El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.

El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.

La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.

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La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.

Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.

En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.

El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.

En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.

El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.

También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.

A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.

La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.

Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

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Una nueva acusación se presentó contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña.

El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.

La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.

Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certifican la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos.

En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.

Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, donde se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Por otra parte, el lunes pasado se inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como Tía Chela, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones

Acusan por tercera vez y piden juicio oral contra Miguel Prieto por lesión de confianza, que se investiga un perjuicio de G. 757 millones por el pago del Consejo de salud de la Intendencia de Ciudad del Este por obras inexistentes. La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno.

Los fiscales del caso acusaron a Miguel Prieto “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza´, tipificado en el Art. 192 inc. 1º del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inc. 1º del mismo cuerpo legal antes citado, en calidad de autor”.

También fueron acusados, Sebastián Martínez Insfrán “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal, en calidad de cómplice”; y Valeria Romero “por su participación en la comisión del hecho punible de ‘lesión de confianza’, tipificado en el Art. 192 inc. 1 del Código Penal, en concordancia con el artículo 31 inc. 1º del Código Penal en calidad de cómplice”.

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La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico. Estas transferencias fueron ordenadas por la Intendencia Municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal.

Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dictámenes pertinentes que certificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos. En la acusación fiscal, que tiene más de 100 páginas, se detallan punto por punto las irregularidades cometidas por Prieto, así como por los demás acusados por lesión de confianza: Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Fabiana Romero Escobar.

Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.

En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno. Esto robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente. El perjuicio patrimonial estimado es de G. 757 millones por obras que no se realizaron correctamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

Por otra parte, el lunes pasado inició el primer juicio oral contra Miguel Prieto por el caso conocido como “Tía Chela”, en el cual está acusado de lesión de confianza por la compra irregular de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19. En esta causa, la Fiscalía estima un perjuicio de G. 2.130 millones.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado “Caso Tajy”, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez Penal de Garantías Humberto Otazú.

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• Ciudad del Este. Agencia regional

Una comitiva del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó este viernes la destrucción de un poco más de 304 kilos de marihuana premium, previa extracción de muestras.

Se trata de una carga incautada el 19 de agosto pasado en la Aduana del Puente de la Integración de Pdte. Franco.

La diligencia comenzó a las 9:00 en una fosa de la Senad, ubicada en Chaco’i, departamento de Presidente Hayes. El horno pirolítico no está en funcionamiento.

La acción fue como anticipo jurisdiccional de prueba, por disposición judicial. Contó con la intervención del fiscal Luis Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná. Por el Poder Judicial intervino el juez Rodrigo Estigarribia, del Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, del segundo Turno.

Para que la carga de marihuana fuera descubierta, un escáner aduanero detectó una variación de densidad en la parte posterior de la carrocería de un camión JMC N900 donde los intervinientes encontraron un compartimiento acondicionado como doble fondo.

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En su interior encontraron 120 paquetes de la sustancia herbácea prensada. El análisis primario realizado por personal técnico de la Senad mediante narcotest dio positivo para marihuana tipo dry (tamizado en seco), con un peso total de 304 kilos con 300 gramos.

En el marco de la investigación del caso, el fiscal Luis Escobar imputó al conductor del camión por la supuesta comisión de los hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes y remisión de sustancias estupefacientes al extranjero (tráfico de drogas).

La “marihuana premium”, también conocida en el ámbito policial como “marihuana VIP” o “etiqueta azul”, no es una especie botánica diferente, sino una planta de cannabis de alta genética y concentración ultra alta de THC (Tetrahidrocannabinol), el principal componente psicoactivo.

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