Avivados también minan la lista de postulantes a la ayuda monetaria del Estado, destinada a personas en situación de vulnerabilidad. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) reportó que fueron excluidos de la nómina de beneficiarios un total de 68 fallecidos, 298 prófugos de la Justicia y 4.271 recluidos o personas privadas de su libertad.
Los últimos informes indican que hasta el momento unas 136.138 personas fueron admitidas al programa de subsidio Ñangareko, que prevé la entrega de G. 500.000 para compra de alimentos, en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria para mitigar el impacto del COVID-19. De este registro, 89.917 beneficiarios ya fueron confirmados por la institución a las compañías telefónicas, que deberán efectivizar el desembolso. En tanto que 47.032 personas ya retiraron su dinero.
Ñangareko es un programa creado a instancias de la nueva ley y a través del cual se pretende dar cobertura a 330.000 familias en todo el país. El proceso de inscripción, notificación y efectivización de los fondos desató una lluvia de críticas por parte de las familias en condiciones vulnerables y varias personas salieron, incluso, a las calles a manifestarse por el engorroso trámite de anotación y la lentitud en los pagos.
Las inscripciones culminaron el 7 de abril y desde la SEN anunciaron que la próxima semana comenzarán la asistencia en los departamentos restantes que cubrirá el programa.
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Senado iniciará esta semana audiencia con candidatos para la Contraloría
Esta semana, se inician las audiencias públicas para los 49 candidatos a ocupar el cargo de titular de la Contraloría General de la República (CGR) y la subcontraloría para el periodo 2026 - 2030. Las audiencias estarán a cargo de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores.
De acuerdo con el cronograma de las comisiones asesoras, las audiencias públicas se iniciarán el jueves 9 de julio, con diez candidatos para ocupar el cargo de contralor y subcontralor. Las audiencias están programadas para los días jueves y lunes en la Cámara Alta para la evaluación de los candidatos, donde los mismos deberán presentar sus proyecciones, trayectoria, como también la experiencia con que cuentan.
Una vez culminada la audiencia pública con los 49 candidatos inscriptos, las comisiones asesoras deberán conformar las ternas para remitirlas a la Cámara de Diputados, donde se definirá a las nuevas autoridades de la Contraloría General para el siguiente periodo.
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El mandato de las autoridades del ente contralor culmina el 1 de noviembre de 2026, actualmente ocupados por el contralor Camilo Benítez y el subcontralor Augusto Paiva. Benítez se postuló nuevamente para el siguiente periodo y tendría un apoyo importante en el Congreso Nacional.
El Senado recibió las postulaciones desde el 15 al 30 de junio, una vez concluido el periodo de inscripción se procede a la audiencia pública para que los candidatos puedan exponer ante las comisiones asesoras que los evaluará.
Los requisitos establecidos en la Constitución Nacional y en la legislación vigente para la postulación y designación son: “ser paraguayos naturales, haber cumplido 30 años de edad y poseer título universitario en Derecho, Ciencias Económicas, Administrativas o Contables, debidamente visado”.
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Camilo Benítez y Augusto Paiva van por la reelección en la Contraloría
El contralor general de la República, Camilo Benítez, y el subcontralor, Augusto Paiva, presentaron sus documentos ante la Cámara de Senadores para formalizar su postulación para un nuevo período al frente del organismo de control por un periodo de 5 años.
La documentación fue presentada este lunes ante la Secretaría General de la Cámara de Senadores, en el marco del proceso de selección de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República. Al cierre de la jornada, dicha dependencia informó que la lista a la fecha cerró con un total de 31 postulantes inscriptos.
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El proceso de inscripción había arrancado el pasado lunes 15 de junio y concluye mañana martes 30 de junio del 2026. Durante estas dos semanas, los interesados presentaron su documentación para participar en la selección de quienes liderarán la Contraloría General de la República, entidad responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos y velar por la transparencia en la administración estatal.
Luego de entregar sus documentos, el subcontralor Paiva defendió su gestión, resaltando que en este último periodo se logró dejar atrás los conflictos internos que caracterizaron a las administraciones internas. Aseguró que se sienten a la altura de poder continuar en el cargo por un periodo más.
“Creo que, en estos 5 años, con el contralor Camilo Benítez y quien les habla, hemos estado a la altura, de la representación institucional. Además, en 45 ocasiones me desempeñé como encargado de despacho, como contralor interino y hemos enviado centenar de informes al Ministerio Público, al Congreso nacional, en varios casos emblemáticos donde me tocó firmar informes que no generó una situación traumática o con diferencias entre contralor y subcontralor, hemos estado a la altura de las situaciones”, remarcó.
Apunta a la modernización de la CGR
Otro que también presentó sus documentos para participar del proceso de selección para subcontralor es el abogado y economista Rolando Daniel Martínez, perteneciente al movimiento Honor Colorado. El postulante señaló que ya inició conversaciones con diversos senadores para reunir los votos necesarios. Entre sus propuestas, Martínez plantea una modernización tecnológica en la Contraloría y una mayor cercanía con la ciudadanía para facilitar denuncias de corrupción.
