Luego de decretar el aislamiento para mitigar avance del COVID-19 en el país aumentaron de denuncias de violencia intrafamiliar, tanto al 137 como a la Policía Nacional 911. Ante esta situación, se convocó a una reunión a través de la plataforma digital, para analizar el estado y procesos de componentes con el Ministerio de la Mujer y Especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la reunión se abordó sobre la ampliación de la línea 137, que recibe denuncias de casos de violencia intrafamiliar las 24 horas. Igualmente se evaluaron el estado y los procesos de componentes del Programa con el Ministerio de la Mujer.
El Ministerio Público relevó los datos cuantitativos acerca de los registros de casos y hechos ocurridos en torno a la violencia familiar. Al 28 de marzo del año 2020 se relevan 2028 casos; un aumento que equivale a 72 casos diarios.
La Fiscalía General del Estado creó la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar (Doméstica). Dicha unidad tiene competencia para investigar los casos de Violencia Familiar. La Fiscalía podrá indagar ilícitos que ocurran en Asunción, inicialmente.
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Conatel informó a comisión del Senado sobre 290 prestadoras de internet
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó este jueves, ante una comisión especial de investigación del Senado, que a nivel nacional existen 290 prestadoras que ofrecen el servicio de internet y 5 grandes operadoras de telefonía e internet. Al término de la reunión, el senador Dionisio Amarilla admitió que no dimensionaba la magnitud de las denuncias de los consumidores hasta que recibió este informe.
Mencionó que en la primera sesión se dio a conocer una de las denuncias recibidas por los legisladores, con copia del contrato de adhesión de la empresa proveedora. Amarilla preside la comisión para el control de los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las empresas de telefonía celular, internet y servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.
El legislador, quien preside dicha comisión, expuso como ejemplo de las denuncias que ya comenzaron a recibir, el caso de un usuario de internet en Itapúa que dejó de tener el servicio en marzo pasado por no pagar su cuota ese mes. Indicó que ahora, en agosto quiso recuperar el servicio, pero la prestadora le exige el abono de los cinco meses siguientes a la cancelación.
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“Nos enteramos de que es la Conatel la que aprueba estos contratos. No dimensionaba la magnitud del problema hasta que recibí el informe de la Conatel. Entonces, estamos comenzando recién los trabajos en la comisión”, expresó.
Informó que ya tienen aprobado el formulario para recibir las denuncias que estará disponible en la página web del Senado, en la sección de la Comisión de Abusos de las Telefónicas. Instó a las personas a presentar sus denuncias sobre situación de abusos por parte de las prestadoras de servicio de internet o telefonía.
“Ahí podrán señalar el tipo de abuso que han pasado, además de proveer algunas informaciones básicas, creo que con el correr de los días la gente va a encontrar que es amigable. Así que les aliento a animarse a presentar sus denuncias”, acotó.
Solución amigable
El senador Amarilla indicó que comenzará a trabajar con Conatel sobre estos casos, aclaró que la intensión no es juzgarle a las operadoras; sino que la intensión es resolver de manera amigable los problemas de la gente.
“Que los contratos de adhesión sean revisados por Conatel, sean corregidos y se eviten el origen de estos abusos y que por sobre todo se garantice la calidad del servicio que prestan las operadoras.
Finalmente, señaló que los trabajos están comenzando y que podría llevar al menos 6 meses, para ir revisando todos los casos que se presenten, así como las informaciones que ya proveyó y seguirán proveyendo la Conatel.
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Contraloría Ciudadana pide avances a la Fiscalía en las denuncias penales contra Prieto
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este requiere a la Fiscalía avanzar en las denuncias penales presentadas por la organización no gubernamental contra el intendente Miguel Prieto, que cuenta con 49 casos por corrupción en su administración en la Municipalidad de Ciudad del Este, actualmente bajo intervención.
