Asciende el número de personas detenidas e imputadas por la violación de la cuarentena sanitaria establecida vía decreto presidencial para frenar el contagio y mitigar la circulación del coronavirus a nivel nacional.
El agente fiscal Alcides Corvalán, de la Unidad Penal N° 21, de la Sede 1 de la capital, formuló imputación contra Teódulo Benítez Franco y Blas Díaz Velázquez, por la supuesta comisión de Violación de la Ley 716/96 Que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente”, en concordancia con el Decreto N° 3478, del 20 de marzo, el cual amplia el Decreto N° 3456 del 16 de marzo de 2020. Blas Díaz también fue imputado por Hurto.
Además, el representante del Ministerio Público formuló imputación contra Roberto Mora Acosta sobre “Violación de la Ley 716/96 Que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente”, en concordancia con el Decreto N° 3478 del 20 de marzo, el cual amplia el Decreto N° 3456 del 16 de marzo de 2020 y esta persona también fue imputada por el ilícito de Hurto.
Por último, el fiscal Corvalán imputó a dos personas en el marco de la causa caratulada: “Yego Patric Lee Da Silva y otros sobre Violación de la Ley 716/96 Que sanciona Delitos contra el Medio Ambiente”, en concordancia con el Decreto N° 3478 del 20 de marzo, el cual amplia el Decreto N° 3456 del 16 de marzo de 2020 y también hubo imputación por el ilícito de Hurto Agravado.
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Imputan a adolescente por abuso sexual de su compañera en el colegio
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Carlos Antonio Almada, de la Unidad Penal N° 1 de Ciudad del Este, formuló imputación contra un adolescente de 16 años por los supuestos hechos punibles de coacción sexual y violación. El menor está sindicado de haber sometido sexualmente a una compañera de colegio, en el interior del sanitario de la institución educativa al que ambos asisten.
De acuerdo con la investigación preliminar, la agresión sexual habría ocurrido el pasado 4 de marzo de 2026, alrededor de las 14:30 en un colegio del Km 28 de Minga Guazú. En esa ocasión, la víctima, también de 16 años, se encontraba en el sanitario femenino, en el lavatorio de manos, cuando ingresó el ahora imputado en forma imprevista, según la denuncia y elementos colectados por la Fiscalía.
Acto seguido, el presunto agresor habría sujetado a la víctima por la cintura para arrastrarla hasta el último compartimento del baño. Una vez allí, mediante el uso de la fuerza y bajo amenazas, se habría producido el sometimiento sexual.
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Tras el hecho, el supuesto abusador se retiró del sanitario, mientras que la afectada regresó a su aula para recoger sus pertenencias y dirigirse a su domicilio, donde relató lo sucedido a su abuela y luego a su madre, de acuerdo al escrito de imputación del adolescente.
La medida del Ministerio Público tomó en cuenta la denuncia presenta por la madre de la víctima y la directora del colegio donde habría ocurrido el hecho, además del acta de procedimientos de la subcomisaría jurisdiccional y los informes técnicos de la Fiscalía. La declaración detallada del hecho por parte de la víctima y el diagnóstico médico fueron claves para la formulación fiscal.
Ante la gravedad del hecho y la complejidad de la causa, el representante del Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación, a fin de presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. El imputado quedó a disposición del Juzgado Penal de Adolescencia.
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Tras fallo del Tribunal de Apelación, ordenan libertad de Carlos Granada
El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampos, Cándida Fleitas y Sonia Villalba ordenó la libertad de Carlos Granada, condenado a 10 años de cárcel por coacción sexual, coacción y violación, luego de que el Tribunal de Apelación anulara la resolución que mantuvo su prisión preventiva.
Con la determinación adoptada por los jueces de sentencia, Granada recupera su libertad hasta tanto quede firme la sentencia dictada en primera instancia.
Recordemos que el pasado 26 de noviembre, el comunicador fue condenado a 10 años de cárcel en el marco de un juicio oral y público. Durante la fundamentación de la sentencia, la jueza Fleitas incluso afirmó que Granada “quiso verificar si una de las víctimas estaba en su período menstrual, tocándola”.
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La magistrada detalló además el modus operandi del entonces gerente periodístico del Grupo Albavisión, mencionando que todos los hechos se desarrollaban en la oficina, hasta donde eran convocadas las trabajadoras supuestamente para recibir instrucciones laborales, pero en realidad era para sufrir acosos y manoseos.
Se reveló que les pedía que vengan vestidas con polleras y vestidos, detalló la jueza y agregó que tras cometer los hechos les amenazaba con que no conseguirían trabajo en otros medios, ya que tenía amigos en todos los canales de televisión.
