las que presionan, cuando no lo hacen a la vista, lo hacen por debajo. Sabemos, por ejemplo, que el camino del oro ilegal termina saliendo (de Brasil) a través de los principales bancos de Sao Paulo, se limpia en algún sitio y de ahí sale legalmente. Y (sale a través de) conexiones que no son solo en Brasil, sino internacionales. Por eso es que tiene que haber voluntad no solo de la iniciativa privada brasileña, sino internacional. ¿En Davos?
–¿Cuál sería la solución en este contexto?
–Hay que salir del discurso. Una cosa es lo que se dice y otra lo que sucede con los gobiernos. Creo que hay organizaciones que realmente están interesadas en cambiar las cosas, pero no están haciendo lo suficiente. Hay que crear conciencia. Y el periodismo ahí tiene un papel también, que es importantísimo. Tenemos que contar la historia para que la gente entienda lo que realmente está pasando y los riesgos que se vienen, que no son pequeños.
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Fiscalía pidió informes a EE. UU. sobre lavado de dinero en Atlas
El Ministerio Público paraguayo solicitó informes a los Estados Unidos en el caso del lavado de dinero del exdirigente deportivo Nicolás Leoz. En nuestro país se investiga el esquema utilizado para blindar dinero sucio en el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
Según publica el diario digital El Observador y recogido por el portal Hoy.com.py., los fiscales que investigan el lavado dinero que involucra a Nicolás Leoz y la Conmebol solicitaron en marzo pasado una asistencia jurídica a las autoridades de los Estados Unidos.
Los fiscales Alma Zayas, Verónica Valdez, Jorge Arce y Francisco Cabrera solicitaron a los Estados Unidos que remita los antecedentes de las transferencias realizadas desde las cuentas de la Conmebol a entidades financieras del Paraguay, a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez y/o sujetos vinculados.
Además de enviar los informes, correos, conversaciones y memorándum que detallen envíos de dinero o transferencias desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas o a nombre de Nicolás Leoz Almirón y/o María Clemencia Pérez de Leoz y/o Josué Nicolás Leoz Pérez, que se correspondan al periodo de tiempo entre los años 2010 a 2015 aproximadamente.
Los fiscales solicitan que EE. UU. remita cualquier otra información existente a su investigación que se encuentre vinculado a transferencias o envíos de dinero desde las cuentas de la Conmebol a personas físicas y jurídicas residentes en el Paraguay sobre la cual no existe justificativo.
La semana pasada, la Conmebol presentó un urgimiento a los investigadores para que se expidan con relación al caso, luego de haber pasado seis años de la denuncia presentada por las operaciones sospechosas entre Leoz y el banco Atlas.
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LN PM: edición mediodía del 1 de mayo
Aumento en recaudaciones ayudará a alcanzar planes de convergencia fiscal, afirma ministro
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó que el aumento en la recaudación a través de la fusión de Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en USD 457 millones es un resultado esperado, pero mucho más rápido que lo proyectado inicialmente.
El hecho otorga tranquilidad para alcanzar a fin de año los planes de convergencia fiscal previstos. “Esta parte de los impuestos es fundamental para hacer frente a los gastos o los planes de Gobierno. Lógicamente, el hecho de estar recaudando esta suma, que es bastante importante, da un poco más de tranquilidad”, comentó.
Trabajo de calidad es una “deuda urgente” en América Latina, según informe del BID
Cuando este 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, un contundente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que a pesar de que en América Latina y el Caribe hay empleo, “es urgente aumentar su calidad”, más aun teniendo en cuenta que la última edición del Índice de Mejores Trabajos de la organización internacional coloca a la calidad del empleo en la región en 41,2 en una escala del 1 al 100.
La misma fuente agrega que el estudio realizado incluye recomendaciones de políticas para mejorar la calidad del empleo cultivando y fortaleciendo las habilidades de la fuerza laboral, entre otras. Por si fuera poco, el documento también evidencia un hecho de injusticia: las mujeres de América Latina tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos.
Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ, habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó Martínez y reiteró que el trabajo de las tres instituciones está vinculado.
Detuvieron a joven tras 8 asaltos a Biggie
El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, logró la detención de Miguel Ángel Cáceres López, quien contaba con una orden de captura pendiente por robo agravado a locales comerciales de Biggie de Asunción. Pese a que intentó huir, los efectivos lograron capturarlo y fue puesto a disposición de la Fiscalía.
La detención se produjo alrededor de las 16:30 de este martes 30 cuando agentes de la Policía Nacional, luego de una tarea de investigación, se trasladaron hasta la calle India, en el barrio tablada de la ciudad de Asunción donde lograron ubicar al hombre. Los efectivos policiales además incautaron una motocicleta. Con apenas 19 años, Cáceres López cuenta con ocho antecedentes por robo agravado, todos ellos a locales comerciales de Biggie ubicados en Asunción.
Traslado aéreo desde el Chaco salvó la vida a una paciente
Una mujer que se encontraba en estado grave de salud en Fuerte Olimpo fue trasladada hasta Itauguá en una avioneta. El tiempo ahorrado permitió salvarle la vida. La demora en la atención suele ser uno de los factores que impide que pobladores distantes de la capital o de Central puedan recibir atención adecuada. Casos similares se escucharon una infinidad de veces. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta, como debiera darse siempre.
Ocurrió en Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay, donde una paciente con diagnóstico convulsivo fue trasladada en una avioneta hasta el Hospital Nacional de Itauguá. La disposición de la aeronave es parte de un convenio entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya. Todo bajo las directrices del Seme (Sistema de Emergencias Extrahospitalarias).
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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