“En este proceso que estamos llevando adelante, a nosotros nos parece que la Fiscalía es muy lenta, ya que están comprobadas las irregularidades, los actos de corrupción que hizo Prieto en su administración. El intendente tiene solo dos imputaciones de las 49 denuncias en su contra”, indicó Magdalena Montiel, vocera de la agrupación civil, en una entrevista con radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños. “Las acusaciones son en base a documentos contundentes que fueron presentados. Prieto está perdiendo bastante fuerza, construyó su imagen política sobre las mentiras y, cuando estas fueron descubiertas, fue mermando la preferencia de la gente hacia él. Es un mesías y líder falso ya que en los primeros tiempos de su administración ya cometió hechos de corrupción“, refirió.
Antecedentes
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del movimiento Yo Creo está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500, en el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
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Diputados hablan de “acto de alta traición” y piden que EE. UU. intervenga
“De ser necesario, hay que darle participación al Departamento del Tesoro de EE. UU. para que tome intervención en este caso. Si esto es verdad, no hablamos solamente de corrupción, sino de un acto de alta traición a la patria en sus horas más oscuras, y eso no tiene perdón ni de la Justicia, ni de Dios”, enfatizó el diputado Rodrigo Gamarra durante el espacio de oradores de la sesión ordinaria de Diputados.
Algunos legisladores expusieron las graves denuncias que pesan contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre cuentas millonarias en paraísos fiscales.
Gamarra agregó que este caso no puede tomarse a la ligera, ya que no se trata de un simple caso más, sino que posiblemente se constituya en el robo institucionalizado más grande y descarado de la historia del país.
Indicó que, de acuerdo a la investigación periodística que se realizó en la Argentina, y no en el Paraguay, hablan de dos cuentas offshore, que estaría superando 7 veces más el patrimonio declarado por el exmandatario al finalizar su mandato.
Recordó que la información provino del extranjero, y que, por tanto, ni el gobierno actual, ni el Partido Colorado o el movimiento Honor Colorado han tenido participación en el asunto.
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“Es una publicación que hizo un medio argentino, y que luego de publicado se hicieron eco los medios de prensa locales. Es decir, no hay ningún tipo de intervención desde el partido, o el movimiento, ni siquiera del país, como algunos quieren pintar para tratar de tapar esto que sale a la luz”, comentó.
Insistió, además, en que como cuerpo legislativo deben exigir a la Fiscalía, a la Seprelad, a la Contraloría y a todo organismo de control que investigue y aclare esta situación.
EE. UU. debe tomar cartas en el caso
También el diputado Yamil Esgaib señaló que espera que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano tome igualmente cartas en el asunto. “Así como ocurrió con algún compatriota en algún momento, que al tocar los dólares y moverlos de manera ilegal los Estados Unidos tienen derecho de venir y llevarlo de la oreja, si quiere”, enfatizó.
Agregó que la Cámara de Diputados no puede dejar pasar una denuncia tan lamentable que se ha divulgado a través de la prensa extranjera, que nuevamente está poniendo en una situación desagradable al país, por causa de políticos corruptos.
Indicó que esta investigación periodística que se hizo en el vecino país vino a confirmar lo que ya desde hace un tiempo venían denunciando, sobre los hechos de corrupción en el gobierno anterior.
“Hoy están desesperados y asustados por una denuncia, que estoy convencido de que es cierta, y que debe haber más cuentas en paraísos fiscales. Porque acá no solo se robaron 21 millones de dólares, acá se robaron miles de millones de dólares. Esos 21 millones seguramente fue la colita de cuando ya se iba y que están a nombre de Mario Abdo y su señora”, comentó.
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Diputados piden informe sobre cumplimiento de ley que rige sobre el transporte público
El diputado colorado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno que se apruebe la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público, dependiente de Obras Públicas, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789.
La iniciativa que fue aprobada sobre tablas hace referencia a la legislación vigente desde el 2021, por la cual establece la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la Ley.
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El objetivo de esta ley vigente es establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las leyes vigentes.
Al respecto, el legislador argumentó que este pedido de informe surge en respuesta al significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.
Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto.
“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, explicó ante la plenaria el legislador proyectista.