Este martes, tras una investigación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), salió a la luz que existen personas que seguían cobrando la pensión de tercera edad a nombre de personas fallecidas. Quienes cobraron indebidamente deberán devolver el dinero e incluso podrían ir a prisión.

El asesor jurídico de la institución, Alberto Lezcano, resaltó que se tratan de dos casos puntuales que cometieron hechos graves y que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, confirmó que son varios casos en los que algún familiar seguía cobrando la pensión pese al fallecimiento del titular.

“Esto tiene una expectativa de pena de cinco años y el hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones está bien establecido. Además, deben devolver el dinero”, expresó Lezcano, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Aseguró que más adelante estos casos ya no se van a dar, porque pediremos un control de supervivencia cada tres meses. “Concretamente son dos casos: uno que cobró G. 48 millones por una persona que falleció en Argentina, pero que era oriunda de Caaguazú, y otro caso en el que cobraron G. 45 millones en Alto Paraná”, señaló.

Indicó que estas personas sería familiares de los beneficiarios y que tenían sus tarjetas, por lo que siguieron cobrando la pensión por unos cinco años. “El cruce con el Registro Civil y el Departamento de Identificaciones lo estamos haciendo rigurosamente, pero en estos casos no se comunicó el fallecimiento y creemos que fue de mala fe”, aclaró.

Manifestó que se tienen al menos 340.000 personas dentro del programa de la Pensión Alimentaria Adultos Mayores del Gobierno Nacional. Hoy, se realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por parte de la Dirección General de Auditoría Interna, en el que refiere a que personas desconocidas estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores fallecidos.

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• Montevideo, Uruguay. AFP.

Cuarto presos murieron y tres guardias resultaron intoxicados ayer lunes en una cárcel de Uruguay, a causa de un incendio provocado por una riña entre reclusos que tomó una de las celdas del centro penitenciario, informaron fuentes oficiales. A la hora 13:00 (16:00 GMT) un incendio afectó una celda de la cárcel de Santiago Vázquez, a 22 kilómetros del centro de Montevideo, “con el resultado de cuatro personas privadas de libertad fallecidas”, informó el Ministerio de Interior en un comunicado.

“La situación se produjo a raíz de un enfrentamiento entre grupos de reclusos que estaban alojados en celdas contiguas“, agregó la misiva que divulgó la identidad de los hombres fallecidos, de 23, 27, 34 y 47 años. Tres funcionarios del llamado centro penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez, que concentra la mayor población carcelaria del país, resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono y fueron atendidos por los servicios médicos.

El ministerio agregó que la situación “se encuentra actualmente bajo control” y que autoridades trabajan en el lugar junto a personal técnico y judicial para obtener más detalles de lo acontecido. Al cierre del 2024, en Uruguay había más de 16.000 personas encarceladas, según datos del Ministerio del Interior, lo que coloca al país de 3,4 millones de habitantes entre los 15 de mayor población carcelaria per cápita del mundo, de acuerdo al relevamiento realizado por el World Prison Brief.

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Por Sara Valenzuela

Todo hacía suponer que esa tarde del 16 de junio de 2019, hace seis años, sería tan apacible como las anteriores, pero el destino tenía reservada una espantosa sorpresa. El sol rojo del ocaso se hizo eco de la sangrienta noticia: un violento enfrentamiento se había desatado entre clanes rivales en el interior de la penitanciaria de San Pedro. La sorpresa paralizó a los paraguayos, que en muchos casos accedieron a través de redes sociales y WhatsApp a imágenes que eran difundidas por los mismos reos de lo que era una terrible matanza a puertas cerradas.

Un enfrentamiento entre internos pertenecientes al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela era la primera información que surgía al mediodía de aquel domingo, pero minutos después fotografías y videos confirmaban que el motín había escalado de manera mortal.

