La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.

El presidente de la República, Santiago Peña, supervisó personalmente las acciones de asistencia a comunidades afectadas por las recientes inundaciones en el Chaco. Inició la jornada en Mariscal Estigarribia, donde las autoridades presentaron un plan de acción ante la emergencia, y luego se trasladó hasta la comunidad indígena Santa Teresita. Peña reafirmó su compromiso de apoyo a las comunidades de la Región Occidental y aseguró que “el Chaco no está solo”.

La jornada inició en el III Cuerpo de Ejército, en Mariscal Estigarribia, donde las principales autoridades del Gobierno Nacional presentaron al presidente el plan de acción que se viene ejecutando para mitigar los efectos de la emergencia. Durante el encuentro se expusieron los alcances de la asistencia sanitaria, vial, logística y humanitaria desplegada en los tres departamentos del Chaco.

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En ese marco, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, detalló que desde el inicio de la emergencia ya han brindado asistencia a más de 10.000 familias, que han recibido más de 250.000 kilos de víveres, distribuidos desde marzo a la fecha, mediante una inversión de 2.500 millones de guaraníes.

Indicó, además, que la inversión total del Estado, incluye combustibles y viáticos que totaliza 4.400 millones de guaraníes destinados a asistir a las familias afectadas y aisladas por las inundaciones, según el informe que presentó ante el mandatario.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, informó que la respuesta sanitaria a las zonas afectadas se centra en brindar una respuesta asistencial inmediata, proveer insumos y medicamentos, gestionar el traslado de emergencia en casos necesarios.

“En Boquerón, uno de los departamentos más afectados, hemos asistido a más de 2.514 personas, con más de 15 evacuaciones urgencia con el helicóptero presidencial. En Presidente Hayes han sido atendidas 350 personas y en Alto Paraguay hemos realizado 850 atenciones”, detalló la ministra.

Así también, el Ministerio de Salud realizó la contratación de personal en los lugares necesarios, distribuyó tanques para almacenamiento de agua en 70 comunidades del Chaco e instaló albergues para las personas que fueron trasladadas y no pueden aún retornar a sus comunidades.

A su turno, el mandatario Santiago Peña aseguró que se pondrán todos los recursos del Estado al servicio de las comunidades afectadas: “Estamos decididos a ampliar todos los recursos, tanto humanos, financieros como logísticos. Vamos a trabajar unidos, sin distinción, porque este desafío es de todos los paraguayos”.

En su mensaje, también destacó la labor de las Fuerzas Armadas y el uso de medios aéreos y fluviales para llegar a las zonas más aisladas: “El avión presidencial está hoy al servicio de las evacuaciones médicas. En breve sumaremos helicópteros donados por la República de China (Taiwán) y unidades que estaban fuera de servicio. Todo estará disponible para asistir a quienes más lo necesitan”.

Posteriormente la comitiva del Gobierno se trasladó hasta la comunidad de Santa Teresita, donde el presidente Peña lideró un acto de entrega simbólica de víveres a representantes de comunidades indígenas y rurales.

En total, se han distribuido 250.866 kilos de víveres en 10.083 kits familiares, beneficiando a:

• 991 familias en Presidente Hayes (41.750 kg)
• 5.747 familias en Boquerón (132.181 kg)
• 3.345 familias en Alto Paraguay (76.935 kg)

En el ámbito sanitario distribuyeron tanques para almacenamiento de agua en 70 comunidades del Chaco

• Boquerón más de 2.514 personas, con más de 15 evacuaciones urgencia con el helicóptero presidencial.
• Presidente Hayes han sido atendidas 350 personas por personal de salud.
• Alto Paraguay hemos 850 personas recibieron atenciones médicas

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Un grupo de indígenas se manifiesta en las inmediaciones de la sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre la avenida Artigas. Reclaman la entrega de víveres para las comunidades de varios distritos del departamento de Caaguazú.

Los manifestantes bloquearon el paso vehicular por esta arteria y su intersección con Gral. Santos. Llegaron anoche hasta ese lugar luego de que se cortara la provisión de alimentos a sus familias.

“Venimos de diferentes comunidades y nuestro pedido especial es la entrega integral de los alimentos correspondientes a este año 2024. Porque después las instituciones ya estarán paralizadas hasta marzo”, dijo Samuel Rivarola al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Según el líder de los nativos desde que asumió el Gral. (SR) Juan Ramón Benegas la presidencia del Indi no recibieron aún sus kits de alimentos. Denunció que incluso varias familias fueron borradas de la lista por lo que definitivamente quedaron fuera de la posibilidad de acceder a la ayuda estatal.

“Estamos acá trece líderes afectados por esta situación. Esperamos predisposición del presidente del Indi para acordar con nosotros para que podamos ir de vuelta a nuestras comunidades”, expresó.

Concretamente hace dos meses que se cortó el suministro de las provisiones, conforme afirmó. “Somos numerosos en nuestras comunidades y tampoco duran mucho los alimentos. Pero si nos dan ahora por lo menos vamos a poder esperar la próxima entrega. Esperamos su buena voluntad y nos entregue, así hoy mismo retornaremos a nuestras comunidades”, manifestó.

Más de cien personas acamparon en las cercanías del Indi, entre ellas mujeres y niños. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para resguardar la seguridad y ordenar el tránsito. Numerosos automovilistas se vieron con la sorpresa del cierre de la calzada, por lo que tuvieron que apelar a vías alternativas para ingresar hacia el microcentro de Asunción.

