El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que los procesos aplicados en la capital y en Ciudad del Este dejan un mensaje contundente: ninguna municipalidad, sin importar el signo político, escapa al control ciudadano ni institucional.

“Las intervenciones reflejan que el Congreso tiene la potestad de autorizar la medida cuando la situación lo amerita. La intervención es una herramienta excepcional, pero cuando corresponde se utiliza. Eso deja en claro que nadie está por encima del control”, expresó en comunicación con La Nación/Nación Media. Señaló que la renuncia del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, cambia el alcance del informe elaborado por el interventor Carlos Pereira cuyo objetivo era definir si correspondía o no la destitución del jefe comunal.

“Con la renuncia, el proceso se cerró. El documento queda en el ámbito del Poder Ejecutivo y lo importante ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales”, indicó Gamarra.

Agregó que cualquier situación jurídica derivada del informe deberá ser canalizada a través de los organismos competentes, como la Contraloría, la justicia, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los concejales o incluso los propios ciudadanos mediante denuncias.

Al comparar los casos de Asunción y Ciudad del Este, Gamarra resaltó que se trató de procesos políticos diferentes, pero que ambos confirman la vigencia de los mecanismos de control sobre las instituciones municipales, sin importar el signo político.

La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación presentó este miércoles sus conclusiones y recomendaciones tras evaluar el sistema que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prevé adquirir para futuros comicios. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Samaniego, informó que el análisis incluyó aspectos técnicos, operativos y de seguridad, así como las implicancias financieras de la operación.

“En cumplimiento de nuestras funciones, evaluamos integralmente las dimensiones técnicas y operativas del sistema de votación electrónica, con el objetivo de verificar su idoneidad para su implementación en los futuros procesos electorales”, declaró Samaniego.

El TSJE estima una inversión de USD 92 millones para la compra de los equipos, monto que incluiría el control total del hardware y software, disponibilidad permanente para auditorías y mayor soberanía tecnológica. En tanto, si se recurriera al arrendamiento, como en años anteriores, se tendría un menor costo inicial y actualización garantizada, aunque conlleva dependencia del proveedor y restricciones de acceso fuera del periodo contractual.

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En cuanto a la idoneidad técnica, la comisión concluyó que el sistema de votación electrónica con boleta única es “una opción tecnológicamente avanzada para modernizar el proceso electoral nacional”, según Samaniego, gracias a su diseño robusto, auditoría física y digital, y funcionamiento sin conexión externa.

Sin embargo, advirtió sobre riesgos como la manipulación mediante dispositivos externos, por lo que instó a adoptar medidas de seguridad alineadas con estándares internacionales, auditorías multipartitas y control permanente.

Entre las recomendaciones, manifestaron la necesidad de la realización de pruebas de penetración y hacking ético antes de la adquisición y previo a cada elección; la inclusión de técnicos de partidos, organizaciones ciudadanas y los parlamentarios en el desarrollo y evolución del software; y la incorporación de restricciones que impidan activar el programa oficial antes de la fecha y hora establecidas por ley.

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Asimismo, propuso que todos los documentos generados por las máquinas, boletines, actas y certificados, incluyan fecha, hora exacta e identificador único impreso, y que se implemente una cadena de custodia para hardware, software y documentos electorales, reforzando así la seguridad y legitimidad de los procesos.

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) convoca a los diferentes movimientos internos de la Asociación Nacional Republicana a la inscripción para participar del control del proceso electoral con miras a las Elecciones Municipales 2025. En tal efecto se estableció el plazo del 11 al 25 de agosto estará habilitada la mesa de entrada del TEP en el horario: 07:00 a 13:00 hs (lunes a viernes).

En comunicación con La Nación/Nación Media, el secretario ejecutivo del TEP, el doctor Rubén Rolón, explicó que esta inscripción habilitará a los distintos movimientos a ser observadores, y poder realizar cualquier tipo de tachas al proceso electoral, que inicia en breve con la elaboración del padrón electoral.

Aclaró que será entre diciembre y enero del próximo año, recién el periodo de inscripción de movimientos que presentarán candidaturas.

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Con el auge de la criptominería en el país, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tiene que lidiar con una problemática que va en crecimiento: el hurto de energía eléctrica con conexiones clandestinas en todo el territorio nacional.

Esta situación no solo ha generado pérdidas económicas significativas para esta empresa, sino que también ha generado una sobrecarga a la infraestructura existente, afectando la calidad del suministro para los consumidores regulares.

Con el objetivo de disminuir el hurto de energía, se ha implementado tecnología avanzada y análisis de datos para identificar los puntos de alto consumo; así también se utilizan drones para inspeccionar las líneas de distribución, buscando anomalías y conexiones directas, y se han desarrollado proyectos de detección automática con inteligencia artificial.

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Según los informes presentados por la empresa, solo en el 2024, la Ande ha ejecutado la intervención de 33 conexiones irregulares del tipo criptominería en varios departamentos del país, en las que se pudo desconectar 89.424 kVA de potencia instalada en los sitios y, ya haciendo uso de lo establecido en la Ley 7.300/2024, ha procedido a la incautación de los equipos que eran utilizados para el hurto de energía.

En el período 2019 a 2025, fueron incautados 13.358 procesadores y 66 transformadores de distribución de diversas potencias. De estas cantidades, 2.462 procesadores y 21 transformadores se encuentran resguardados en la Ande, mientras que 4.213 procesadores y 27 transformadores se encuentran resguardados en el Ministerio Público.

Finalmente, señalaron que se encuentran en la Fiscalía 91 causas penales por sustracción de energía eléctrica. Gracias a la utilización de tecnología avanzada, la modificación de marcos legales y la colaboración interinstitucional, desde la Ande anunciaron que han logrado un resultado auspicioso en la reducción de las pérdidas eléctricas en 2 % en el último año.

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