Ni validando las facturas que la Dirección de Impuestos Tributarios identificó como falsas se puede respaldar la compra de mercaderías por parte de Miguel Prieto en el esquema Tía Chela. En el intento de defender la entrega los involucrados presentaron facturas emitidas por contribuyentes ficticios, con fechas posteriores al acta de recepción de los kits de alimentos y ni validando todo esto los comprobantes alcanzan a justificar la provisión establecida en contrato y por la cual la administración Prieto pagó G. 2.949 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

De forma burda, pero a la vez absurda, el exintendente de Ciu­dad del Este destituido por corrupción, Miguel Prieto intenta zafar del esquema de desvío de fondos más emble­mático del país durante la pandemia, conocido como Tía Chela. Las pruebas documentales que recolectó el Ministerio Público para sentar al exjefe comunal en el banquillo de los acusados por lesión de confianza y aso­ciación criminal, son de fie­rro y demoledoras.

La Fiscalía comprobó que, además del proceso fraguado de una adjudicación por G. 2.949 millones para la provi­sión de 25.000 kits de víveres a una despensita que no tenía las mercaderías ni la capaci­dad financiera, los alimen­tos no fueron distribuidos a los beneficiarios porque el stock no existió y hubo com­pras fueron ficticias.

Maniobraron una compra por urgencia impostergable sin la debida justificación, utilizando a padre e hijo como potenciales oferentes, adjudicaron millonario con­trato a una despensita que no tenía stock de alimentos y ante la evidente inexistencia de la totalidad de las merca­derías, armaron una cadena de compra-venta ficticia para justificar la provisión, según la Fiscalía.

Tía Chela presentó facturas de una treintena de subpro­veedores para justificar su stock. Declaró facturas de compra de mercaderías entre los que incluso figuraban comprobantes expedidos a nombre de otra razón social en el apuro que le generó la justicia. Las facturas de com­pra de stock presentadas por Tía Chela, según el cál­culo del Ministerio Público suman G. 2.628.722.663. Sin embargo, la operación de compra de la Municipalidad de Ciudad del Este fue por G. 2.949.650.000, de entrada, ya había una diferencia de G. 320 millones.

El dato relevante en el combo de facturas de compra que presentó Tía Chela es que no contaba con ingresos oficia­les que pudieran demostrar el financiamiento de las com­pras. “Sus ingresos percibidos no le permitían realizar esa inversión significativa. Con­taba con una sanción de inha­bilitación de cuentas por una entidad bancaria e incluso registraba operaciones moro­sas”, subraya el Ministerio Público en su acusación.

En la cadena de facturas que construyeron fueron identifi­cados contribuyentes ficticios, según los cruzamientos docu­mentales que analizó la Direc­ción Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). En este esquema tanto Tía Chela como una de sub proveedo­ras, Vanessa (Vanemi) Floren­tín, expareja de Prieto y actual funcionaria de la Municipali­dad de Ciudad del Este, pre­sentaron facturas falsas, se remarca en la mencionada acusación. Según los deta­lles de compr bantes, Vanemi colaboró con 4 facturas fal­sas en el intento de justificar inventario de mercaderías por venta simulada por valor de G. 700 millones que rea­lizó a Tía Chela. Pero, capaz lo más alevoso de la situación sea la desprolijidad en la fabri­cación de facturas para jus­tificar el stock inexistente. Y en este contexto presentaron facturas de compra de merca­derías que son posteriores a la fecha del acta de recepción de los kits firmados por la admi­nistración Prieto.

“Las facturas presentadas por Tía Chela SRL y los subpro­veedores presentan notorias inconsistencias que reflejan operaciones ficticias o inexis­tentes, e incluso se contrapo­nen con las documentaciones institucionales, por las cuales se deja constancia de la recep­ción total de mercaderías los días 27/03/2020 (15.000 kits) y 13/04/2020 (10.000 kits). Esto se debe a que parte de las mercaderías proveídas supuestamente a la comuna, fueron adquiridas con poste­rioridad a las fechas de recep­ción señaladas, ello nos revela una ausencia de stock de mer­caderías y la inexistencia de las mismas, no obstante, a pesar de ello fueron tenidas como recepcionadas por parte de la institución”, refiere la acusación fiscal.

