Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este apartado del cargo, renovó una serie de contratos de funcionarios que prestaban servicios en la comuna esteña y cuyos contratos fenecían el 30 de junio. Lo llamativo del caso es que dichos contratos figuran como que fueron renovados el 1 de julio de este año, fecha en que Prieto ya no ejercía funciones como intendente, por tanto, dichos documentos no tienen validez.

Esta situación está ahora generando un serio problema en la administración de la comuna esteña, ya que estos funcionarios están exigiendo el pago de sus salarios por el mes de julio muchos de los cuales no están pudiendo acceder, porque la renovación del contrato debería haber firmado el interventor Ramón Ramírez, puesto que es el actual responsable de la administración del municipio.

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Para comprender la situación, La Nación/Nación Media conversó con el interventor Ramírez, quien explicó que los contratos firmados con fecha 1 de julio por el señor Prieto, quien ya había dejado la administración, carecen de validez.

“Sí, justamente hoy tuve una manifestación de funcionarios, entre ellos aquellos que dicen que no cobraban sus salarios y cuyos contratos fueron renovados por este señor que ya no estaba en funciones en fecha 1 de julio y me entregaron como prueba esos contratos firmados por Prieto“, comentó.

Señaló que aparentemente estos contratos fueron firmados por Prieto, antes de dejar el cargo el pasado 20 de junio, fecha que inició la intervención municipal; el problema es que lo hizo con fecha 1 de julio, pero aun así los documentos no son válidos, ya que aún no fenecía en esa fecha el contrato anterior.

No obstante, señaló que ya ordenó reimprimir aquellos contratos de los funcionarios que sí cumplieron funciones en la municipalidad durante este tiempo.

“Lo que hizo Prieto fue firmar un nuevo contrato desde el 1 de julio y obviamente es inválido, él no estaba en funciones. Ahora, no puedo pagar sueldos de contratos que no están vigentes. Están volviendo a imprimir los contratos, de a poco me están pasando, y estoy volviendo a firmar, pero solo de aquellos que están confirmados que han cumplido funciones”, precisó.

Esta redacción tuvo acceso a uno de los contratos firmados por Prieto, que guarda relación con su asesor, Daniel Pereira Mujica, cuyo contrato feneció el pasado 30 de junio; y que fue recontratado de manera irregular por el intendente Prieto en fecha 1 de julio. Esto no tiene validez, ya que a esa fecha debía ser firmado por el interventor, Ramón Ramírez, quien estaba en funciones.

Al respecto, el interventor señaló que esos contratos son inválidos, por tanto, no puede pagar salarios con base a esos contratos. No obstante, aclaró que en este caso particular del asesor Pereira Mujica, así como varios otros asesores que están en la misma situación, adelantó que sus contratos no serán adelantados.

“Ese contrato en particular (Pereira Mujica) no voy a renovar, así como a muchos otros asesores que no tengo pruebas de que hayan cumplido con funciones específicas en la municipalidad en este tiempo. Esa es una de las razones, por las que ellos querían sostener que el contrato firmado por Prieto era válido. Pero no les voy a renovar, porque no cumplieron con funciones en este tiempo. Pereira Mujica se ha dedicado a hacer campaña política en este tiempo”, precisó.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que los interventores de Asunción y Ciudad del Este continuarán al frente de cada administración municipal, hasta que la Cámara de Diputados se expida sobre cada caso, como parte del procedimiento para no dejar sin autoridad comunal, ya que los intendentes no pueden reasumir el cargo sin la definición legislativa.

El secretario de Estado confirmó que, en lo que respecta al Poder Ejecutivo, culminó el proceso de intervención en Ciudad del Este con la entrega del informe final por parte del interventor Ramón Ramírez, en la tarde de ayer miércoles. Esta mañana se remitieron íntegramente esos documentos a la Cámara de Diputados.

“No existe la figura de la reasunción de los intendentes a sus cargos, en ese ínterin en que la Cámara tenga que decidir sobre esto. Entonces, el corte administrativo a futuro se va a dar entre el interventor y a quien le toque asumir el cargo nuevamente. Si se llama a elecciones, o al concejal que sea electo decidido por la Junta Municipal”, explicó Riera ante los medios de prensa.

Agregó que en el caso que no se llame a elecciones podría asumir eventualmente el presidente de la Junta Municipal o el que la Junta Municipal decida. “Esto es importante aclarar, para que no haya dudas ni vacío de poder. El interventor se queda en el cargo hasta que la Cámara de Diputados se expida, en ambos casos. Tanto en Ciudad del Este como en Asunción”, precisó.

