Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este apartado del cargo, renovó una serie de contratos de funcionarios que prestaban servicios en la comuna esteña y cuyos contratos fenecían el 30 de junio. Lo llamativo del caso es que dichos contratos figuran como que fueron renovados el 1 de julio de este año, fecha en que Prieto ya no ejercía funciones como intendente, por tanto, dichos documentos no tienen validez.

Esta situación está ahora generando un serio problema en la administración de la comuna esteña, ya que estos funcionarios están exigiendo el pago de sus salarios por el mes de julio muchos de los cuales no están pudiendo acceder, porque la renovación del contrato debería haber firmado el interventor Ramón Ramírez, puesto que es el actual responsable de la administración del municipio.

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Para comprender la situación, La Nación/Nación Media conversó con el interventor Ramírez, quien explicó que los contratos firmados con fecha 1 de julio por el señor Prieto, quien ya había dejado la administración, carecen de validez.

“Sí, justamente hoy tuve una manifestación de funcionarios, entre ellos aquellos que dicen que no cobraban sus salarios y cuyos contratos fueron renovados por este señor que ya no estaba en funciones en fecha 1 de julio y me entregaron como prueba esos contratos firmados por Prieto“, comentó.

Señaló que aparentemente estos contratos fueron firmados por Prieto, antes de dejar el cargo el pasado 20 de junio, fecha que inició la intervención municipal; el problema es que lo hizo con fecha 1 de julio, pero aun así los documentos no son válidos, ya que aún no fenecía en esa fecha el contrato anterior.

No obstante, señaló que ya ordenó reimprimir aquellos contratos de los funcionarios que sí cumplieron funciones en la municipalidad durante este tiempo.

“Lo que hizo Prieto fue firmar un nuevo contrato desde el 1 de julio y obviamente es inválido, él no estaba en funciones. Ahora, no puedo pagar sueldos de contratos que no están vigentes. Están volviendo a imprimir los contratos, de a poco me están pasando, y estoy volviendo a firmar, pero solo de aquellos que están confirmados que han cumplido funciones”, precisó.

Esta redacción tuvo acceso a uno de los contratos firmados por Prieto, que guarda relación con su asesor, Daniel Pereira Mujica, cuyo contrato feneció el pasado 30 de junio; y que fue recontratado de manera irregular por el intendente Prieto en fecha 1 de julio. Esto no tiene validez, ya que a esa fecha debía ser firmado por el interventor, Ramón Ramírez, quien estaba en funciones.

Al respecto, el interventor señaló que esos contratos son inválidos, por tanto, no puede pagar salarios con base a esos contratos. No obstante, aclaró que en este caso particular del asesor Pereira Mujica, así como varios otros asesores que están en la misma situación, adelantó que sus contratos no serán adelantados.

“Ese contrato en particular (Pereira Mujica) no voy a renovar, así como a muchos otros asesores que no tengo pruebas de que hayan cumplido con funciones específicas en la municipalidad en este tiempo. Esa es una de las razones, por las que ellos querían sostener que el contrato firmado por Prieto era válido. Pero no les voy a renovar, porque no cumplieron con funciones en este tiempo. Pereira Mujica se ha dedicado a hacer campaña política en este tiempo”, precisó.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que los interventores de Asunción y Ciudad del Este continuarán al frente de cada administración municipal, hasta que la Cámara de Diputados se expida sobre cada caso, como parte del procedimiento para no dejar sin autoridad comunal, ya que los intendentes no pueden reasumir el cargo sin la definición legislativa.

El secretario de Estado confirmó que, en lo que respecta al Poder Ejecutivo, culminó el proceso de intervención en Ciudad del Este con la entrega del informe final por parte del interventor Ramón Ramírez, en la tarde de ayer miércoles. Esta mañana se remitieron íntegramente esos documentos a la Cámara de Diputados.

“No existe la figura de la reasunción de los intendentes a sus cargos, en ese ínterin en que la Cámara tenga que decidir sobre esto. Entonces, el corte administrativo a futuro se va a dar entre el interventor y a quien le toque asumir el cargo nuevamente. Si se llama a elecciones, o al concejal que sea electo decidido por la Junta Municipal”, explicó Riera ante los medios de prensa.

Agregó que en el caso que no se llame a elecciones podría asumir eventualmente el presidente de la Junta Municipal o el que la Junta Municipal decida. “Esto es importante aclarar, para que no haya dudas ni vacío de poder. El interventor se queda en el cargo hasta que la Cámara de Diputados se expida, en ambos casos. Tanto en Ciudad del Este como en Asunción”, precisó.

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Respecto a los incidentes que se registraron esta mañana en la municipalidad esteña, donde una turba de funcionarios afines a Miguel Prieto, protagonizaron una violenta manifestación, afirmando que las irregularidades detectadas en esta fiscalización “son mentiras”, Riera señaló que es algo que estaba dentro de los presupuestos, ya que la intervención de CDE no fue fácil durante todo este tiempo.

