En los dos últimos meses, Daniel Pereira Mujica, sucesor del intendente destituido Miguel Prieto lanzó licitaciones por G. 17.000 millones, compras cuya pertinencia llama poderosamente la atención, ya que aseguran contratos plurianuales por montos exorbitantes con productos de almacén como el caso de papel higiénico, papeles y útiles de oficina, botellones de agua mineral, etc.

Los llamados a licita­ciones de compras que realizó Daniel Pereira Mujica, reemplazo de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este en los últi­mos dos meses, no reflejan los principios de Contrataciones Públicas de pertinencia, pre­cios y ofertas competitivas.

Pereira Mujica que hace unos días delegó el cargo a Pedro Acuña, exsecretario y excon­cejal leal a Prieto se encuen­tra en plena campaña prose­litista con miras al siguiente periodo municipal. En este contexto, al igual que su antecesor Prieto apuró lici­taciones que aseguran jugo­sos anticipos en los negocios con la municipalidad.

Un dato no menor es que los llamados principalmente son para compra de productos de almacén cuyos montos supe­ran exponencialmente a inver­siones en infraestructura, equipamientos para el rubro educativo, la salud que cons­tituyen una gestión priorita­ria para cualquier comuna que busque mejorar las condicio­nes de vida de sus pobladores.

Un recuento de los llama­dos de la administración de Pereira Mujica de los últi­mos dos meses suma G. 16.910.434.969 y básicamente son gastos en minutas, nada urgente para solucionar los problemas estructurales. Es así como la Municipalidad de Ciudad del Este a cargo de Prieto y sus amigos pre­vén cifras millonarias para compras de papel higiénico, insumos, papelería, útiles de oficina, botellones de agua mineral, equipos informá­ticos, alquiler de software, una reciente convocatoria para adquisición de camio­nes y motocicletas.

De forma inaudita los llama­dos para compra de los men­cionados insumos de higiene, limpieza, agua mineral son para contrataciones plu­rianuales. Todos los contratos aseguran un anticipo del 10 % al momento de la firma, esto genera de entrada pagos por G. 1.700 millones por parte de la Municipalidad del Este.

La práctica que ejecutó Pereira Mujica y que conti­núa el exsecretario de Prieto es un esquema instalado por el exintendente en la institu­ción. Recordemos el ordeñe de recursos mediante contratos direccionados, generosos anti­cipos que hicieron durante la administración Prieto con la simulación de procesos lici­tatorios gracias a sus amigos, leales, parejas, exparejas, comisiones vecinales fraudu­lentas manejadas, etc.

Todo indica que el esquema de desvío de fondos públicos en Ciudad del Este que había confirmado el equipo inter­ventor el año pasado, sigue gozando de buena salud. O cómo se explica el derroche en algunos insumos como la compra de al menos 61.600 rollos de papel higiénico que, entre otros insumos desti­nará un presupuesto de G. 2.000 millones con una con­tratación plurianual.

Mismo caso es el festín de recursos con la compra de botellones de agua mineral. La licitación que habilita un tope de G. 1.000 millones de forma plurianual se traduce en la adquisición de al menos 72.000 botellones de 20 litros o 520.000 botellitas de medio litro. Esta cantidad, con­forme a la plurianualidad y los días hábiles de trabajo esta­blecidos en la municipalidad, sin descontar feriados, asue­tos ni jornadas de huelga, etc., equivale por lo bajo al sumi­nistro de 145 botellones de 20 litros cuyo consumo exigirá una masiva visita de contri­buyentes a la institución.

Un reciente llamado es para la compra de 7 camiones a G. 825 millones cada uno apro­ximadamente y 6 motocicle­tas a G. 23, 3 millones. Esta convocatoria fue publicada el 8 de junio pasado y es por valor de G. 5.911 millones. Sin embargo, el 19 de mayo último, tres semanas antes habían licitado más de un centenar de repuestos para camiones, vehículos livianos y demás maquinarias.

El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.

Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.

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El incidente presentado por la defensa, menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución, ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.

Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.

Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.

De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.

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Miles de trabajadores marcharon este miércoles en el centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que evalúa decretar un estado de excepción para contener las protestas que empezaron hace cinco semanas.

“¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, gritaban los campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas que avanzaron por las calles de La Paz, sede del gobierno, entre el ruido de petardos.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Algunos quieren vender, destrozar al país. Y como bolivianos verdaderos no los vamos a dejar”, dijo a la AFP Omar Hancco, minero de 44 años de Oruro (sur), que viajó más de 380 kilómetros para protestar.

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Vestidos con ponchos, algunos usando cascos, los huelguistas intentaron llegar a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, pero fueron fácilmente dispersados por policías antimotines con gases lacrimógenos.

Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por “narcoterroristas” y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción.

Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, claves para protestar, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país.

En La Paz y la vecina El Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados y algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras.

Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de 1.200 millones de dólares. Los principales sindicatos en protesta han rechazado los llamados al diálogo del gobierno.

• Fuente: AFP

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En una rápida movida ubicaron como intendente de Ciudad del Este a Pedro Acuña, secretario del destituido Miguel Prieto y denunciado como principal articulador del esquema de coima en el caso de la costanera Ñande Renda. El concejal Acuña, hoy intendente exprés, está investigado por la presunta retención del 10 % de cada orden de pago liberada al contratista.

En Ciudad del Este cie­rran filas para man­tener en la sucesión de cargos a serviles en el esquema corrupto instalado por el des­tituido intendente Miguel Prieto.

Dieron paso a Daniel Pereira Mujica para que salga a hacer su campaña proselitista y reubicaron al concejal Pedro Acuña, secretario de Prieto, como intendente de Ciudad del Este. En condiciones norma­les el hecho pasaría desaperci­bido, sin embargo, el prontua­rio y las denuncias que pesan sobre el reasignado exprés generan muchas sospechas de su gestión. Acuña es un leal de Prieto, primeramente, secretario suyo en la municipalidad, luego privilegiado como con­cejal. Es uno de los discípulos del exintendente destituido por corrupción que de vivir en una pequeña piecita alqui­lada pasó a ostentar los lujos después de involucrarse en la gestión de Prieto. Acuña pasó a la fama con el sonado caso de la construcción de la costanera Ñande Renda que había sido denunciada ante el Ministe­rio Público como una contrata­ción sobrefacturada por valor de G. 13.000 millones.

Las investigaciones del caso develaron que detrás de los serios indicios de desfalco con precios inflados operó un esquema de coima que retenía porcentajes de los pagos y en el que Acuña está sindi­cado como uno de los prin­cipales articuladores, según testificó el mismo contratista adjudicado, Enrique Vázquez. Filtraciones de audios habían colocado por este caso en el ojo de la tormenta al secretario de Prieto. Las grabaciones difun­didas en su momento revela­ron cómo apretaron al provee­dor y cómo lo condicionaron a despojarse de parte del dinero que le correspondía por el con­trato de obras que se adjudicó.

El empresario Vázquez no escatimó su testimonio. Brindó detalles de la presunta operación de coimas con la adjudicación de la mencionada costanera y hundió a los leales de la administración Prieto.

Vázquez mencionó que Prieto se cuidó muy bien de no apa­recer en el esquema. Dijo que habló pocas veces con el exin­tendente y que las conversa­ciones sobre la logística de la obra y del manejo del dinero era con los secretarios. Pedro Acuña y Víctor Lugo, princi­palmente fueron sindicados por el empresario como los chicos 10 %.

“Lugo y Acuña me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al banco y ellos me esperaban afuera del banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la costa­nera Ñande Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”, señaló el empresario en su testifical.