Es importante recordar que, en una primera instancia, la Cámara de Senadores deberá elegir dos ternas de postulados, una para cada respectivo cargo; luego remitir a la Cámara de Diputados, que definirá a los nuevos representantes de la Contraloría General de la República. El mandato del actual contralor, Dr. Camilo Benítez, culmina el 1 de noviembre de este año.
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Caso Atome: la inversión no puede construirse sobre un subsidio
- Jorge Torres Romero
Cada vez que se cuestiona el proyecto de la empresa inglesa Atome, aparece el mismo argumento: son más de 665 millones de dólares de inversión, miles de empleos y la oportunidad de convertir a Paraguay en un productor mundial de fertilizantes verdes.
Todo eso suena atractivo. Nadie puede discutir que el país necesita inversiones industriales que agreguen valor a su enorme potencial energético. Pero existe una pregunta mucho más importante que el monto de la inversión: ¿a qué costo para los paraguayos?
El propio James Spalding reconoció que el proyecto depende de una tarifa eléctrica cercana a los 30 dólares por megavatio hora y que, si esa condición cambia, la empresa podría cancelar la inversión.
Es decir, la variable determinante del proyecto no es la tecnología, ni el mercado internacional, ni el financiamiento. Es el precio que pagará por la energía paraguaya.
Atome sostiene que utilizará menos del 2 % de la energía disponible, que generará ingresos permanentes para la Ande y que dejará miles de puestos de trabajo entre la construcción y la operación. Sin embargo, también resulta legítimo preguntarse por qué un emprendimiento privado de semejante magnitud depende de acceder a una tarifa tan específica para resultar viable.
Porque si el precio solicitado refleja realmente el costo económico de suministrar esa energía, la discusión prácticamente desaparece.
Pero si ese precio se encuentra por debajo del costo que enfrenta la Ande para transportar, administrar y entregar esa electricidad, entonces la diferencia no desaparece por arte de magia. Alguien termina absorbiéndola.
Ese es precisamente el cuestionamiento que vienen realizando sectores técnicos y sindicatos de la Ande: la posibilidad de una tarifa preferencial, un tratamiento diferenciado respecto de otros grandes consumidores y el riesgo de que el Estado termine subsidiando indirectamente un proyecto privado.
No se trata de estar en contra de la inversión. Se trata de evitar que la competitividad de una empresa extranjera dependa de recursos que pertenecen a todos los paraguayos.
Pero la seguridad jurídica también exige que los contratos sean sostenibles, transparentes y compatibles con el interés público.
Una inversión no deja de ser buena porque se revisen sus condiciones.
Por el contrario, una inversión sólida debería poder sostenerse sobre reglas claras y económicamente equilibradas.
Si Atome afirma que sin una tarifa cercana a los 30 dólares por megavatio hora el proyecto deja de ser rentable, corresponde determinar con absoluta transparencia si ese precio cubre efectivamente todos los costos de la Ande o si supone un beneficio excepcional respecto de otros consumidores.
Si el negocio es tan extraordinario como se anuncia, debería ser capaz de sostenerse sin que exista la menor sospecha de subsidios, privilegios o tarifas especiales financiadas, directa o indirectamente, por todos los paraguayos. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Líneas internas anuncian reajuste en el precio del pasaje en G. 700 por suba del combustible
La Asociación de Transportistas de Líneas Internas del Paraguay emitió un comunicado anunciando que ajustarán el precio del pasaje en todas sus empresas asociadas del departamento Central y del país ante la suba de precio del combustible.
La tarifa actual del pasaje es de G. 2.800 y el aumento será de G. 700, fijando el nuevo valor en G. 3.500. La medida responde a la suba del combustible y argumentan que trabajan a pérdida y que la situación se ha vuelto insostenible.
Los transportistas afirman que la suba del combustible hace imposible mantener el precio actual y amenazan que dejarán de operar si es que los respectivos municipios no aprueban el aumento solicitado.
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Señalan que recurrirían a un paro de actividades debido a que no reciben apoyo estatal y a la competencia supuestamente desleal atendiendo que ellos no reciben el subsidio como los demás sectores del transporte público.
“La suba repentina del precio del gasoil impacta en nuestra operativa, y el Gobierno tan siquiera nos ha concedido un precio diferenciado en el gasoil”, manifestó en conferencia de prensa el asesor jurídico de la nucleación, César Martínez Téllez.
Por lo tanto, se ven obligados a aplicar el reajuste, indicó. “No imponemos, pero nos vemos forzados a comunicar a la ciudadanía de este reajuste porque ha subido el costo del pasaje en Dinatran, los fletes han subido, incluso las plataformas de transporte han aumentado en más del 30 % su tarifa”, subrayó.
Por su parte, Pastor Cristaldo, representante de los choferes, mencionó que cuando recurren a las autoridades municipales, los concejales e intendentes están más preocupados por su campaña proselitista. Ante esta situación, piden el apoyo de los pasajeros.
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