La Contraloría General de la República (CGR) implementará un mecanismo de rendición de cuentas on line con datos abiertos para la ciudadanía sobre la utilización de los 1.600 millones de dólares previstos por el Gobierno para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. En entrevista con “A Punto”, programa emitido por GEN TV, el contralor Camilo Benítez comentó que las fiscalizaciones ya se iniciaron en una acción conjunta con otras instituciones del Estado. Dijo que los entes que administrarán los fondos tendrán 60 días de plazo para realizar sus rendiciones de cuentas, tal como lo contempla la propia Ley de Emergencia Sanitaria.

“El Ministerio de Hacienda y el Mitic van a implementar una plataforma digital de datos abiertos de toda la información del gasto de este dinero. Esto es superimportante porque ahí nosotros vamos a poder ver a qué entidades se les dio cuánto dinero, y para empezar vamos a saber qué entidad rindió y no rindió cuenta. La ley exige que a los 60 días se presente la primera rendición de cuentas”, mencionó.

Dijo que habrá especial control sobre el uso del dinero por cada institución encargada de administrar los recursos. Citó el caso del Ministerio de Salud Pública al que asignaron US$ 500 millones para esta primera etapa de desembolsos de los millonarios fondos destinados al COVID-19. “Ese dinero, imagino que distribuirán a distintas instituciones para que hagan la ejecución de ese gasto. Toda esa trazabilidad del dinero va a ser de acceso público”, aseguró.

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El contralor explicó que la plataforma ya está terminada y que contó con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “A nosotros nos facilita muchísimo el tiempo en el control porque normalmente pedimos vía una nota que nos asignen los informes de cuánto fue el monto que se les dio y todo es más burocrático. Con esta utilización de datos abiertos todo se hace más eficiente y por sobre todo por dar una participación muy importante a la ciudadanía", indicó.

Benítez resaltó que en este momento hay una activa interacción de la Contraloría General de la República con otros organismos de control dependientes del Poder Ejecutivo, tales como la Secretaría Nacional Anticorrupción y Auditoría de la Presidencia de la República.

“Cada entidad tiene un sistema de control interno, el Gobierno tiene su auditoría interna y tiene su Secretaría de Lucha contra la Corrupción, pero ya depende del Poder Ejecutivo. La Contraloría General de la República es un organismo extrapoder, es designado por el Congreso, el Poder Ejecutivo no tiene intervención en el proceso de selección. Entonces, tiene más autonomía porque solamente puede ser destituido por juicio político y es la entidad fiscalizadora superior del Paraguay. Es decir, nosotros trabajamos en forma coordinada en este momento más que nunca por esta situación de emergencia que tenemos”, sentenció.

En el caso puntual de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), donde hubo denuncias de supuestas sobrefacturaciones en la compra de mascarillas, el contralor Camilo Benítez manifestó que envió dos pedidos de informes a la citada institución a fin de aclarar el caso que se viralizó a través de las redes sociales.






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