El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.

El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.

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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el pre­sunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago con­cretado por mercaderías inexistentes, durante su ges­tión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

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Un hombre que circulaba en un automóvil cargado de presunta drogas logró evadir este lunes los controles y huyó de las autoridades, en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une la ciudad de Encarnación y Posadas. El conductor es buscado en el vecino país luego de que los gendarmes identificaron paquetes de marihuana en su rodado.

Según el reporte de las autoridades y medios de comunicación del vecino país, la situación aconteció en horas de la mañana de hoy, en el segundo puesto de control que se realiza sobre el puente internacional. En un momento dado iniciaron con el control de un vehículo de la marca Toyota Station Wagon de color negro en el que iban dos paraguayos.

De este descendió el acompañante identificado como Jorge Daniel Martínez Portillo, de nacionalidad paraguaya y cuando estaban realizando la inspección del motor encontraron 12 paquetes de presunta marihuana. Esto hizo que los gendarmes se alertaran y el conductor decidió poner en marcha su rodado para emprender su huida hacia el vecino país.

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Durante su huida, el conductor que fue identificado como Cristhian Rolando Cubilla, también de nacionalidad paraguaya, chocó contra el cercado de seguridad. Además, embistió al personal de migraciones y a agentes de la gendarmería que resultaron con lesiones leves, estos intentaron detenerlo, pero no fue posible.

Actualmente, el conductor está prófugo y las informaciones indican que huyó hacia la ciudad de Posadas por lo que las autoridades argentinas están realizando una exhaustiva búsqueda y esperan detenerlo en las próximas horas. A todo esto se suma que el acompañante también logró huir durante el percance.

Testigos indicaron que en medio de la huida las autoridades de Argentina realizaron disparos intimidatorios, para intentar detener al presunto narcotraficante, aunque no se reportan personas heridas. Se presume que el auto de la marca Toyota de color oscuro acusó algunos disparos y este dato podría ayudar a identificarlo.

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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que insta al Ejecutivo, el Ministerio del Interior y al Departamento de Identificaciones a restablecer los servicios de cedulación de nacionales residentes en el extranjero.

El proyecto fue impulsado por el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Arnaldo Valdez, y responde a una creciente preocupación de los compatriotas residentes en el extranjero ante la suspensión del servicio de cedulación en los consulados paraguayos.

La iniciativa también argumenta que la medida se ampara en principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el Paraguay.

“La presente declaración está sujeta a la garantía y protección de los Derechos Humanos fundamentales que se encuentren consagrados en la Constitución Nacional, los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por la República del Paraguay”, refiere la exposición de motivos.

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La propuesta apunta a ratificar “el compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos del derecho humano a la identidad de paraguayos residentes en el extranjero”.

Asimismo, se exhorta a que se brinde la logística necesaria para el funcionamiento continuo de estos servicios en el exterior, asegurando así el ejercicio pleno del derecho a la identidad para miles de compatriotas.

De acuerdo a las denuncias, la problemática se centraría en los consulados paraguayos de Buenos Aires, La Plata y La Matanza, localidades de Argentina. Esta situación se replica en otras representaciones diplomáticas donde históricamente se ofrecía este servicio mediante jornadas móviles del Departamento de Identificaciones, como en Nueva York y Washington, ciudades de Estados Unidos y Madrid y Barcelona, municipios de España.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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