El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

La diputada Cristina Villalba aseguró que el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto aconseja la aprobación con algunas modificaciones. Aclaró que se mantuvieron los G. 163,3 billones planteados por el Ejecutivo, aunque incorporó reasignaciones para sectores prioritarios.

Entre las propuestas, mencionó un reajuste de G. 500.000 por vínculo para profesionales de la salud pública. Anunció además, que el estudio en particular del PGN 2027 en la Cámara de Diputados está previsto para el 9 de noviembre.

Al término de la sesión de la fecha, la diputada Villalba, quien preside la Bicameral de Presupuesto, explicó que la recomendación es aprobar en general el presupuesto que se mantiene con el monto global que envió el Ejecutivo, incluida la adenda. No obstante, señaló que el dictamen plantea algunas modificaciones en el proyecto de ley ya que se plantean reasignaciones, en las que se han priorizado a los funcionarios de blanco de las diferentes especialidades.

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“Es una es una reasignación de un monto de 500.000 guaraníes. No sé si esto va a satisfacer, pero es a la vez, un gesto de parte de la Bicameral y esto abre una posibilidad de seguir conversando, seguir trabajando todos juntos y por supuesto, es la valoración a todos los profesionales que engloba Salud Pública. Estamos hablando de un número variado de profesionales de diferentes diferentes hospitales”, explicó.

Mencionó que una de las propuesta que se plantea modificar para el presupuesto de Salud Pública es el aumento salarial de G. 500.000 a partir del mes de julio para 28.691 vínculos, en los que están incluidos bioquímicos, odontólogos, trabajadores rurales, sociales; todos aquellos trabajadores que no fueron incluidos dentro de la adenda.

Señaló además, que la lista de las instituciones que también contempla modificaciones en sus presupuestos incluyen al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), Defensoría Pública y la Diben, que recibirá una inyección presupuestaria de G. 10.000 millones por su gran labor misional que viene realizando. La lista incluye también a Senadis y las universidades públicas, así como el Ministerio de Educación con lo que se apunta a reactivar el programa de educación indígena, mediante una inyección presupuestaria de G. 5.000 millones.

“La reasignación presupuestaria para todas las universidades públicas, incluyendo el Hospital de Clínicas, es para cubrir el crecimiento vegetativo e inversiones. En este plan presupuestario a universidades incluye la Universidad Politécnica Paraguay - Taiwán; ya que al inicio los estudiantes viajaban hasta Taiwán para estudiar, pero desde el año que viene ya comenzarán a desarrollar su plan curricular acá en el país en su sede propia en Asunción y el presupuesto es para la designación de docentes”, comentó.

Finalmente, la diputada Villalba confirmó que ya se fijó la sesión de la Cámara de Diputados para el 9 de noviembre, para las 14:00 para el estudio en particular; posterior a eso ya iría a la Cámara de Senadores.

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Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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Personal de blanco, perteneciente a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, anuncia una manifestación para este martes 22 de setiembre. Exigen un reajuste salarial y avanzar en el proyecto de la carrera sanitaria. La movilización está prevista para las 11:00 frente al Ministerio de Salud.

“Hasta el momento, 28 sindicatos y asociaciones asociadas a la Federación estaremos movilizándonos para reclamar un reajuste salarial del 50 % sobre los salarios actuales que abarca a todos los trabajadores del sistema público de salud sin incluir a los médicos”, explicó hoy Gabriel Dadey, del Sindicato de Odontólogos del Paraguay, en el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, piden avanzar en el proyecto de la carrera sanitaria que quedó pendiente luego de que los médicos hayan logrado su objetivo, indicó.

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Mencionó que son aproximadamente 45.000 profesionales, sin contar los médicos. Puntualizó que el monto que se necesita para cubrir dicho pedido sería de USD 103 millones.

Añadió que ya habían presentado su propuesta al Ministerio de Salud, pero no han tenido respuesta. “Nosotros presentamos una nota anteriormente a la Dra. (María Teresa) Barán y a partir del cambio volvimos a presentar la nota a las nuevas autoridades y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta”, señaló.

Por dicho motivo, decidieron recurrir a la manifestación y no descartan otras medidas en caso de no ser escuchados. “La movilización responde a entablar ese diálogo necesario, no solamente con el Ministerio de Salud, sino solicitar hacerlo con el Ministerio de Economía y Finanzas y eventualmente con el Parlamento”, señaló.

En ese sentido, manifestó que esperan contar con un mínimo de 1.000 personas frente al Ministerio de Salud Pública.

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