• París, Francia. AFP.

La fiscalía francesa pidió este miércoles 10 años de prisión para el presunto “jefe” de los atracadores de la estrella de telerrealidad estadounidense Kim Kardashian en su habitación de hotel en París en 2016. Aomar Ait Khedache, de 69 años, reconoció su participación, pero siembre ha negado ser el “jefe del grupo”. Sin embargo, es él quien “da las órdenes”, “recluta” y va a Bélgica para revender las joyas, según la fiscal.

Durante el juicio, el principal acusado escribió una carta de disculpas para la víctima, quien lloró al escuchar su contenido. “Lo perdono por lo que ocurrió, pero eso no cambia (...) el trauma”, dijo Kim Kardashian el 13 de mayo. Desde finales de abril, un tribunal de París juzga a diez sospechosos por el atraco a mano armada de joyas valoradas en 10 millones de dólares de la reina de las redes sociales, que la prensa describió como “el robo del siglo”. Al inicio de sus alegatos finales, el ministerio público consideró que “todos son culpables”, pese a que ocho se dicen inocentes. El veredicto se espera el viernes.

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) presentó una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado. Hasta el momento, se han detectado y contenido 18 incidentes atribuidos a hacktivistas.

A raíz de la investigación, y con base en la evidencia técnica recolectada por equipos especializados, así como en publicaciones atribuidas a los responsables en la red social X, se ha procedido a la presentación de una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, por ataques cibernéticos contra instituciones del Estado.

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Desde la institución señalan que los hechos denunciados incluyen accesos no autorizados a servidores, interrupciones en servicios públicos digitales, sustracción y difusión de datos sensibles, y actividades maliciosas originadas desde el extranjero, acciones que podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal Paraguayo vinculados al cibercrimen.

Mencionan que la denuncia podrá ser ampliada en caso de que surjan nuevos indicios sobre eventuales hechos que pudieran derivar en la comisión de posibles delitos, afirma la institución.

El informe señala que el Mitic notificó sobre los recientes incidentes cibernéticos que han afectado a diversas instituciones públicas, en el que actualiza la información sobre el trabajo realizado.

El comunicado indica que desde el momento en que se tuvo conocimiento de cada una de las vulnerabilidades, identificadas a partir del 10 de mayo de 2025, el MITIC, a través del equipo técnico especializado del CERT-PY, ha trabajado en coordinación con los Responsables de Seguridad de la Información de cada organismo afectado.

“Se activaron de inmediato los protocolos de respuesta establecidos para cada tipo de incidente, priorizando la contención y neutralización de las amenazas”, menciona el comunicado.

Asimismo, señalan que actualmente, luego de lograrse la contención de los incidentes, se realizaron análisis exhaustivos y la implementación inmediata de mejores prácticas de seguridad, mediante el uso de herramientas especializadas.

“Este trabajo busca profundizar nuestra actuación, abarcando diversos componentes de la infraestructura de los organismos afectados, con el fin de identificar y mitigar cualquier otra posible vulnerabilidad”, añade el comunicado.

Así también indica que todos los organismos, a través de sus especialistas en Tecnología y Seguridad, han logrado contener los incidentes y se encuentran en proceso de restablecimiento seguro de sus sistemas, con el acompañamiento técnico continuo de los profesionales del CERT-PY.

“Hemos verificado y contenido un total de 18 casos, de los cuales se identificaron trece (13) incidentes de defacement (alteración de la apariencia de sitios web); en dos (2) casos se confirmó la captura de información que el actor de amenazas alega haber extraído durante el ataque —siendo datos de identificación personal, pero no información de tipo bancaria—; y en tres (3) casos, accesos no autorizados“, precisa el informe.

Desde el Mitic confirmaron que las instituciones afectadas fueron el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Justicia (MJ).

Igualmente detectaron ataques a la Contraloría General de la República (CGR) a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Presidencia de la República (Gabinete Civil), el Gabinete Militar, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección General de Migraciones (Repatriados).

La lista continúa con la Secretaría Nacional de Deportes (SND), el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Honorable Cámara de Diputados (HCD), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), específicamente la Dirección de Meteorología, la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Municipalidad de Pilar, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).

