El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, afirmó que no hay una posición definida sobre la modificación de la ley que establece el horario de verano como oficial, por lo que sugirió derivar a los consejos departamentales evaluar el tema. Dijo que la realidad en la zona urbana es diferente de la rural y mucha gente también está contenta con el horario vigente.

“Yo recibí algunos reclamos o posibilidad de armar una mesa de diálogo que le he pasado a la mesa técnica de padres porque también por otro lado hay mucha gente contenta. Entonces, no hay una posición definida con que esto necesariamente es perjudicial. Al contrario, mucha gente cree que es muy interesante. Y para muchas actividades parece que este horario es más conveniente”, dijo a la 1020 AM.

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Recomendó escuchar la postura de los distintos sectores. “En particular, yo soy partidario porque así lo habilita la carta orgánica de que se formen los consejos departamentales. Y le habilita a que cada consejo departamental tome la mejor decisión en cuanto a los horarios. Entonces, para mí no es un problema del uso horario sino de cómo administramos el horario de la escuela”, indicó el secretario de Estado.

A su criterio las gobernaciones a través de sus consejos departamentales pueden evaluar y tomar las determinaciones que beneficien a su población. Incluso habló de la posibilidad de flexibilizar el calendario de inicio de clases, según la realidad de cada región.

“Por ejemplo si en esa zona la vida se mueve con el cultivo. Eso tiene que marcar el huso horario y tiene que marcar la dinámica del tiempo también. No hace falta que todas las clases comiencen en marzo, pueden comenzar en abril si es que la zafra termina en marzo y se van hasta diciembre. No hay ningún problema con eso”, subrayó.

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El director de Relaciones Gremiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Humberto Ayala, aclaró el alcance del comunicado que alude a los festejos por del Día del Maestro y que el martes 29 las clases deben desarrollarse con normalidad. Lo que está prohibido son los asados y las reuniones en las plazas; el agasajo, sanamente realizado, sí está permitido, conforme expresó.

“Nosotros hemos tenido todos los festejos relativos a la Semana Santa, apenas unos días atrás. La semana próxima tenemos ya los festejos del Día del Maestro, el día miércoles que es asueto. Tenemos el Día del Trabajador, dos días feriados en la semana. Por lo tanto, normalmente la gente toma el día 29 un festejo que implica la suspensión de clases. Eso implicaría la pérdida también de días de clases prácticamente toda la semana”, fundamentó.

El funcionario del MEC dijo que la semana entrante implicará pérdidas de clases por los feriados sucesivos; por lo tanto, si a partir del martes 29 ya se inician los agasajos, también afectará el desarrollo de las clases y la provisión de alimentación a los niños en el marco del programa Hambre Cero.

“Eso implica que muchísimos niños quedarían sin la provisión de almuerzo escolar. Entonces, lo que se recomienda y en el comunicado está claramente explícito que de ninguna manera el niño se debe quedar sin el almuerzo escolar”, sostuvo.

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En este punto, Ayala mencionó que los festejos están circunscriptos para el día miércoles 30, pero no se impedirá que se realicen actos por el día del maestro.

“De ninguna manera se impide que se realicen actos por el día del maestro el día 29 con recordatorios, etc. Lo que no se permite como se ha hecho en años anteriores es la suspensión de clases, hacer asado. Desarrollar clases es lo que pedimos a los directores de institución y que se respete la provisión de almuerzo escolar”, señaló a la 1080 AM.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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