En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).

La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.

La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.

Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.

Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.

El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.

La diputada Rocío Vallejo anunció que en las próximas dos a tres semanas serán reabastecidos 180 medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS), tras reunirse este viernes con su presidente, el doctor Isaías Fretes, resaltando que “es el momento de salvar al IPS” al respaldar su gestión en sus tres primeros meses. Así también, señaló la grave falencia de personal de enfermería y la importancia del proyecto de ley para declarar a la previsional en emergencia.

Tras ser recibida por Fretes en su oficina, a tempranas horas de este viernes, la legisladora compartió con la prensa buenas noticias sobre los procesos licitatorios: “Próximamente ya se estarían reabasteciendo muchísimos medicamentos que estaban en falta. Y también explicarle a la ciudadanía que hace tres meses que está el doctor Isaías Fretes, donde él encuentra una institución con stock cero. Me explicó que estos procesos llevan su tiempo, incluso que tienen una mesa de trabajo con las farmacéuticas, como así también con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para buscar la agilización de procesos”.

“Y que se entienda también que muchos de los medicamentos, no es que están a disposición en las cantidades que necesita IPS, muchos de ellos requieren insumos del extranjero. Me explicó todos esos procesos, pero se está bastante avanzado en cuanto a lo que él ha encontrado en la institución, que todos sabemos la situación en la que él encontró la institución”, explicó Vallejo.

“Por otro lado, existe una preocupación muy angustiante con relación a recursos humanos y ahí es muy importante esa ley de emergencia que sea aprobada, en sentido de flexibilizar también la contratación de recursos humanos para el área de salud”, puntualizó la parlamentaria. “El tema de enfermeras, tienen una gran cantidad de personal de enfermería en falta, pero ahí tenemos otro problema bastante grave, que acá los enfermeros ganan menos del sueldo mínimo. Esa es una situación por la que tampoco la gente quiere venir, y que debe ser abordada por el Congreso para establecer los mecanismos de un aumento para poder pagar mejor al personal de salud”.

“Y la cuestión de las leyes que se fueron aprobando también de la reducción de la carga horaria de los médicos, que lógicamente eso implica que se necesitan más personales médicos para poder cubrir y eso también implica presupuesto. Es decir, yo creo que este es el momento porque tenemos la disposición técnica y política del presidente de IPS de hacer los cambios, de detectar los problemas, de demostrarlos tal cual son y de combatir aquellos procesos de corrupción. Hablamos en realidad de muchísimos temas”.

Vallejo también indicó su preocupación por los asegurados desprotegidos porque las patronales se encuentran en falta con su compromiso: “Algo que quedó en el tintero que tengo que venir a hablar con el director jurídico son las empresas que deben más de 800 millones de dólares al IPS, que no pagan por sus aportantes. Esa es otra reunión que voy a solicitar para ver cuáles son las acciones legales, porque en realidad eso es un hecho punible, ya desde el 2016”.

“También conversamos sobre varias otras posibilidades de ir descongestionando la atención de la gente, algunos proyectos de ley muy interesantes que fueron surgiendo y brindarle nuevamente el apoyo al doctor Fretes, que vuelvo a reiterar, él no puede hacer milagros en tres meses, pero sí se está avanzando mucho en esos procesos, sobre todo, de poner al asegurado en primer lugar. Todo es importante. Son importantes las denuncias, pero sobre todo es importante ese asegurado que pueda acceder a los medicamentos”, acotó la diputada.

Seguidamente, reiteró el próximo avance con los insumos y la urgencia de tomar acciones concretas: “Van a llegar muchos medicamentos en quince días, veinte días. Muchos de los, de los procesos no dependen ya de ellos, sino la provisión de los medicamentos, pero son más de 180 medicamentos que van a estar siendo reabastecidos, por lo menos para un tiempo importante para el usuario. Así que confiamos en que esto va a seguir teniendo un desarrollo de ir para adelante. Es muy importante esa ley de emergencia, con la propuesta también del senador (Juan) Afara, que ojalá pueda encontrar una receptividad en el Gobierno, que emite bonos todo el tiempo, pero acá es el momento de salvar al IPS”.

En otro pasaje, la congresista relató: “Me comentó también que tiene un equipo de personas asesoras, exministros de Hacienda, personas que estudiaron en el Ministerio de Hacienda, que lo están asesorando técnicamente para realizar esta reingeniería financiera y poder dar una respuesta también al pago de los proveedores. Acá se está debiendo más de 800 millones de dólares. Es decir, la emisión de bonos por 300 millones tampoco soluciona el problema total. Por eso hay que ver, es el momento de ver una solución integral. Y en ese punto, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que lo ha designado al presidente Isaías Fretes, debe proporcionarle todas las herramientas y todos juntos debemos buscar todas las herramientas necesarias, dotarle de las leyes que se necesiten para poder hacer sustentable al IPS”.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio de Relaciones Exteriores, a adoptar las medidas necesarias para la reapertura del Consulado de la República del Paraguay en la Provincia de Córdoba, República Argentina”.

El proyectista fundamentó que la iniciativa parte de la necesidad de restablecer una representación consular en una de las provincias argentinas con mayor presencia de ciudadanos paraguayos.

Dijo que el cierre de la sede diplomática, ocurrido en el año 2024, dejó a miles de connacionales sin un acceso cercano a servicios esenciales brindados por el Estado paraguayo.

Se destaca que la reapertura del consulado permitirá garantizar una atención más eficiente a la colectividad paraguaya residente en Córdoba.

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Entre los servicios prestados se menciona la expedición y renovación de documentos, la realización de trámites administrativos, la asistencia en situaciones de vulnerabilidad y el ejercicio efectivo de la protección consular.

Se remarca, igualmente, que la ausencia de una representación permanente obliga actualmente a los ciudadanos paraguayos a trasladarse hasta la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, ubicada a más de 400 kilómetros de Córdoba.

Esta situación implica importantes costos económicos, dificultades logísticas y demoras para acceder a servicios consulares básicos, refirió el diputado Cleto Giménez en la argumentación de su pedido que fue aprobado por el pleno.

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La Cámara de Senadores y la Contraloría General de la República (CGR) suscribieron un convenio marco de cooperación y articulación Interinstitucional.

La idea es fortalecer el intercambio de información, la asistencia técnica y el trabajo coordinado en el marco de la investigación que desarrolla la Comisión Especial sobre presuntos títulos académicos falsos o irregulares, presidida por el senador Patrick Kemper.

Firmaron el documento el titular del Congreso, Basilio Núñez, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.

Durante el acto, el senador Núñez, señaló que varias de las universidades actualmente cuestionadas fueron creadas durante periodos legislativos anteriores.

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Por ello consideró que el desafío de la actual administración consiste en impulsar las medidas necesarias para clausurar aquellas instituciones que incumplan las disposiciones legales vigentes.

A su turno, el presidente de la Comisión Especial de Investigación, senador Patrick Kemper, explicó que la suscripción del convenio permitirá fortalecer la cooperación entre ambas instituciones. Dijo que se optimizarán recursos humanos y técnicos.

Además se dispondrá de la experiencia de auditores, investigadores y profesionales de la Contraloría para acompañar las tareas que desarrolla la comisión.

Por su parte, el contralor Benítez, afirmó que la institución desarrolla sus procesos de fiscalización bajo estrictos estándares de transparencia y recordó que todas sus actuaciones son de carácter público.

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