A dos meses del inicio de la cuarentena por la pandemia, parece que las ollas populares van perdiendo fuerza a causa de que muchas comunidades van recibiendo menos ayuda de parte de la gente solidaria, aunque el número de familias necesitadas se mantiene intacto.
Por lo menos ese es el caso del asentamiento Santa Librada 2 (Villa Jardín) de Limpio. “Apelamos a la solidaridad de las personas para continuar con nuestra olla popular que tuvimos que suspender por la falta de insumos. Acá se daba de comer a 315 familias y hoy no podemos seguir. Es una verdadera pena”, indicó Mirella López, coordinadora del grupo de vecinos que se dedica a la elaboración de los alimentos.
Se trata de un barrio muy olvidado, conformado por recicladores, albañiles y gente muy humilde, que no recibe asistencia de la municipalidad local ni de parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), aseguró.
Dijo que requieren de todo tipo de víveres, además de tapabocas, alcohol en gel y productos de limpieza, entre otros. Interesados pueden llamar al (0991) 597-412.
En similares situaciones sobreviven pobladores del asentamiento Vecinos Unidos (Aldana Cañada) de Itauguá, que en estos momentos necesitan urgentemente carnes, verduras y harinas, preferentemente, para complementar los platos de alimentos que se sirven a 250 familias de la zona.
Marta González, una de las tres cocineras, comentó que las colaboraciones actualmente se reducen a arroz, fideos y azúcar, entre otros, por lo que esperan que la gente solidaria acerque los otros tipos de artículos que son muy necesarios en esa comunidad. Para colaboraciones, llamar al (0991) 601-677.
En San Pedro del Ycuamandyyú, otro grupo de vecinos busca ayuda de la ciudadanía para poder alimentar a un grupo grande de familias que precisan del pan diario. Allí necesitan fideos, aceite, pollo, verduras, alcohol en gel y tapabocas, principalmente. Se puede llamar al (0982) 729-271 y (0981) 966-171.
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Peña destaca obras viales que ponen fin al aislamiento de comunidades productivas de Caaguazú
El presidente de la República, Santiago Peña, verificó el avance de las obras de conexión vial en Juan Eulogio Estigarribia, Caaguazú, una intervención que permitirá canalizar el tránsito de camiones de gran porte, mejorar la circulación urbana y facilitar la salida de la producción hacia la ruta PY02.
Desde la Presidencia de la República informaron que las mejoras fueron incorporadas a las obras de la Ruta de la Banana, corredor Casilla 2–Tembiaporã, y abarcan 11,48 kilómetros: 9,70 km sobre la calle 12 de Junio y otros 1,78 km sobre Eleno Benítez. Explicaron que los trabajos incluyen la adecuación de sectores deteriorados, regularización con concreto asfáltico y la posterior colocación de la capa final de rodadura.
Durante el recorrido, el presidente Peña recordó que hace cerca de una década conoció personalmente las dificultades que enfrentaban los pobladores de Tembiaporã, cuando el cruce en balsa era una de las alternativas para acceder a la comunidad. Señaló que terminar con ese aislamiento quedó desde entonces entre las necesidades pendientes del departamento.
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“La gente de Tembiaporã quería salir del aislamiento”, recordó el mandatario. Explicó que, con la decisión de avanzar en la Ruta de la Banana, surgió también la necesidad de preparar la infraestructura de J. Eulogio Estigarribia para el mayor movimiento de la producción. “Sabíamos que no podíamos permitir que los camiones abarrotaran el centro de la ciudad y que necesitábamos una vía de acceso”, afirmó.
Conexión productiva
La Ruta de la Banana contempla la pavimentación de 41,62 kilómetros entre Casilla 2 y Tembiaporã y permitirá garantizar una conexión permanente para más de 50.000 pobladores, especialmente de comunidades que durante años enfrentaron dificultades de circulación en periodos de lluvia.
El corredor tendrá además un impacto directo sobre una de las principales zonas productivas de Caaguazú, facilitando el transporte de la producción bananera, un rubro que genera alrededor de USD 40 millones anuales en exportaciones.
Ruta estratégica
Por su parte, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, destacó que las intervenciones verificadas permitirán conectar las zonas de producción con los principales corredores viales. “Estamos conectando, sacando los productos del campo y llegando hasta la vía principal, que es la ruta PY02”, señaló.
Con el avance de estas obras, J. Eulogio Estigarribia contará con una ruta estratégica para desviar el tránsito pesado del casco urbano, mejorar la seguridad vial y agilizar el traslado de la producción, dando respuesta a una demanda de conectividad sostenida durante años por las comunidades de esta zona de Caaguazú.
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Juicio a Prieto: la defensa se opone a la inclusión testifical del titular de la DNCP
La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.
El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.
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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.
Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.
Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.
La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.
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Tía Chela: Miguel Prieto a juicio oral por corrupción con kits de alimentos que ocasionó millonario perjuicio a la comuna de CDE
Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.
Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.
La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.
En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.
Esquema delictivo
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
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Otros casos de Prieto
Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.
Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.
En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Presentan proyecto para sumar nueve km al Corredor Suroeste
El diputado liberal, Arnaldo Valdez, representante del departamento de Misiones, presentó un proyecto de declaración por el cual insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a incluir el tramo Yabebyry-Panchito López, del departamento de Misiones, en el proyecto de construcción del Corredor de Integración Suroeste.
Con la iniciativa busca atender una necesidad concreta de conectividad que afecta a los pobladores del distrito de Yabebyry y, particularmente, a la comunidad de Panchito López, donde las dificultades de transitabilidad constituyen una problemática recurrente y limitan las posibilidades de desarrollo de la población.
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De hecho, días atrás el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ya había anunciado que desde el Gobierno están evaluando la ampliación del proyecto del Corredor Suroeste, en dicho tramo, dependiendo del presupuesto cuya financiación será mediante el préstamo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) por un monto de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (286 millones de dólares).
Al respecto, el legislador liberal argumentó que el Corredor de Integración Suroeste es una infraestructura estratégica para fortalecer la conexión vial entre los departamentos de Misiones y Ñeembucú. Indicó que favorecerá la movilidad de personas y productos, la reducción de los costos de transporte y el acceso de las comunidades a servicios esenciales, además de generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y turísticas.
Incorporación de 9 km
En este contexto, señaló que la incorporación del tramo que une Yabebyry con Panchito López permitiría extender los beneficios de esta infraestructura a una comunidad que históricamente enfrentó dificultades para contar con una conexión vial adecuada.
“La incorporación de aproximadamente 9 kilómetros al corredor constituye una medida orientada a completar la conectividad de la zona y brindar una respuesta de carácter permanente a una necesidad largamente planteada por los pobladores”, señala un segmento de las fundamentaciones.
Indica que una infraestructura vial adecuada no solo mejora la transitabilidad, sino que también genera condiciones favorables para el crecimiento económico, la producción, el comercio, el turismo y el acceso oportuno a servicios públicos.
La propuesta declarativa plantea que el MOPC realice los estudios técnicos, administrativos y presupuestarios correspondientes para determinar la viabilidad de la incorporación del tramo, así como las acciones necesarias para establecer una solución vial permanente. La iniciativa será analizada en la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, para posteriormente ser considerada en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados.
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