El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

Te puede interesar: González Vaesken confirma su precandidatura para pujar por la intendencia de CDE

El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

Lea también: Recuperación de Copaco no es posible solo con ingresos por servicios, dice Stark

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó 1.725 fiscalizaciones de julio 2024 a julio 2025, que permitió la protección efectiva de los derechos de más de 88.000 trabajadores en distintos sectores económicos.

Las acciones se distribuyeron en varios tipos de intervención. Se desarrollaron un total de 343 fiscalizaciones con órdenes de inspección, enfocadas en verificar condiciones laborales, cumplimiento salarial y normas de seguridad ocupacional.

Se concretaron 267 inspecciones en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, se impulsaron 18 actuaciones conjuntas con el Instituto de Previsión Social (IPS), orientadas a detectar y regularizar a trabajadores no registrados en el seguro social.

Leé también: Cafym: continúan conversaciones con Argentina, pero evalúan alternativas con Uruguay

A nivel nacional se desplegaron 691 verificaciones en instituciones educativas dentro del programa Hambre Cero, que promovieron la formalización de más de 21.000 trabajadores del sector.

Igualmente, se implementaron 406 controles en el marco de la campaña “Feriado Paga Doble”, destinados a garantizar el pago correcto de salarios en días feriados, especialmente en comercio y servicios. Estas intervenciones se concentraron en áreas estratégicas como comercio, gastronomía, construcción, transporte y educación.

Desde el Ministerio de Trabajo explican que en muchos casos, las fiscalizaciones derivaron en la formalización inmediata de trabajadores, la corrección de incumplimientos y la adopción de medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.

El plan incluyó además el fortalecimiento institucional de la cartera, a través de la capacitación continua de los equipos técnicos, modernización de procedimientos administrativos e incorporación de herramientas digitales, para garantizar mayor trazabilidad y transparencia.

También se impulsó un enfoque territorial, llegando a zonas de alta informalidad y trabajando de manera coordinada con gobiernos locales, gremios empresariales y organizaciones sindicales, informó el Ministerio de Trabajo.

Como parte de los trabajos emprendidos por la Mesa de Trabajo sobre la situación de los trabajadores del transporte que se produjo en la Cámara de Diputados, este viernes el equipo técnico del Viceministerio de Transporte expuso los criterios y mecanismos de control que forman parte de la gestión institucional.

Te puede interesar: Innovación y seguridad, temas abordados en el día 2 de la Convención Bancaria

Según expusieron los datos actuales, hoy día 35 empresas cuentan con permiso para operar el servicio de transporte metropolitano, empleando en conjunto a 3.621 trabajadores.

Aclararon que para operar el servicio se deben cumplir los requisitos financieros, laborales y operativos establecidos en la normativa vigente, como :

• el pago de aportes a la seguridad social
• la presentación de nóminas actualizadas de choferes y funcionarios,
• la disponibilidad de dos trabajadores por cada bus operativo
• la acreditación de no poseer restricciones legales que impidan su funcionamiento

“El equipo técnico estuvo conformado por la coordinadora jurídica, Abg. Mónica Gubetich; el director de la Metropolitana de Transporte, Ing. Rolando González; el jefe del Departamento de Análisis y Estudios Técnicos, Fernando Haidar; y el asesor jurídico del VMT, Abg. Renzo Cristaldo”, indicaron.

Agregaron que la reunión concluyó con el compromiso del Viceministerio de Transporte de seguir aportando información técnica y de acompañar los espacios de diálogo que garanticen mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector, en el marco de un sistema de transporte más eficiente y orientado al bienestar de los usuarios.

Leé también: Productores de azúcar denuncian incremento descontrolado del contrabando

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) reglamentó el reajuste de los sueldos y jornales mínimos para trabajadores del sector privado en todo el territorio nacional, incluyendo actividades expresamente previstas y profesiones escalafonadas.

La medida comenzó a regir desde el pasado 1 de julio y responde a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó un 3,6 % a junio de este año.

La resolución 677/2025 incluye el ajuste de salario mínimo diferenciado para ocupaciones específicas que, por sus particularidades técnicas y organización sectorial, históricamente cuentan con escalas salariales propias como resultado de acuerdos entre las partes representadas.

Leé también: Economista afirma que duplicar el PIB en 10 años es posible: “Hay condiciones”

Entre las actividades económicas que deben reajustarse a partir de julio se encuentran: carpinterías y mueblerías, oficiales de primera, segunda, medio oficial y ayudantes, con sueldos que oscilan entre G. 2.931.901 y G. 3.197.224.

Albañilería y construcción: oficiales de obra de primera y segunda categoría, y peones, con sueldos actualizados que van desde G. 2.928.049 a G. 3.390.579.

Cocina y gastronomía: primer cocinero, segundo cocinero y auxiliares de cocina, cuyos salarios varían entre G. 2.899.048 y G. 3.022.642

Seguridad y vigilancia privada: guardias, serenos y vigilantes, con remuneraciones establecidas en proporción a la jornada diaria contratada, desde 8 hasta 12 horas, partiendo de G. 2.899.048 hasta G. 4.348.572.

Además de estos rubros, el reajuste alcanza a otras categorías comprendidas en sectores como la industria manufacturera, transporte terrestre y fluvial, servicios, comercio, construcción naval, medios de comunicación, panaderías y confiterías, entre otros.

Te puede interesar: Paraguay será sede de congreso internacional sobre Estado y administración pública

El MTESS recuerda a los empleadores que la publicación visible de los nuevos salarios mínimos es obligatoria en los centros de trabajo, conforme a la actividad económica registrada ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Registro Obrero Patronal del Ministerio.