Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.

En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.

“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.

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Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.

Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.

Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.

Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.

Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.

“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.

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Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) emitió el informe mensual del “Fono Ayuda 147″ que revela que en el mes de marzo recibió un total de de 676 denuncias sobre vulneración de 1.365 menores de edad (niños y adolescentes). La mayor cantidad de reportes fue por violación del deber de cuidado y maltratos.

Según el informe emitido por la institución, los más afectados fueron menores de la primera infancia entre 0-8 años, que representa el 53 % de los casos y se considera el grupo más expuesto.

La denuncias más recibidas fueron por violación del deber de cuidado con 617 niños afectados, le sigue maltrato con 475 casos, luego menores que se encuentran bajo riesgo social donde se apuntaron 209 situaciones y 127 niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

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La lista sigue con los casos de abuso sexual donde se vieron afectados 116 niños y adolescentes. También se reportaron situaciones de trabajo infantil en comunidades 24; menores extraviados o desparecidos con 13 casos, explotación sexual con 8, y finalmente cinco casos de menores que quedaron huérfanos por feminicidio.

Los datos indican la cantidad porcentual de los niños y adolescentes, esto según el rango de edad de los que se vieron afectados por algún hecho punible: el 53 % corresponde a los niños de 0 a 8 años o primera infancia; el 27 % niños y niñas de 9 a 13 años; y el 20 % corresponde a adolescente de 14 a 17 años.

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La fiscalía de Colombia anunció la apertura de una investigación por acoso sexual en la popular cadena televisiva Caracol, un caso que hizo eco en otros medios y destapó un “Me Too” en el periodismo colombiano. Caracol anunció el mismo día la salida de dos periodistas y presentadores de su noticiero denunciados por presunto acoso sexual. Se trata del principal conductor de la edición nocturna del noticiero con más rating del país, Jorge Alfredo Vargas, y el subdirector y reconocido reportero de deportes, Ricardo Orrego.

Con el escándalo, decenas de mujeres que trabajaron en ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria. Más de cien mujeres periodistas señalaron en una carta al director del sistema de medios públicos, Hollman Morris, de intimidar a la activista por los derechos humanos Lina Castillo, que lo denunció en redes sociales por abuso sexual en 2019, cuando el político era concejal de Bogotá.

Morris, que conforma el círculo de confianza del presidente izquierdista Gustavo Petro, acusó a la mujer ante la justicia por supuesta injuria y calumnia, en un proceso que la fiscalía comenzó a investigar en 2023. El ente acusador informó que asignará a una nueva fiscal especializada en género para tratar este caso en el que Morris aparece como víctima.

Las denuncias generaron una ola de comentarios en las redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, que se volvieron virales. Colombia tiene un poderoso movimiento feminista que ha conseguido logros como la despenalización del aborto por cualquier causal en 2022.

Decenas de periodistas colombianas han denunciado en los últimos días casos de abuso sexual por parte de compañeros y jefes de trabajo, un movimiento que se hizo viral en redes sociales con los hashtag #MeTooColombia y #YoTeCreoColega. El viernes pasado, la famosa cadena Caracol anunció la activación de “protocolos legales” contra dos de sus periodistas y presentadores de su noticiero por presunto acoso sexual. Tras el anuncio, decenas de mujeres de ese y otros medios se sumaron a las denuncias, en lo que acusan como un problema estructural en la industria.

Una carta, firmada por más de 40 mujeres periodistas, también señala al director del canal público RTVC, Hollman Morris, por intimidar a una periodista que lo denunció por abuso sexual en 2019. Miles de mujeres se solidarizaron con las víctimas con mensajes de apoyo en redes sociales.

“Quitarse de encima a un periodista/presentador a la fuerza, varias veces y a empujones para que no le de un beso en un ascensor no es normal”, denunció en X Juanita Gómez, periodista de la revista Semana que trabajó para Noticias Caracol, sobre una agresión de la que fue víctima en 2015.

Se ha creado un correo electrónico para recibir denuncias de forma confidencial y segura para las víctimas. “Estamos del lado de las víctimas (...) se tomaron las medidas de rigor”, dijo el domingo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, a la emisora Blu Radio en medio del escándalo.

El grueso de las acusaciones también incluye omisión y encubrimiento a los agresores por parte de otros trabajadores. “Muchos conocen quiénes son. En el mismo canal, desde abajo hasta arriba, saben lo que esos y otros personajes han hecho a varias mujeres”, dijo en X Mónica Rodríguez, expresentadora de un programa de variedades emitido por Caracol.

El canal no ha hecho públicos los nombres de los denunciados, aunque circulan versiones en redes sociales. Colombia cuenta con un fuerte movimiento feminista por los derechos de las mujeres, que luchó y logró la despenalización del aborto en 2022.

Fuente: AFP.