El infierno se instaló en el penal de San Pedro; las primeras imágenes mostraban peleas cuerpo a cuerpo con armas blancas de fabricación casera, hombres ensangrentados, cuerpos apilados y un macabro juego con cabezas, esto seguido de incendios: fuego provocado en el interior de las celdas para quemar a otros reos.

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El contenido de aquellas imágenes se logró confirmar más de tres horas después de que el enfrentamiento hubiera iniciado y convirtiera el penal de San Pedro en tierra de nadie, ya que los custodios se vieron sobrepasados y solo podían aguardar a la respuesta conjunta de los equipos tácticos policiales y militares que buscaban la manera de ingresar con la menor cantidad de bajas posible.

Aquel día, 10 personas privadas de su libertad fallecieron, y 11 resultaron gravemente heridas. De aquellas 10 personas, 5 fueron decapitadas con armas blancas tipo machetes, 3 fueron quemadas vivas en sus celdas, una recibió un disparo y la última falleció camino al hospital debido a las múltiples heridas que tenía.

Estos homicidios fueron parte del terrible acto de venganza del grupo criminal bra­sileño Primeiro Comando da Capital (PCC), afincado en las cárceles paraguayas en aquel momento con fuerte poderío económico y apoyo logístico, contra el clan enemigo, buscando así dejar un mensaje claro de poderío.

El comunicador Mario Luiz Ledezma, quien en aquel momento se desempeñaba como camarógrafo de un medio local, recordó en conversación con La Nación/Nación Media que aquel 16 se preparaba para compartir con su familia la celebración del Día del Padre cuando recibió la llamada, debiendo abandonar a sus seres queridos para acudir a informar.

“Cuando llegamos ya había efectivos policiales que custodiaban el lugar, y también ya estaban familiares de las personas privadas de libertad que llegaron hasta el lugar para solicitar información sobre sus familiares porque muchos se enteraron de lo que estaba pasando adentro y la magnitud de los hechos. Estaban desesperados por saber si sus familiares estaban bien”, comentó Ledezma.

El mismo reconoció que cuanto más pasaban los minutos y luego horas, la preocupación de los familiares crecía, pero también la de los pobladores de todo San Pedro, ya que los mismos temían que los reos lograsen escapar o que la situación saliera de control y que aumente el número de víctimas.

“Muchas personas estaban con miedo y no solo por los reos, sino porque aquel día había muchas personas que fueron hasta el penal en día de visita por el Día del Padre y se temía que no pudieran salir. Entre esas personas estaban personas que nosotros conocíamos, que eran de la zona, porque es una penitenciaria en la que hay muchos sanpedranos también y, lógicamente, toda la comunidad estaba pendiente”, relató Mario Luis.

De esta forma, una ciudad considerada como tranquila y sin mayores episodios de violencia se vio completamente consternada ante las diversas posibilidades críticas que se podían dar, en medio de una ola de información macabra y lamentable que solo tardó minutos en llegar prácticamente a todos.

“Hubo una conmoción total cuando empezaron a llegar las primeras informaciones, porque si bien la penitenciaria se había construido alejada del casco urbano, ya para aquel entonces había nuevos asentamientos que rodeaban la zona”, recalcó Mario Ledezma.

El comunicador destacó además que tras este impactante suceso, la propia comunidad sanpedrana se manifestó en varias ocasiones exigiendo que la seguridad del lugar sea reforzada y que los controles se vuelvan más estrictos para garantizar no solo la seguridad de los reos, sino la de todos los ciudadanos.

Tras la tragedia, las investigaciones iniciaron inmediatamente, de manera que las destituciones, sumarios administrativos y juicios llegaron por añadidura. Desde el Ministerio de Justicia también se trabajó en un protocolo de respuesta para esta situación, lo que originó planes de seguridad más estrictos y un modelo de descongestión carcelaria.

En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Del total de acusados, 14 participaron presencial­mente del juicio, mientras que otros 10 lo hicieron vía telemática desde el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación y desde la Peni­tenciaría Regional de Con­cepción.

