El Ministerio Público, a través de las unidades penales de turno, acompaña las tareas de prevención e intervención para el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19.
Hasta el momento fueron imputadas 2.937 personas en todo el territorio nacional por hechos punibles relacionados a la cuarentena sanitaria, ante el riesgo de expansión del coronavirus en el país.
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Por departamento
Según los reportes, Asunción tiene mayor cantidad de imputados, siendo procesadas 428 personas, seguido de Central, con 411 imputados hasta la fecha.
La cantidad de personas imputadas por departamento son: Alto Paraná, 341 imputados; Caaguazú, 315 imputados; Itapúa, 193 procesados; Concepción, 182 imputados; Paraguarí, 139 procesados; Misiones, 138 imputados; San Pedro, 128 imputados; Canindeyú, 108 imputados.
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La lista sigue con Ñeembucú, con 105 procesados; Guairá, 102 procesados; Amambay, 88 imputados; Presidente Hayes, 86 imputados; Caazapá, 67 procesados; Cordillera, 51 imputados; en Boquerón, 32 imputados, y en Alto Paraguay, 23 personas procesadas.
Los hechos más registrados son resistencia, violación de la Ley 716 (incumplimiento de la cuarentena sanitaria), perturbación a la paz pública, exposición al peligro en el tránsito terrestre, entre otros.
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La Fiscalía paraguaya requerirá la extradición de Marset, indica Emiliano Rolón
El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que su institución requerirá la extradición del narco uruguayo Sebastián Marset, imputado en Paraguay por tráfico internacional de estupefacientes, asociación criminal y lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza, lanzado en febrero de 2022.
“Una vez que tengamos la confirmación oficial, activaremos la petición de extradición y prisión preventiva, que es el mecanismo correcto para ejercer nuestra potestad como nación con respecto a este procesado. Lo haremos con toda seguridad, es el camino de la ley, del estado de derecho“, dijo Rolón a la 730 AM.
El titular del Ministerio Público acotó: “la determinación le corresponderá a los organismos de Bolivia que decidirán a que solicitud darán el trámite. Nuestra postura es la reclamación como país que inició el trámite, lo mismo pasó con la señora Gianina García Troche (pareja de Marset), donde se iniciaron dos casos de pedidos de extradición una paraguaya y otra boliviana, pero la justicia española le dio prevalencia a nuestra petición porque fue la primera en tramitarse y fue la que cumplió con todos los requisitos", puntualizó.
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De acuerdo al acta de imputación fiscal, Marset es considerado uno de los líderes de una estructura criminal dedicada al envío de cocaína a Europa y el posterior lavado de activos entre el 2020 y 2021.
Se le atribuye haber agrupado a diversas organizaciones nacionales e internacionales para trabajar coordinadamente en la introducción de cocaína a Paraguay desde Bolivia y su posterior envío a Europa y África.
Era el encargado de pactar con los grupos criminales extranjeros que recibían la droga en el exterior. Organizaba y supervisaba todas las etapas, desde la introducción de la sustancia hasta la creación de esquemas para introducir las ganancias ilícitas en el sistema financiero paraguayo.
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Imputan a adolescente por abuso sexual de su compañera en el colegio
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Carlos Antonio Almada, de la Unidad Penal N° 1 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un adolescente de 16 años por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación. El menor está sindicado de haber sometido sexualmente a una compañera de colegio, en el interior del sanitario de la institución educativa al que ambos asisten.
De acuerdo con la investigación preliminar, la agresión sexual habría ocurrido el pasado 4 de marzo de 2026, alrededor de las 14:30 en un colegio del Km 28 de Minga Guazú. En esa ocasión, la víctima, también de 16 años, se encontraba en el sanitario femenino, en el lavatorio de manos, cuando ingresó el ahora imputado en forma imprevista, según la denuncia y elementos colectados por la Fiscalía.