“Reiteramos que las amenazas en materia de ciberseguridad son constantes, al igual que nuestras acciones de fortalecimiento y mejora continua. Asimismo, sostenemos nuestro compromiso con la comunicación responsable hacia la ciudadanía a lo largo de todo el proceso", concluye el comunicado del Mitic.

Para reportar cualquier incidente de seguridad, la institución pone a disposición la vía de contacto a través del siguiente correo electrónico: abuse@cert.gov.py

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Tras las manifestaciones realizadas por vecinos de la zona del Bañado Sur de Asunción a favor de la permanencia del oficial José Jiménez en la comisaría 24, el efectivo policial, quien se hizo conocido por grabar y posteriormente publicar sus procedimientos con el objetivo de transparentar el proceso, aprovechó este pedido para remarcar la necesidad de cooperación interinstitucional para hacer frente a las dificultades de la zona.

En conversación con La Nación/Nación Media, el oficial José Jiménez explicó que solicitó su traslado a otra dependencia no vinculada con el Sector 1 del Ministerio Público, ya que, desde hace tiempo, desde la dependencia en la que se encuentra y en el rol que cumple, ha solicitado entablar una mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público para facilitar los trabajos, pero esto no se ha concretado.

“En varias ocasiones tratamos de armar mesas de diálogo u organizar servicios con los fiscales, pero nunca obtuvimos respuesta. Queremos reunirnos con ellos para explicarles la situación del bañado y los procedimientos que realizamos, ya que muchas veces nos cuestionan o por la liberación de los detenidos”, indicó el oficial Jiménez.

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El mismo reconoció que existen ocasiones en que los recursos públicos son limitados y que es entendible que los agentes fiscales no puedan acompañar todos los procedimientos, pero que al menos desde el cuerpo policial necesitan contar con el respaldo y la respuesta efectiva por parte del mencionado ente y sus representantes.

“El apoyo de la gente se da hacia nosotros porque transparentamos todas nuestras funciones y procedimientos dentro de la comisaría y damos respuesta a las necesidades de la gente, y muchas veces el cuestionamiento de ellos es que se le agarra al delincuente y se le suelta otra vez y no hacen caso a sus pedidos; por eso nosotros nos reunimos con las comisiones vecinales y les explicamos y mostramos los documentos”, manifestó el oficial José Jiménez.

El mismo remarcó que el ideal de los efectivos que prestan servicio en esta zona es contar no solo con el acompañamiento del Ministerio Público, sino también poder formar una mesa de trabajo con ellos y otros entes como el Ministerio de Salud y los equipos de prevención del consumo y distribución de drogas, ya que la situación que atraviesan los pobladores es bastante compleja.

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La fiscala Zulma Benítez Reyes presentó acusación contra Eugenio Sanabria Vierci por homicidio culposo y exposición al peligro al tránsito terrestre y solicitó al juzgado penal de Garantía de Caacupé, que el presente caso se eleve a un juicio oral y público; esto por el accidente fatal registrado en la ruta Luque- San Bernardino, donde falleció toda una familia.

Ahora el juzgado deberá admitir la acusación y fijar fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral.

El escrito de acusación del Ministerio Público señala que “Eugenio Sanabria Vierci, conductor de la camioneta de la marca Volkswagen, Touareg, invadió el carril opuesto a su sentido de circulación, obstruyendo así el desplazamiento lineal y preferencial del conductor del automóvil Kia Picanto donde iba toda una familia”.

Igualmente, menciona que “Sanabria se desplazaba a una velocidad no prudencial y reglamentaria conforme a las señalizaciones del lugar, es decir que el conductor se encontraba desarrollando una velocidad de 108 Km/h aproximadamente, superando ampliamente la máxima permitida para el sitio del suceso que es de 40Km/h, considerándose un desplazamiento imprudente y riesgosa que genera peligro para sí y para los demás usuarios de la vía, que finalmente ha desencadenado en la ocurrencia del presente hecho”.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años y un hijo de ellos de tan solo cuatro años. La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años.

El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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