En el departamento de San Pedro, un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social permitió avanzar en el monitoreo de 11 instituciones educativas del distrito de Itacurubí del Rosario, con un enfoque centrado en el fortalecimiento de la calidad educativa y las condiciones de aprendizaje.

La intervención fue ejecutada por el equipo de la Unidad de Salud de la Familia (USF) San Alfredo, en el marco de la estrategia Escuela Saludable, priorizando no solo la salud de los estudiantes, sino también el entorno educativo como factor clave para el desarrollo académico. La jornada contó con la participación de autoridades escolares, docentes y referentes sanitarios de la región.

Durante las visitas, se puso especial énfasis en la infraestructura edilicia, considerando que espacios adecuados, seguros y funcionales inciden directamente en el rendimiento escolar. Aulas en condiciones óptimas, accesos adecuados y áreas comunes bien mantenidas fueron algunos de los aspectos evaluados para garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje.

Asimismo, se realizó el seguimiento de los proyectos pedagógicos y preventivos, analizando su implementación y alcance dentro del calendario escolar. Estas iniciativas son consideradas fundamentales para fortalecer la formación integral de los estudiantes, incorporando contenidos que promueven hábitos saludables y valores comunitarios.

Otro punto abordado fue el control del Programa Hambre Cero, entendiendo que una alimentación adecuada es determinante para el desempeño académico. La supervisión del servicio alimentario buscó asegurar que los estudiantes reciban una nutrición que favorezca su concentración y desarrollo cognitivo.

Las instituciones alcanzadas por este monitoreo incluyen colegios y escuelas emblemáticas del distrito, como el Colegio Nacional Jacinto Colarte, la Escuela Básica Augusto Roa Bastos y el Colegio Nacional Don Bosco, entre otras, consolidando un abordaje integral en distintos niveles educativos.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la calidad del sistema educativo, al integrar salud, infraestructura y pedagogía en un mismo enfoque. Subrayaron además que una escuela en condiciones adecuadas no solo impacta en el aprendizaje, sino también en la permanencia y el bienestar de los alumnos.

La estrategia Escuela Saludable se consolida así como una herramienta clave para transformar las instituciones educativas en espacios que favorezcan el desarrollo pleno de niños y niñas, articulando esfuerzos entre sectores para garantizar una educación de calidad en todo el país.

Padres de un alumno del tercer grado de una escuela de Obligado, departamento de Itapúa, denunciaron a una maestra luego de que se viralizara un video en el que se escucha cuando maltrata a un menor. Desde el Ministerio de Educación (MEC) ordenaron que la docente sea apartada del cargo en tanto dure la investigación.

Según el reporte, el hecho se registró el lunes 16 de marzo y el miércoles la Supervisión Departamental intervino la institución para poder activar el protocolo correspondiente y apartaron del cargo a la profesional. La misma era docente del tercer grado y encargada de despacho de la institución.

“Aparentemente fue un llamado de atención por parte de la docente. Como Ministerio estamos llamados a aplicar las medidas cautelares y a comunicar a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni). Nuestra normativa penal establece como un hecho punible el maltrato a menores“, dijo Liz Barboza, asesora de la Dirección Departamental de Educación, en “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Agregó que será el Ministerio Público el que determinará si existió o no un hecho punible por parte de la docente. “No podemos permitir que la profesional tenga contacto con niños durante el proceso y la apartamos del cargo en tanto dure la investigación en cumplimiento de la resolución 203 y en concordancia de la resolución 784 que nos autoriza a aplicar medidas cautelares”, refirió.

Afirmó que hasta este evento no habían recibido quejas u otro tipo de denuncias de maltrato por parte de las maestras. “La primera vez que tomamos conocimiento fue con el vídeo. En el que la docente hizo un llamado de atención constante al estudiante y fue muy cuestionable el tono de voz y la forma”, puntualizó.