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• Caracas, Venezuela. AFP.

Arrestos, advertencias y el regreso del “dólar criminal” al discurso del gobierno: Venezuela ejerce presión sobre el mercado negro cambiario para frenar la creciente brecha con la tasa oficial. El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Pero no hubo una dolarización formal y entonces coexisten un dólar “oficial”, regulado por el gobierno, y uno “paralelo”.

La siempre fluctuante brecha entre ambos mercados comenzó a abrirse a mediados de 2024, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo sus intervenciones tras meses de estabilidad en la tasa y en los precios que coincidió con la campaña a la reelección de Maduro. El problema se disparó con la decisión de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero en el país, que también inyectaba divisas al mercado.

El “dólar paralelo” llegó a cotizarse entre 25% y 50% por encima de la tasa del BCV. Pero la brecha se acortó ahora de manera momentánea con la detención de unas 25 personas que publicaban el valor del “paralelo”. Con los arrestos, desaparecieron también esos indicadores del precio del dólar “paralelo”. La confusión sobre su verdadero valor puede perjudicar al comprador, pero a veces también a quien vende.

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“Me sucedió en una ferretería, me salía la compra en total eran 60 dólares, y si pagaba en bolívares me salía casi en 86 al cambio” oficial, indicó Eleazar Armas, escolta de 52 años. “Cuando pido la explicación (...) me decían que eso era lo que valía el dólar”. “Si te pones a ver es una brecha (...), pierdo yo como comerciante”, explica de su lado a la AFP Nelson Martínez, un comerciante de 30 años.

En Venezuela, el pago en efectivo es normalmente en dólares, aunque la brecha cambiaria llevó a que la gente vendiera divisas para pagar con bolívares más baratos. Los comercios están obligados a cobrar a la tasa oficial, pero algunos usaban el paralelo. Otros hacían un promedio entre el oficial y el negro o tenían como referencia la tasa del euro, que es más alta. Está también el que hace un descuento de hasta 25% si el pago es efectivo o transferencia bancaria en dólares. El sistema de envío de dinero interbancario estadounidense Zelle es muy popular en Venezuela.

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El mercado negro surgió en Venezuela a la sombra de un férreo control de cambio que estuvo vigente por 15 años. Las autoridades detuvieron en 2016 al dueño de una página web que cotizaba el dólar negro y más detenciones siguieron en años posteriores. El ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, explicó el pasado 28 de mayo que una investigación “silenciosa” llevó a los arrestos de esta veintena de supuestos responsables de fijar el paralelo en portales de internet ahora desaparecidos.

El dueño de una plataforma de criptomonedas, que servía también de referencia para el dólar, publicó un video para anunciar el cese de operaciones y expresar que estaba “arrepentido”. Aseguró que “de ninguna forma” buscó “promover la especulación sobre el dólar paralelo”. La brecha “no va a desaparecer de la noche a la mañana”, explicó Aaron Olmos, economista de la prestigiosa escuela de negocios IESA. “Puede tender a minorarse” tras los arrestos, pero “los comercios y las personas van a buscar una forma alternativa”.

La brecha cambiaria abre la puerta a más inflación, frecuente fantasma en la economía de Venezuela. Maduro culpaba al “dólar criminal” de la profunda crisis, que registró siete años de recesión y cuatro de hiperinflación. Fue la misma moneda que luego calificó de “válvula de escape” a la cruda realidad agravada con las sanciones al petróleo.

En marzo, cuando se expandía la brecha, arremetió de nuevo contra el “dólar de guerra”, un “viejo enemigo de la economía venezolana”. “El intento de controlar referencias cambiarias eliminando páginas (...) no corrige ni la escasez ni las expectativas”, dijo el economista Luis Vicente León. El cese de las intervenciones del BCV “ha permitido aumentar reservas, pero al mismo tiempo ha contribuido a una mayor devaluación del bolívar”.