Acto seguido, el presunto agresor habría sujetado a la víctima por la cintura para arrastrarla hasta el último compartimento del baño. Una vez allí, mediante el uso de la fuerza y bajo amenazas, se habría producido el sometimiento sexual.
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Tras el hecho, el supuesto abusador se retiró del sanitario, mientras que la afectada regresó a su aula para recoger sus pertenencias y dirigirse a su domicilio, donde relató lo sucedido a su abuela y luego a su madre, de acuerdo al escrito de imputación del adolescente.
La medida del Ministerio Público tomó en cuenta la denuncia presenta por la madre de la víctima y la directora del colegio donde habría ocurrido el hecho, además del acta de procedimientos de la subcomisaría jurisdiccional y los informes técnicos de la Fiscalía. La declaración detallada del hecho por parte de la víctima y el diagnóstico médico fueron claves para la formulación fiscal.
Ante la gravedad del hecho y la complejidad de la causa, el representante del Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación, a fin de presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. El imputado quedó a disposición del Juzgado Penal de Adolescencia.
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Stella Mary Cano renuncia al Ministerio Público para iniciar proceso de jubilación
La agente fiscal Stella Mary Cano presentó su renuncia formal e indeclinable al cargo que ejercía dentro del Ministerio Público, según consta en una nota dirigida a las autoridades de la Fiscalía.
En el documento, Cano señala que la decisión responde a su voluntad de acogerse a los beneficios de la jubilación, conforme a las disposiciones legales vigentes. En ese sentido, solicitó que su dimisión sea aceptada a partir de la fecha que determine la autoridad correspondiente.
Asimismo, pidió que se disponga la liquidación y pago de los haberes que pudieran corresponder, incluyendo aguinaldo y vacaciones proporcionales, de acuerdo con la normativa aplicable para los funcionarios del Ministerio Público.
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En su comunicación, la ahora exfiscal también expresó su agradecimiento por la confianza depositada durante el tiempo en que se desempeñó en el cargo, destacando el honor que representó formar parte del sistema de justicia paraguayo y reafirmando su respeto hacia las instituciones del país.
La salida de Cano se produce luego de una extensa trayectoria dentro del Ministerio Público, donde ejerció funciones en distintas causas penales.
Con la presentación de su renuncia, el proceso administrativo queda ahora sujeto a la aceptación de las autoridades competentes, paso necesario para formalizar su desvinculación y avanzar con el trámite jubilatorio correspondiente. Mientras tanto, el Ministerio Público deberá definir la cobertura del cargo que deja vacante dentro de la estructura fiscal.
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Tras fallo del Tribunal de Apelación, ordenan libertad de Carlos Granada
El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Sonia Villalba ordenó la libertad de Carlos Granada, condenado a 10 años de cárcel por coacción sexual, coacción y violación, luego de que el Tribunal de Apelación anulara la resolución que mantuvo su prisión preventiva.
Con la determinación adoptada por los jueces de sentencia, Granada recupera su libertad hasta tanto quede firme la sentencia dictada en primera instancia.
Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el comunicador fue condenado a 10 años de cárcel en el marco de un juicio oral y público. Durante la fundamentación de la sentencia, la jueza Fleitas incluso afirmó que Granada “quiso verificar si una de las víctimas estaba en su período menstrual, tocándola”.
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La magistrada detalló además el modus operandi del entonces gerente periodístico del Grupo Albavisión, mencionando que todos los hechos se desarrollaban en la oficina, hasta donde eran convocadas las trabajadoras supuestamente para recibir instrucciones laborales, pero en realidad era para sufrir acosos y manoseos.
Se reveló que les pedía que vengan vestidas con polleras y vestidos, detalló la jueza y agregó que tras cometer los hechos les amenazaba con que no conseguirían trabajo en otros medios, ya que tenía amigos en todos los canales de televisión.
Ratificación, en enero
En enero de este año, la Cámara de Apelación había confirmado la prisión preventiva de Granada. Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín; mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.
Los dos primeros sostuvieron que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva y apoyaron la posición del Tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.
Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el Tribunal de Sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.
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