El Gobierno se encuen­tra evaluando una serie de medidas a corto plazo con el fin de garantizar precios justos en la canasta familiar, afirmó el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez. “La promesa de campaña del presidente de la República, Santiago Peña, fue pensar en el bolsillo de la gente”, indicó.

“Hay medidas que el Gobierno puede tomar en el corto plazo, que estamos analizando y esperamos que tengan una incidencia directa en aquello que busca el presidente de la República y el Ejecutivo que es mejo­rar el poder adquisitivo de la gente. Son medidas que el Gobierno va ir tomando una tras otras”, dijo este viernes en una entrevista con el pro­grama “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario de Estado acotó: “Nosotros creemos que habrá una reacción muy positiva del sector privado en cuanto a que lograrán entender de lo que tratamos de hacer, que también es pro­teger al sistema de libre mer­cado, ya que cuando ocurren situaciones como estás apa­recen intenciones populistas de salir con leyes de interven­ción de precios, que es lo que queremos evitar y que son impulsados por la presión de la ciudadanía”.

Giménez detalló que entre las medidas a corto plazo para disminuir los costos de la canasta básica figuran la liberación de importacio­nes de carne cuando el costo local sea excesivo, y la faci­litación del ingreso de pro­ductos frutihortícolas como tomate, cebolla y zanahoria en casos de subas que afecten a las familias.

A la vez el Gobierno pon­drá énfasis en los trabajos de la Comisión Nacional de Competencia (Conacom), que verificará que las con­diciones de competencia en la cadena de retail (comer­cio minorista) se respeten y no hayan prácticas dis­torsivas; y en la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), que cuidará que no haya publicidad engañosa ni remarcaje de precios.

“Se observará si hay una posición dominante, un aprovechamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó el titular de la DNIT.

Teniendo en cuenta la ten­dencia a la baja del dólar, la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT) reali­zará un plan de fiscalización a los diferentes sectores sobre los productos de la canasta básica familiar, de tal manera de dar insumo a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) para que sean evaluados los precios y se aplique la norma o la ley esta­blece dentro de sus compe­tencias. “Vamos a hacer una trazabilidad de la estructura de los precios, el valor agre­gado. Básicamente desde el momento de la salida o la importación de los productos, la producción y toda esa trazabilidad hasta que llegue a las góndolas de los super­mercados”, explicó el titular de la DNIT, Óscar Orué, en entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la institución tiene la posibilidad de adver­tir u observar todo ello, ya que se cuenta con los datos de las declaraciones juradas y los movimientos de las empre­sas de todos los sectores. “Se observará si hay una posi­ción dominante, un aprove­chamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó.

Según explicó, los precios en el mercado deberían haberse reducido teniendo en cuenta que a todos les afecta la baja de la moneda norteameri­cana, porque por ejemplo, los importadores están pagando menos, lo cual debería tras­ladarse a la estructura de costos.

“A nosotros nos afecta de manera negativa en el ámbito de la recaudación aduanera porque cuando hay una baja del tipo de cambio eso directamente les bene­ficia a los importadores”, expresó Orué.

La ministra de Sedeco, Sara Irún, señaló que la institución se enfocará en analizar la cadena de precios de productos sensibles.

La Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco) acompañará la ini­ciativa de la Presidencia de la República de realizar contro­les sobre la cadena de precios a fin de transparentarla. Afirman que la competencia de la insti­tución se limitará a la educación del consumidor, la fiscalización y difusión de información.

La ministra de Sedeco, Sara Irún, señaló que la institu­ción se enfocará en analizar la cadena de precios de produc­tos sensibles como la carne, a fin de brindar información a la ciudadanía acerca del proce­dimiento de establecimiento de precios.

De esta manera, desde la ins­titución se socializarán los resultados de los controles de trazabilidad que efectuará la Dirección Nacional de Ingre­sos Tributarios (DNIT), en el marco del derecho constitucio­nal de acceso a la información.

“Si es que hay una distorsión de precios o un acuerdo res­trictivo a la competencia, no le corresponde a Sedeco, le corresponde a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), pero atendemos las consultas y reclamos de los consumidores a la hora de adquirir productos o un servicio, fiscalizamos loca­les, proveemos información para empoderar a la ciudada­nía”, dijo a la 1080 AM.

De acuerdo con la ministra, la directiva del presidente San­tiago Peña fue que la Conacom colabore brindando informa­ción a los consumidores. En ese sentido, reconoció que la facultad de la institución se limita a solicitar informa­ción y socializarla, además de prevenir contra la publicidad engañosa.

El presidente de la República, Santiago Peña, realizó un breve balance de su gestión a pocos días de cumplirse dos años al frente del Poder Ejecutivo, destacando avances en diversas áreas y reafirmando su compromiso de continuar trabajando para que el crecimiento económico llegue a todos los sectores.