Ratificación, en enero
En enero de este año, la Cámara de Apelación había confirmado la prisión preventiva de Granada. Los camaristas que votaron por ratificar la prisión son José Agustín Fernández y José Waldir Servín; mientras que el camarista Agustín Lovera Cañete votó por ordenar la libertad de Granada.
Los dos primeros sostuvieron que subsisten los presupuestos que motivaron la imposición de la prisión preventiva y apoyaron la posición del Tribunal de Sentencia en relación a que, en caso de una sentencia condenatoria, se da una prórroga excepcional de la prisión preventiva por el término adicional de tres meses en los casos de sentencia no firme.
Por su parte, Lovera Cañete sostuvo en su voto que el arresto domiciliario constituye privación de libertad y consideró que lo plasmado por el Tribunal de Sentencia, en cuanto a que el mismo constituye una privación de libertad ambulatoria, es incongruente.
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Fiscalía imputa a una pareja por muerte de un pescador en el río Yñaro
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza, titular de la Unidad Penal n.º 1 de la unidad zonal de Iruña, imputó a una mujer (44) y un hombre (41) por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso de Pablo Ruiz Ávalos (34), supuesto compañero de pesca. Ambos procesados se encuentran detenidos en la Comisaría 18 de Santa Rita y a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero de 2026, alrededor de las 14:00 horas, la víctima se encontraba supuestamente con los sospechosos a orillas del río Yñaro, en la colonia Vicente Ferrer del distrito de Iruña, en un sector de difícil acceso por la vegetación y la topografía del lugar.
Según declaración de los hoy detenidos e imputados, acudieron al lugar con la supuesta intención de pescar. Cerca de las 18:00 informaron que la víctima habría caído al río y se habría ahogado en circunstancias que resultaron llamativas para los investigadores.
Al día siguiente, jueves 26 de febrero, alrededor del mediodía, el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado en la margen izquierda del río, a unos 50 metros del lugar donde presuntamente se encontraba pescando. El médico forense diagnosticó asfixia por inmersión como causa de muerte.
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De acuerdo al escrito de imputación fiscal, se detectaron contradicciones relevantes entre las versiones de los acompañantes, quienes no habrían solicitado auxilio inmediato ni intentado socorrer a la víctima, pese a ser las únicas personas presentes en el momento en que supuestamente cayó al agua.
Familiares del fallecido manifestaron que el hombre no acostumbraba a concurrir al río, no sabía nadar y padecía ataques epilépticos, circunstancias que hicieron dudar a la Fiscalía sobre la versión inicial sobre un accidente.
El Ministerio Público recogió testimonios sobre los imputados y la víctima en el lugar del hecho, y cuenta con fotografías del barranco donde presumiblemente ocurrió el incidente, un sector de difícil acceso.
El viernes 27 de febrero, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la vivienda de la mujer imputada, donde se incautaron electrodomésticos que habrían sido adquiridos por la víctima, pero se encontraban en poder de la procesada, sin explicación.
Estos elementos, sumados a las contradicciones en las declaraciones y al comportamiento, forman parte de las circunstancias que motivaron la apertura de la causa, según la Fiscalía, que solicitó al Juzgado de Garantías la aplicación de prisión preventiva para los dos procesados.
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Ingresaron a una vivienda con intención de vaciarla, pero fueron sorprendidos in fraganti
Este viernes, la Policía Nacional logró frustrar un intento de robo domiciliario en la ciudad de Asunción, dos personas desconocidas ingresaron a una vivienda y una logró huir saltando la muralla, sin embargo, tras una larga persecución los efectivos policiales lograron su detención.
Según el reporte de los intervinientes de la comisaría 10° metropolitana, recibieron el llamado de vecinos cerca de las 15:30 de hoy viernes. Estos alertaron que dos desconocidos ingresaron a la vivienda ubicada sobre la avenida Santa Teresa y avenida Madame Lynch.
Tras la llamada, hasta el lugar llegaron efectivos de la citada comisaría y constataron la denuncia, por lo que solicitaron apoyo de otras comisarías para activar el “Operativo Cerrojo” con la intención de capturar a los maleantes, que seguían en el interior de la residencia.
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“Fueron aprehendidas dos personas. Una de ellos fue capturada en el interior de la vivienda y otra logró darse a la fuga tras salir del domicilio, pero fue detenida a escasos metros. Estos sujetos fueron detenidos por intento de hurto domiciliario”, detalló el comisario Pedro Bavera, jefe de la Comisaría 10, en entrevista con la 1020 AM.
Refirió que los detenidos fueron identificados como Carlos Javier González, de 42 años, con antecedente por reducción (2010), y Porfirio Rubén Mendoza Sánchez, de 33 años, con antecedentes por incumplimiento del deber legal alimentario (2021) y hurto agravado (2023).