Aclaró que desde el Ejecutivo, lo único que hacen es revisar el informe del interventor, de que esté completo y foliado, sin emitir ningún dictamen, ni ningún juicio de valor al respecto.

“Lo que hago es hacer una nota como ministerio del Interior, para remitir el informe al Ejecutivo y este a su vez remite a la Cámara de Diputados”, acotó.

Por otra parte, el ministro aprovechó la conferencia para informar sobre otros casos de relevancia sucedidos en las últimas horas, que son de relevancia en el aspecto de seguridad interna.

Por un lado, confirmó sobre el caso de cuatro atletas cubanos, que informaron al jefe de su delegación y a la vez a la organización de Juegos Panamericano Junio Asu2025, su decisión de no retorno a su país. Se trata de cuatro jóvenes mayores de edad, que decidieron quedarse en el país.

Ante esto, se iniciaron los protocolos al que la Policía Nacional llama “alerta” para averiguar si estas personas cuentan con antecedentes que puedan generar preocupación.

“Aparentemente se trata un caso de deserción, son tres remeros y una atleta de balón mano. Todavía oficialmente no han solicitado el apoyo o el asilo del Conare (Consejo Nacional de Refugiados), que sería el paso normal. Porque esto ya ha sucedido en otros casos, incluso en Odesur, con delegaciones de Venezuela”, acotó.

Por otra parte, informó sobre un incidente a las 3 de la madrugada frente a la Facultad de Derecho de la UNA, que arrojó 13 detenidos y dos vehículos incautados porque hubo arma de fuego involucrados.

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El interventor de Ciu­dad del Este, Ramón Ramírez, ratificó que las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República, que derivaron la intervención municipal a la comuna esteña, tienen sus­tento absoluto, en declaracio­nes que formuló a Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que su equipo tra­baja en la verificación de las 12 causales expuestas y que emitirán un pronun­ciamiento sobre cada una de ellas, respaldado por los elementos recolecta­dos durante el proceso. Asi­mismo, Ramírez explicó que se van a agregar hechos nuevos a los causales que generaron la intervención. “Ya se están incorporando todos los demás elementos. Por ejemplo, este que dimos a conocer (sobre la caja para­lela). Eso es nuevo y lo rela­cionado a las transferencias para del Consejo de Salud”, recalcó el interventor.

Fue consultado además sobre si considera que en base a los trabajos realizados durante la intervención ameritaría que el informe final sea remi­tido al Ministerio Público, Ramírez fue contundente al señalar que se expusieron irregularidades notorias que ameritan que intervengan los órganos correspondientes, como la Fiscalía.

La intervención al municipio esteño comenzó el 22 de junio y debería concluir el próximo 21 de agosto, atendiendo a que el plazo es de 60 días corri­dos, no prorrogables. “Esta­mos dentro del cronograma y estamos comprometidos en cumplir el plazo”, agregó.

Finalmente, expuso que su equipo y él están abocados a acabar el informe que con­tendrá el documento que se elevará primero al Ministerio del Interior (del Poder Ejecu­tivo) y desde allí remitido al Poder Legislativo, específi­camente la Cámara de Dipu­tados que deberá definir si destituyen o no al intendente Miguel Prieto.

Si los legisladores de la Cámara Baja votan por la destitución, la Justicia Elec­toral deberá convocar a elec­ciones (internas y municipa­les) para elegir al sucesor del actual intendente.

“No existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto, lo que sí existe es un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto cómo una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pan­demia. Este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patri­monial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este”.

“Para algunos colegas, ha sido un vyrorei que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor. Cuando se trata del chancho del propio chiquero, enton­ces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni ‘popinda’, ‘solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchive’, expresó. Lamento que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco”.

“Lo que estamos viendo es un auténtico robo desca­rado, que hoy en un afán de querer montar una cor­tina de humo, trata de confundir a la ciudadanía en relación a la denuncia que él hizo (sobre nepotismo). Acá lo irónico es que el propio Prieto defendió públicamente llamando a su prima inco­rruptible, la última reserva moral de la familia. Si en dos días se desviaron G. 75.000 millones, quiero ver todo lo que habrá sido estos años”.

“Prieto es un ladrón en pandemia y fuera de la pan­demia. Es un caso que yo ya estuve denunciando desde hace cinco años, de que además de existir una caja paralela también existen hechos de nepotismo, que el propio Miguel Prieto reveló en una entrevista”.

“Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morci­lla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudada­nía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima). La denuncia fue contra personas innomina­das, jamás nombró o acusó a los verdaderos y sabidos responsa­bles. Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal”.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, intentó minimizar la denuncia penal por una caja paralela en las recaudaciones de la comuna esteña, que informó ayer el interventor Ramón Ramírez; refiriendo a otro caso por patentes del 2024, sin embargo, el reciente informe apunta a graves maniobras irregulares que involucrarían a la prima del jefe comunal, durante enero y febrero de este año, en cuanto a impuesto inmobiliario.