“Con Pedro (Alliana) estamos a unos días de concretar 24 meses al frente del Poder Ejecutivo y nosotros miramos hacia atrás y realmente tenemos muchísimos motivos para sentirnos orgullosos”, expresó, mencionando como hitos el programa Hambre Cero y la negociación de Itaipú, que según dijo, permitió financiar obras en educación, salud y seguridad, además de la adquisición de ambulancias, patrulleras y equipamiento.

“Les aseguro que en tres años más el Paraguay va a ser un país diferente y les adelanto que el 15 de agosto del 2028 les voy a decir que no estoy satisfecho, más allá de todas las obras que vamos a hacer, me van a seguir viendo luego del 15 de agosto del 2028, ya no como el presidente de la República, voy a seguir trabajando por el Paraguay”, aseveró.

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Peña también destacó el crecimiento económico que experimenta el Paraguay, aunque admitió que “no le llega a todos” y que ese desafío será el eje de la segunda mitad de su mandato.

“He tomado la decisión de enfrentar el problema y asegurarme que el beneficio económico le llegue a las familias más vulnerables, que haya más dinero en el bolsillo, que haya más comida en la mesa”, subrayó.

En materia de salud, sostuvo que el enfoque de su gobierno no está únicamente en la construcción de grandes hospitales, sino en el fortalecimiento del sistema de salud pública a través de hospitales regionales y Unidades de Salud de la Familia (USF).

“Se trata de construir un sistema que le proteja al ciudadano cuando tiene una enfermedad”, explicó, adelantando que la inversión en esta área continuará en cada departamento del país.

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El presidente de la República, Santiago Peña, realizará la entrega de 30 nuevas ambulancias al sistema de salud de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. El acto central está previsto para las 12:00 en el Hospital General.

“Vamos a estar entregando 30 nuevas ambulancias para todo el departamento de Caaguazú y para toda la región oriental. Vamos a llevar más de 200 ambulancias 0 kilómetros para poder ayudar y fortalecer el sistema de salud pública”, adelantó el mandatario.

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El Gobierno realizará la entrega al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MDPyBS), que a su vez distribuirá las ambulancias en este departamento. Las mismas fueron financiadas a través de la Itaipú Binacional y serán utilizadas por los centros asistenciales de varios distritos de Caaguazú.

Las ambulancias son de procedencia italiana, totalmente equipadas para la asistencia y el traslado de pacientes, que se sumarán a la flota del Ministerio de Salud en la atención de Emergencia Médica Extrahospitalaria (Seme).

El presidente Peña se encuentra en el departamento de San Pedro, donde realiza la entrega de títulos de propiedad en la ex Colonia Andrés Barbero; posteriormente, se trasladará al departamento de Caaguazú para la entrega de la flota de ambulancias.

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El gobierno de Santiago Peña concretó este viernes la primera entrega masiva de títulos de propie­dad a los labriegos de la colo­nia Andrés Barbero, más conocido como Barbero Cué, ubicado en el depar­tamento de San Pedro. Este paso es considerado como un hecho histórico debido a que los beneficiarios accederán a los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras después de 70 años.

Como acto simbólico se realizó en la fecha la entrega de 60 títulos y se prevé llegar a un total de 2.600 beneficiarios. “Esta es una lucha que no debería tener colores, más que la bandera tricolor. Tengo el sueño de tener un Paraguay prospero, desarrollado. Esto no se hizo solamente conmigo, hay mucha lucha y quiero reconocer a todos los que hicieron posible esto”, manifestó Peña.

Con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes. “Este es un hecho histórico sin precedentes, estamos viviendo un antes y un después en la historia del departamento de San Pedro, esto no se da todos los días, no todos los años. Lo que el Gobierno hace hoy es un acto de justicia después de tantos años de lucha, incertidumbre, de espera”, indicó Freddy D’Ecclesiis, gobernador de San Pedro.

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Antes de llegar a este histórico logro, pasaron 70 años y 11 presidentes de la República, explicaron, para que finalmente se empiece a entregar los títulos de propiedad a los ocupantes de las tierras de esta emblemática colonia, en la capital del segundo departamento.

“Los derechos indiscutibles son la vida, la libertad y la propiedad privada. Los pobladores que reciben hoy su título de propiedad se están llevando una riqueza a la familia“, comentó el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz.

El principal problema era que, ya en el pasado se realizaron tres mensuras, las cuales decían que esta colonia tenía solamente 14.000 hectáreas, y esto no era aceptado por los colonos que exigían 17.000 hectáreas. Finalmente, se llegó a un acuerdo, de avanzar en todos aquellos lotes que no tienen problemas judiciales por superposición de loteamientos, pero respetando la totalidad de las 17.000 hectáreas, esperando que la justicia resuelva finalmente lo que falta.