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Representantes del gremio de docentes solicitaron al presidente de la República, Santiago Peña, el veto parcial del proyecto de reforma de la caja fiscal, sancionada ayer martes por la Cámara de Diputados. El sector, mediante una nota remitida al Poder Ejecutivo, alega que la iniciativa atropella los derechos adquiridos relacionados a la jubilación.

Los educadores requieren el veto parcial del artículo 4 en lo correspondiente al aumento del 19 % del aporte obrero dispuesto en el inciso (a) numeral 2, para que el docente no aporte más del 16 %.

“Aportar más que ese porcentaje será muy injusto y excesivo, ya que el docente estará siendo obligado a desprenderse de un cuarto de su salario, de modo compulsivo y sin su consentimiento, violando derechos constitucionales y el artículo 71 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, alegan.

También requieren el veto parcial del artículo referido a la devolución de aporte, que en el artículo 11, segundo párrafo, dispone que quedan exceptuados de este derecho los afiliados de cajas deficitarias. Esta medida solicitada, dice la nota, es a los efectos de enmendar la ilegalidad e injusticia que se producirá al proceder el Estado a apropiarse (confiscar) dinero que legal y legítimamente pertenece a aportantes del magisterio nacional, las universidades públicas, los institutos de educación superior, magistrados y fuerzas públicas.

A la vez, solicitan el veto parcial del artículo 21 que elimina los cargos vacantes de los fondos de la Caja Fiscal. El mismo dispone que sea derogado el “umeral 5 del artículo 246 de la Ley ”De organización administrativa", del 22 de junio de 1909. Los cargos vacantes constituyen uno de los recursos más importantes que hacen a los fondos de la Caja Fiscal.

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También piden el veto del artículo 24 para que la vigencia de la ley comience al siguiente año fiscal de su promulgación (año 2027). “La Intersindical de la Educación permanece en alerta permanente y vigilante, sin descartar medidas de fuerza para defender nuestros legítimos derechos. Asimismo, recurriremos a instancias internacionales si fuese necesario”, refiere el comunicado.

El comunicado se encuentra firmado por Gabriel Espínola de la OTEP-A, Rafael Resquín de la UNE-SN, Silvio Piris de la FEP, Blanca Ávalos de la OTEP-SN, Abundio Duarte de ADOFEP y APE SN, Elisio Olmedo de ADP-SN, María Velázquez de SITRAFUMEC, José Ayala de MAS SP SN, Juan Argüello de SINTE.

La lista sigue con Miguel López de SITRAFACSO-UNA, María del Carmen Piris de FENOB-UNA, Diego Stalder de SIUNA, Miryam Franco de SIDUNPI, Mario Toñánez de SIDFUBA, Rolando Candia de SIDFISE, Mario Vázquez de SPD UNVES, Teresita Cortese de SIDOFUNI, Eugenia de Kratsh de ADOHUMA, Claudio Mongelós de FECI y Jaime Torales de SINDIPROD-UNCA.

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Héctor Ortiz, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay-Sindicato Nacional (OTEP-SN), dijo que este martes nuevamente los docentes llegarán hasta Asunción con la finalidad de seguir el tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, aguardando por la sanción de la versión del Senado.

Detalló que el punto de encuentro será la plaza Uruguaya para luego dirigirse hasta la plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional. “Estaremos vigilantes, avanzamos un poco con el aporte patronal”, indicó Ortiz al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la convocatoria es para las 8:00 y que el sector aguarda que los diputados sancionen las modificaciones aprobadas el pasado 11 de marzo por la Cámara de Senadores. Los diputados habían dado media sanción al proyecto del Ejecutivo, también con importantes ajustes, el pasado 5 de febrero.

“El punto de concentración también será en las cabeceras departamentales, en mi caso estaré en la ciudad de Caaguazú y esperamos reunir cerca de 3.000 a 5.000 docentes, mientras que otros irán a Asunción”, refirió.

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Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.

Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.

En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.

Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.

En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.

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