La intervención revisó datos del sistema de recaudación entre enero y junio de 2025, detectando, entre algunas irregularidades, que la Caja 6 figuraba como receptora de pagos el 30 de enero, pese a que ese día no operó, según la rendición diaria; en tanto, la Caja 8 reportó operaciones pagadas, pero en el arqueo no registró ingresos; mientras que los comprobantes estaban en el orden de los 1.000, pero se hallaron numeraciones por encima de 100.000 (seis dígitos).

En solo dos días se detectaron operaciones irregulares que superan los G. 75 millones, según los cálculos compartidos por Ramírez en una conferencia de prensa. Ante esto, Prieto reaccionó, alegando: “El interventor descubrió algo que nosotros habíamos descubierto en enero”. La denuncia de Prieto del 3 de abril, tras una auditoría interna, apuntaba a irregularidades en el Impuesto a la Patente Comercial e Industrial del año 2024, sin identificar responsables al inicio y, luego, señalando a dos funcionarios municipales.

El exmandatario Mario Abdo Benítez develó este martes una estrategia que ya había sido anticipada que utilizaría, que consiste en desentenderse de ser el presunto propietario de cuentas bancarias en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África), cuando la investigación publicada por la prensa argentina nunca le atribuyó tal titularidad nominal, siendo más bien señalado como el aparente beneficiario final de un monto millonario, por valor de USD 21 millones, cuyo origen se desconoce.

Bajo investigación del Ministerio Público desde setiembre de 2024 por inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas y las ganancias generadas por empresas de asfalto, Abdo busca escudarse en un informe preliminar en inglés que compartió en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, firmada supuestamente por Thereza Dogley, quien sería secretaria principal de la Oficina del Presidente de la República de Seychelles.

“La mentira se acabó”, escribió el expresidente paraguayo. Por lo contrario, la filtración de una fuente confidencial a la que accedió el periodista argentino Luis Gasulla, que publicó con pruebas documentales en el portal PeriodismoyPunto el pasado 20 de julio, apunta a empresas creadas en Hong Kong y Dubái, remarcando que los organismos jurisdiccionales deben investigar sobre los apoderados y la “ruta del dinero”, que sindican a Abdo y su esposa como “únicos autorizados”, según las filtraciones.

Los emblemas privados comenzaron a bajar sus precios luego de que Petropar haya anunciado su rebaja de G. 250 por litro en todos sus combustibles. En sus publicaciones anunciaron reducciones de hasta G. 400 desde este miércoles.

Varios emblemas privados comenzaron a reducir los precios de sus combustibles desde la fecha, siguiendo a Petropar, que en la víspera anunció reajustes motivados por los buenos precios internacionales y un tipo de cambio favorable.

Con este reajuste, los tableros de los emblemas privados muestran precios iguales a los de Petropar. Por ejemplo, las naftas de 93 y 97 octanos pasan a costar G. 6.490 y G. 7.840, respectivamente. En el gasoil, se observan también precios similares al de la estatal, con G. 7.050 en el diésel común, y G. 8.850 en el diésel aditivado.

Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) proponen avanzar hacia un consumo sostenible, a través de la unificación del tipo de cambio entre Aduanas y el Banco Central del Paraguay (BCP), una reducción temporal en el impuesto de valor agregado (IVA) y aranceles a productos básicos.

Eugenio Caje, presidente de Asimcopar, manifestó que el gremio apuesta a un consumo más sostenible y con precios más competitivos para el cliente final. La propuesta de Asimcopar es que se evalúe la unificación del tipo de cambio entre el Banco Central y Aduanas, además de reducciones temporales al IVA y otros aranceles que se aplican a productos básico.

“Nosotros creemos que el consumo sostenible se puede dar unificando el tipo de cambio de Aduanas y BCP, bajar temporalmente el IVA y aranceles en productos que son básicos, ajustar los aforos a precios reales internacionales”, dijo a la 780 AM.

El pleno de la Cámara de Diputados tomó juramento al diputado nacional Manuel Jara Espinoza, quien asume la banca correspondiente al departamento de Caaguazú, en reemplazo del extinto diputado Derlis Rodríguez, fallecido el pasado 4 de agosto a consecuencia de problemas de salud.

Jara Espinoza ya se incorporó al cuerpo legislativo y ocupó su banca en la sesión ordinaria de este martes.

Unas 1.300 instituciones educativas recibieron más de 311.000 pupitres escolares adquiridos por Itaipú. Esto representa el 95 % de lo previsto para esta primera etapa.

La asesoría de responsabilidad de Itaipú Binacional dio a conocer el informe de la distribución de mobiliarios escolares a nivel país. Según el corte del fin de semana, el último disponible, la binacional entregó 311.789 pupitres en 1.300 instituciones educativas.

La cantidad mencionada equivale al 95 % de lo anunciado para esta primera etapa del proyecto y alcanza a 424.304 estudiantes que provienen de 101 distritos considerados prioritarios y ubicados en: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Ñeembucú, Itapúa, San Pedro, Central, Paraguarí, Cordillera, Guairá, Misiones y Asunción.