Este martes continúan los controles de acceso a la ciudad de Asunción por parte de agentes de la Policía Nacional y militares, tras las disposiciones del Gobierno para tratar de evitar una propagación masiva del coronavirus.
“Estamos monitoreando la circulación, están trabajando los efectivos militares con los agentes de la Policía Nacional. Es una tarea sacrificada, así como lo está haciendo el personal de blanco”, dijo el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, en comunicación con Universo 970 AM.
Sostuvo que necesita de una respuesta de la ciudadanía, cumpliendo las disposiciones del Gobierno y solo salir de la casa en caso de extrema necesidad o por motivos de trabajo, ya que la única manera de luchar contra el coronavirus es mediante el aislamiento y medidas de higiene. El ministro estuvo en la zona de Mariscal López y Madame Lynch.
El comisario José Vega estuvo a cargo del control realizado en la costanera de Asunción y explicó que en cierto modo la gente acata las medidas y todos los que circulan, al menos de momento, son por motivos laborales.
“Estamos requiriendo la cédula de identidad y el documento que acredite lugares de trabajo y en caso de no ser así es evidente cuando uno no va a su lugar de trabajo. Es permanente el control en varios puntos y depende de cada comisaría”, dijo el comisario, también a la 970 AM.
El Ministerio de Salud confirmó este lunes la segunda muerte por coronavirus en Paraguay. Hasta el momento son 27 los casos confirmados del covid 19 en el país y un paciente sigue internado.
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Militares y policías se acoplarán el miércoles a la movilización docente en Asunción
El presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados, Carlos Silvero, indicó que se sumarán este miércoles 111 de marzo a la movilización de los docentes en Asunción, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, para custodiar los derechos adquiridos del sector.
“El 99 % de los líderes de las fuerzas públicas, militares y policías decidimos acompañar la manifestación pacífica, el día de mañana, en Asunción y también en otros puntos del país. Vamos a marcar presencia. Nos plantamos en el hecho de mantener nuestros derechos adquiridos”, refirió el representante gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El pasado 25 de febrero, las fuerzas públicas presentaron a la mesa técnica del Senado, impulsada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de Silvio Ovelar, cuatro peticiones específicas para su estudio. En la contrapropuesta peticionaron modificar la edad mínima, la tasa de sustitución, entre otros puntos que fueron aprobados por Díputados.
Los uniformados solicitan a los senadores la incorporación de una cláusula de protección que establezca un período de 10 años para el personal de la Policía Nacional y de 15 años para las Fuerzas Armadas, como base para el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal activo.
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En la contrapropuesta también plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.
Requieren revertir la versión aprobada por Diputados, que limita a 3 años el beneficio para las pensionadas. Asimismo, propusieron ajustes técnicos en lo relativo a la devolución de aportes con la finalidad de garantizar un sistema más equitativo.
La propuesta consensuada con las organizaciones de la Policía Nacional, los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas y suboficiales fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria plantean que sea a partir de 20 años de aporte, con el 50 % de la jubilación. Aclararon que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.
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Acompañamiento familiar fortalece controles prenatales oportunos
Autoridades sanitarias recuerdan que el acompañamiento familiar a embarazadas fortalece los controles prenatales.
Estos controles periódicos permiten realizar evaluaciones sobre el peso materno, la medición de la altura uterina, el monitoreo de signos vitales y la detección precoz de factores de riesgo.
Asimismo, la parturienta recibe en estos controles, orientación continua sobre hábitos saludables, signos de alarma, alimentación adecuada, planificación del parto y cuidados del recién nacido.
Estas acciones se enmarcan en la estrategia de Atención Primaria de la Salud promovida por el Ministerio de Salud Pública, que prioriza el acceso temprano, la continuidad del cuidado y la participación activa de la familia como pilares fundamentales para garantizar embarazos saludables y el bienestar materno infantil.
Una gestante, residente del barrio San Miguel de la ciudad de Hernandarias, inició sus consultas alrededor de las 6,4 semanas de embarazo y hasta el momento ha realizado cinco controles prenatales.
La paciente de 25 años cursa su primer embarazo y acude de manera regular a la Unidad de Salud de la Familia (USF) San Francisco de la X Región Sanitaria Alto Paraná desde las primeras semanas de gestación.
Acude siempre acompañada de su pareja, en una práctica que refuerza la importancia del control prenatal temprano y del acompañamiento familiar durante el embarazo.
La obstetra Leticia Alonzo manifestó su reconocimiento a la pareja por la constancia y responsabilidad demostradas al asistir juntos a cada consulta desde el inicio del embarazo.
Señaló que el acompañamiento de la pareja durante esta etapa no solo fortalece el vínculo familiar, sino que también contribuye al bienestar emocional de la gestante y al desarrollo saludable del bebé.
La participación activa del entorno cercano favorece una experiencia más segura y contenida durante el proceso de gestación, concluyó.
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Esposa de Marset amenazó a militares en su traslado: “No saben las consecuencias de esto”
Este jueves, se dio a conocer como actuó Gianina García, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, durante su traslado al penal de mujeres Martín Mendoza de Emboscada, ocasión en la que amenazó de muerte a los militares que participaron del procedimiento. Además, de que su pareja tomaría represalias y se arrepentirían del cambio.
El documento fue emitido por la Suprema Corte de Justicia Militar y remitida a la jueza Rosarito Montanía. En este relatan la situación por la que pasaron funcionarios militares la semana previa y el mismo día de la ejecución del traslado de García, en el que la tensión subió y fueron amenazados de muerte.
El informe señala con detalles todo lo que se vivió entre el 16 al 20 de febrero dentro del penal militar de Viñas Cué. En ese periodo, la mujer recibió la visita de su abogado Balbino Garcete en dos ocasiones y consultó con la psiquiatra Lilian Ovelar. La familia no la visitó y se tenía un ambiente tenso, indica.
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El 20 de febrero, día del traslado, la situación se desbordó cuando García vio que los militares se preparaban para la ejecución de la orden y opuso resistencia, amenazando a los uniformados y serían víctimas de represalias por parte de Sebastián Marset.
“Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, fueron las palabras de la mujer, según el documento firmado por el coronel Luis Vega de la Dirección de Justicia Militar.
La mala conducta se viene repitiendo desde el año pasado, una de las situaciones fue el 1 de diciembre cuando la mujer amenazó con suicidarse y luego rompió todas las cámaras de seguridad de su celda. Gianina García Troche está imputada en el marco del operativo a Ultranza Py porque habría colaborado con el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.
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El Gobierno moviliza a militares y policías para frenar la delincuencia extremista
El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera conjunta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secuestro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y policiales ayudará a dar más fuerza al operativo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.
El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bienestar de la gente que trabaja y quiere progresar mediante su esfuerzo cotidiano.
Se habló de que el que secuestró al ciudadano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de amedrentar al Gobierno y proponer otra conducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.
Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públicas para eliminar los problemas de seguridad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.
El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elementos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras instituciones estatales en las zonas geográficas que están fuera de los departamentos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuerzas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.
El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibilización del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territorio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documentos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.
Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que pretenden socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, porque como país en plena tarea por el crecimiento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamientos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciudadanía y la seguridad de las personas.
Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violencia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes criminales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quieren imponer posiciones cuestionables y posturas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.
El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de criminales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres humanos para aceptar ciertas posiciones ideológicas o políticas.
El que mata, aunque use la ropa o la bandera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explicación que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposiciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.
Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacional contra la delincuencia y la criminalidad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.