El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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Un incidente registrado en la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada obligó a las autoridades del Ministerio de Justicia a disponer medidas de aislamiento en la población penal. En total, nueve reos fueron apartados y trasladados a otras celdas de mayor seguridad tras romper la puerta del depósito de alimentos del centro penitenciario.

“Las personas en el módulo 8, de régimen especial, empezaron a generar disturbios. Estos consistieron en mover la puerta, específicamente una portezuela de suministros por donde reciben la comida”, relató el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, a la 1080 AM.

Dijo que con la fuerza los reclusos lograron romper la puerta del depósito y utilizaron la madera como un arma contundente para atacar a los agentes penitenciarios.

“El protocolo indica un abordaje de mediación para que cesen de hacerlo; en caso de que eso se agote, se procede al uso de la fuerza. Y en ese sentido, a efectos de precautelar la situación de quienes trabajan allí, así como la de los internos, se solicitó el apoyo de la Policía, que estuvo presente en el pasillo”, detalló.

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Aclaró que los policías no ingresaron al interior del pabellón sino solo los funcionarios penitenciarios, quienes procedieron a aislar a los internos involucrados. “Ellos opusieron resistencia, fueron 9 los internos que generaron esos disturbios. Tuvieron algunas escoriaciones, dos sí tuvieron pequeños cortes y la situación ya está controlada”, afirmó.

El viceministro comentó que también se dispusieron medidas administrativas en el penal; se revisará para detectar el punto de falla de la puerta del depósito que fue violentada.

“Es una chapa pesada; efectivamente, es una portezuela de metal pesada, y se va a verificar eso y se harán las mejoras que correspondan. Ese módulo tiene 80 plazas y solamente están ocupadas las celdas que están en planta baja. Esos nueve fueron reubicados de manera más distanciada en las celdas que se hallan en el segundo piso”, confirmó.

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Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.

Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.

“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.

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Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.

Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.

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Por Karina Ríos (karina.rios@nacionmedia.com)

Pasaron cinco años del día que conmocionó al Paraguay, cuando las autoridades confirmaron la desaparición de Yuyu o la niña de Emboscada, en el departamento de Cordillera.

Hasta la fecha, la Policía Nacional y el Ministerio Público siguen con la investigación, pero sin rastros de lo que ocurrió con la niña, que desafortunadamente sigue con paradero desconocido. La ciudadanía hasta la fecha se pregunta ¿dónde está Yuyu?

El 15 de abril del 2020 se confirmaba la desaparición de la niña de siete años en la localidad Isla Alta de la ciudad de Emboscada. La pequeña logró que la ciudadanía le tome cariño y exija que aparezca rápidamente. Sin embargo, su madre Lilian Zapata y su padrastro Reiner Oberuber tomaron distancia y se llamaron a silencio desde el primer día.

Según datos recabados durante la investigación, la niña de Emboscada fue vista por última vez jugando con los animales en la propiedad donde vivía bajo el resguardo de su madre y padrastro. Desde aquel momento no se supo nada de ella. Pese a las intensas búsquedas realizadas por las autoridades, Yuyu pasó a ser víctima de un hecho punible aún no resuelto.

Una vez que la Policía y Fiscalía tomó intervención en el caso comenzaron a realizar un rastrillaje en la zona y pudieron deducir que la menor no salió de la propiedad. También se utilizaron drones, perros buscadores, pero todo fue sin resultado positivo. Yuyu no aparecía y la posibilidad de dar con ella iba disminuyendo con el paso de las horas.

Las primeras evidencias encontradas fueron pedazos de tela, luego hallaron manchas de sangre. Esta última pista hizo que aumentarán las sospechas de que algo malo le pasó a la niña, sin embargo, hasta el momento no se pudo probar nada.

La persona que la tenía en custodia y que debía protegerla, su madre Lilian, se llamó a silencio y se negó a pruebas de ADN tras encontrarse rastros de sangre en la zona. Los investigadores le solicitaron una muestra y su negativa llamó la atención, no solamente de las autoridades, sino de toda la ciudadanía.

“Las investigaciones por parte de la Policía fueron cubiertas ampliamente, en lo que respecta a las labores periciales, criminológicas y a las búsquedas. Una de las “pruebas madre” que solicitamos en su momento no fue realizada, el análisis genético de las muestras que se levantaron del lugar de la desaparición”, afirmó el subcomisario David Delgado, del departamento de Homicidios, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Resaltó que ese pedido fue a la señora Zapata, quien debía ceder el material biológico, pero que no lo hizo y truncó parte de la investigación. “Si se realizaba el análisis genético la historia iba a ser diferente, pero ya escapa a nuestra funciones esa situación”, expresó.

Pasaron cinco años y las investigaciones siguen, pese a que los años han hecho que este caso sea más difícil de dilucidar. Hasta la fecha continuan las interrogantes y las autoridades aún reciben ciertas informaciones sobre el caso, pero estas no sugieren indicios de lo que pudo haber ocurrido con la niña de Emboscada.

“Fueron tareas investigativas de meses en horarios continuos. Lo último fue la denuncia realizada por la madre sobre un video que fue viralizado, se realizó el análisis del mismo y carece de elementos técnicos para lograr una trazabilidad e identificación científica. Hasta ahora hay informaciones nuevas y si tienen sustentos o coherencias se verifican”, detalló Delgado.

Indicó que desde el departamento de Homicidios se tomó intervención en el caso una semana después de la desaparición y precisó que se hicieron sugerencias investigativas, como reconstrucción del hecho, entrevistas, análisis del lugar, levantamientos de evidencias, pero sin resultado.

• Lilian Zapata cumple su sentencia de seis años de prisión por abandono y violación del deber del cuidado y otros dos años con la suspensión de la ejecución de la pena por desacato a una orden judicial.
• Contra Reiner Oberuber se abrió un proceso por supuesta pornografía infantil y finalmente quedó absuelto de culpa y pena.
• El abogado Max Narváez confirmó que para julio de este año la madre de Yuyu debería recibir libertad condicional.