El documento del Ministerio Público remarca que esto “evi­dencia que estas documenta­ciones donde los funcionarios municipales dejan constancia de la recepción de estos kits, no se compadecen con la reali­dad y que fueron redactadas al solo efecto de cubrir la ausen­cia de contraprestación total de lo proveído por la empresa Tía Chela conforme a lo pac­tado en el contrato, firma que debió proveer de 25.000 uni­dades de kits de alimentos, lo cual se traduce en un perjuicio económico a la institución por valor de G. 2.130.036.160 por­que finalmente no se recibie­ron mercaderías de acuerdo a la cantidad establecida con­forme a lo pagado en el con­trato G. 2.949.650.000”.

La exsenadora de Alto Paraná, Georgia “Nani” Arrúa, cuestionó públicamente la declaración de gastos de campaña presentada por Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente de Ciudad del Este por el movimiento “Yo Creo” del destituido exintendente Miguel Prieto. La exlegisladora planteó la necesidad de contrastar los montos reportados de manera oficial con el millonario despliegue publicitario que se observa diariamente en las calles, medios de comunicación y redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, Arrúa enfatizó que la legislación sobre financiamiento político exige absoluta transparencia en el origen y destino de los fondos. La exparlamentaria sostuvo con firmeza que “la honestidad se demuestra” y remarcó que el verdadero compromiso ético de un aspirante no se mide por discursos, sino comparando las Rendiciones de Cuentas ante la Justicia Electoral con la realidad operativa.

De acuerdo con los datos expuestos por la exsenadora, Pereira Mujica declaró un presupuesto de apenas G. 100 millones para su campaña, compuesto por G. 20 millones en ahorros propios y G. 80 millones atribuidos a donaciones de siete personas cuyos nombres no fueron especificados. En contraposición, remarcó que el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto “Rigo” Chamorro, reportó recursos por G. 950 millones, distribuidos en G. 750 millones de fondos propios y G. 200 millones depositados en el sistema financiero.

“Cuando los números no cierran, ahí está la respuesta a quién nos dice la verdad y quién no”, sentenció Arrúa. La dirigente instó a la ciudadanía a evaluar la coherencia entre el informe presupuestario y el gasto real en mítines, cartelería, pantallas en la vía pública, indumentaria, calcomanías y movilizaciones logísticas en la capital altoparanaense.

El cuestionamiento cobra mayor peso político dado que Pereira Mujica es la figura clave del equipo del exintendente Miguel Prieto, a quien reemplazó interinamente en el cargo tras las elecciones de octubre de 2025 y cuya administración busca dar continuidad. Prieto atraviesa actualmente un juicio oral por supuesta lesión de confianza de G. 2.130 millones en el caso “Tía Chela”, al que se le suma la apertura de un segundo proceso por presunto perjuicio de G. 306 millones en la causa “Tajy”.

En medio de este convulsionado escenario judicial y político, Arrúa puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña en la capital del décimo departamento. La exlegisladora dejó abierta la interrogante sobre si las cifras rendidas por la agrupación “Yo Creo” reflejan un sustento real o si ocultan un desfasaje frente al ostensible despliegue territorial.

El Ministerio Público inició la lectura de las pruebas documentales en el marco del juicio contra Miguel Prieto y otros acusados.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta Miguel Prieto, exinten­dente de Ciudad del Este, acusado por lesión de con­fianza y asociación crimi­nal tras el presunto desvío de G. 2.130 millones de las arcas municipales en el caso conocido como “Tía Chela”, el Ministerio Público ya ini­ció la producción de las pri­meras documentales que estarían comprometiendo al exjefe comunal esteño y a los demás acusados en el presente caso.

Los fiscales procedieron a la lectura de varios documen­tos, entre ellos el contrato que firmó la firma Tía Chela con la Municipalidad de Ciu­dad del Este.

Asimismo, se dio lectura a las actas de los procedi­mientos de verificación entregadas por Tía Chela a la comuna esteña, eviden­ciando que ninguna coinci­día con la mercadería adqui­rida por la empresa, entre otras irregularidades.

La audiencia oral proseguirá el próximo 29 de setiembre a las 11:00 de la mañana con la producción de más pruebas documentales.

El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está integrado por Ana Rodríguez, Yolanda Morel y Karina Cáceres. Además de Prieto, están acusados Francisco Rai­mundo Arrúa Álvarez, en calidad de autor, mientras que Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña y Cirle Elizabeth Flo­rentín Páez fueron acusados en calidad de cómplices.

La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.