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Kits de alimentos, ollas populares, obras, una discoteca convertida en constructora y un sinnúmero de hechos llamativos forman parte del intrincado esquema con vínculos cercanos al intendente de Ciudad del Este

La administración de Miguel Prieto al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este benefició a una red de empresas y oene­gés ligadas a funcionarios lea­les al jefe comunal. En plena pandemia, adjudicó un millo­nario contrato para kits ali­menticios que fueron “entre­gados” por una firma ligada a su directora jurídica. Direc­tores de la comuna aparecen ligados a una discoteca que fue convertida en constructora. Y la lista sigue.

Kits de alimentos, ollas popu­lares, obras y una discoteca convertida en constructora. Un sinnúmero de hechos llamativos forma parte del intrincado esquema de oene­gés y empresas ligadas a fun­cionarios de la Municipalidad de Ciudad del Este cercanos al intendente Miguel Prieto y que han sido beneficiadas con millonarios contratos por la administración comunal.

Los primeros indicios del esquema ligado a Prieto y sus leales saltó en plena crisis eco­nómica y sanitaria generada por la pandemia de coronavi­rus. Unos 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo per­juicio económico a la munici­palidad.

Junto a Prieto están procesa­dos Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martí­nez Insfrán, José Félix Cáce­res Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fer­mín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez. Jus­tamente, sobre esta última, Emili Vanessa Florentín Páez, que la historia tiene ribetes particulares.

La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la resolución n.° 3331, la Muni­cipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesi­tadas debido a la pandemia de covid-19.

La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no con­taba con el inventario com­pleto de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.

En el periodo investigado se reveló un esquema destinado a ocultar la falta de entrega de mercaderías por parte de la intendencia municipal, a pesar de haberse efectuado pagos significativos. Emili Vanessa Florentín Páez, actual ase­sora jurídica de dicha inten­dencia, jugó un papel clave en este entramado.

Según la acusación del Minis­terio Público, Florentín Páez colaboró en la creación de secuencias ficticias de com­praventa por un monto de G. 692.155.023, parte de un perjuicio total de G. 2.130.036.160. A través de su empresa, Vanemi SA, se con­virtió en la principal subpro­veedora de la firma adjudicada Tía Chela, con el fin de encu­brir la falta de contrapresta­ción real de productos por el dinero abonado.

La firma Vanemi SA, bajo la representación de Emili Vanessa Florentín Páez, jugó un rol fundamental en la simulación de stock inexis­tente mediante la emisión de facturas. El Ministerio Público reveló que Floren­tín Páez emitió dos facturas a Tía Chela el 30 de abril y el 8 de abril de 2020, sumando G. 692.155.023 por ventas ficti­cias de mercaderías.

El seguimiento de las transac­ciones permitió descubrir que estas facturas formaban parte de una simulación de cadenas de compraventa. Se detectó el uso de facturas no auténticas provenientes de al menos cua­tro subproveedores ficticios, con el propósito de justificar compras que nunca se realiza­ron, según la acusación.

En la misma época, se vol­vió a montar otro esquema ligado a otros dos funciona­rios. En particular, hacen referencia a dos subcomisio­nes encabezadas por la pareja Lumma Magdalena Silva Bat­tochi y Juan Esteban Quiroga Cañete, ambos actuales fun­cionarios de la comuna esteña y denunciados.

Quiroga Cañete es director de vivienda de la municipali­dad, mientras que Silva Bat­tochi cumple funciones en esa misma dirección. La funciona­ria aparece ligada también la firma SCDE SA, empresa cons­tructora que recibió millona­rios contratos con la comuna, pero que antes era una disco­teca en el Alto Paraná.

Quiroga Cañete aparecía como presidente de la Comi­sión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares de Ciudad del Este, mientras que Silva Bat­tochi aparece encabezando la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios Organizados de Ciudad del Este.

El 10 de junio de 2020, ambas comisiones solici­taron su reconocimiento ante la comuna esteña, lo que consiguieron en apenas unas horas. Ese mismo día, ambas solicitaron el des­embolso de dinero supues­tamente para realizar ollas populares y otro tipo de apoyos a los sectores menos favorecidos de la capital del Alto Paraná. En ese enton­ces, Paraguay afrontaba los meses más duros del confi­namiento por la pandemia de coronavirus.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público. De acuerdo con los documentos que acompañan la denuncia, las subcomisiones no solo estaban ligadas por sus res­pectivos presidentes, sino que todo se movía en un entorno familiar cercano.

Juan Quiroga Cañete era pre­sidente de la Subcomisión de Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares. Como tesorera aparecía Mirta Elizabeth Batochi, su suegra, y madre de Lumma Magdalena Silva Battochi, quien a su vez era presidenta de la Subcomi­sión de Apoyo a Voluntarios Organizados, donde tenía como vicepresidente a Denis Rodrigo Quiroga Cañete, su cuñado y hermano de Juan Quiroga.

Laura Beatriz Cañete, tam­bién hermana de Juan Qui­roga, aparecía como pro­secretaria de la comisión encabezada por Silva Batto­chi (su cuñada). Esta no es la única denuncia en la que apa­rece mencionada Lumma Silva Battochi. Ella y una her­manastra aparecen ligadas a una empresa constructora mimada por la administra­ción de Miguel Prieto.

Silva Battochi aparece con participación en la firma SCDE Sociedad Anónima, antes denominada Golden Rouge SA. De acuerdo con documentos que constan en la Abogacía del Tesoro, la fun­cionaria municipal se sumó al cuadro accionario de la firma en marzo de 2021. En 2021 la empresa todavía figuraba con la denominación Golden Rouge SA, un conocido club nocturno en el este del país.