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Respecto a los incidentes que se registraron esta mañana en la municipalidad esteña, donde una turba de funcionarios afines a Miguel Prieto, protagonizaron una violenta manifestación, afirmando que las irregularidades detectadas en esta fiscalización “son mentiras”, Riera señaló que es algo que estaba dentro de los presupuestos, ya que la intervención de CDE no fue fácil durante todo este tiempo.

Aclaró que desde el Ejecutivo, lo único que hacen es revisar el informe del interventor, de que esté completo y foliado, sin emitir ningún dictamen, ni ningún juicio de valor al respecto.

“Lo que hago es hacer una nota como ministerio del Interior, para remitir el informe al Ejecutivo y este a su vez remite a la Cámara de Diputados”, acotó.

Por otra parte, el ministro aprovechó la conferencia para informar sobre otros casos de relevancia sucedidos en las últimas horas, que son de relevancia en el aspecto de seguridad interna.

Por un lado, confirmó sobre el caso de cuatro atletas cubanos, que informaron al jefe de su delegación y a la vez a la organización de Juegos Panamericano Junio Asu2025, su decisión de no retorno a su país. Se trata de cuatro jóvenes mayores de edad, que decidieron quedarse en el país.

Ante esto, se iniciaron los protocolos al que la Policía Nacional llama “alerta” para averiguar si estas personas cuentan con antecedentes que puedan generar preocupación.

“Aparentemente se trata un caso de deserción, son tres remeros y una atleta de balón mano. Todavía oficialmente no han solicitado el apoyo o el asilo del Conare (Consejo Nacional de Refugiados), que sería el paso normal. Porque esto ya ha sucedido en otros casos, incluso en Odesur, con delegaciones de Venezuela”, acotó.

Por otra parte, informó sobre un incidente a las 3 de la madrugada frente a la Facultad de Derecho de la UNA, que arrojó 13 detenidos y dos vehículos incautados porque hubo arma de fuego involucrados.

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El analista político y exdiputado Sebastián Acha realizó una evaluación sobre los dos años de gestión del presidente de la República, Santiago Peña. Resaltó varios aspectos, principalmente en el ámbito internacional y la política exterior, y en este sentido, el trabajo de la Cancillería nacional.

“Creo que hay puntos positivos, el grado de inversión es un punto positivo, me parece que haber conseguido un lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el doctor Diego Moreno es un punto muy importante de Cancillería, que después se opacó de no haber alcanzado nuestro canciller, que es muy bueno, la secretaría general de la OEA (Organización de los Estados Americanos)”, expresó en la 1020 AM.

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La reacción y las gestiones ante la crisis que se generó con el Brasil tras descubrirse el esquema de espionaje hacia autoridades y el Gobierno paraguayo en el período anterior, “no está mal”, de acuerdo a sus expresiones. Este esquema de espionaje llevó a la suspensión temporal de las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional entre ambos países.

“Creo que la forma en que está gestionando la crisis con el Brasil, por más que no sea la forma en que a mí me guste, tampoco está mal, porque nosotros retiramos nuestro embajador, estamos en una situación que tenemos que saber sacar provecho a futuro, porque hoy Brasil quedó como la super potencia al lado del país pobre y que encima nos espía, y ellos quieren ser los líderes del mundo pobre”, apuntó.

Por otra parte, Acha señaló como una deficiencia no poder avanzar en algunos aspectos, principalmente por la gran mayoría que cuenta el oficialismo en el Congreso Nacional. Así también, el lento avance en obras públicas.

“En cuanto a las deficiencias, me gustaría resumir en una debilidad sustancial que tiene este Gobierno, que es la falta de resolución para avanzar en determinados campos, con la mayoría abrumadora que tiene, esto tiene que pasar rápidamente, no solo a nivel de leyes, sino que acá nosotros todavía no movimos obras públicas, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos) hace poco”, sentenció.

En cuanto a cambios en el gabinete de Peña, dijo que es poco probable que el presidente reemplace a sus ministros. “Yo creo que el presidente ya no le va a cambiar a nadie, porque para él cambiarle a alguien le genera un problema, le genera un problema de quien va ser el sucesor, por cada ministro hay 50 personas que están pidiendo su cabeza, cada persona que pide su cabeza, tiene su candidato”, puntualizó.

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El interventor de Ciu­dad del Este, Ramón Ramírez, ratificó que las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República, que derivaron la intervención municipal a la comuna esteña, tienen sus­tento absoluto, en declaracio­nes que formuló a Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que su equipo tra­baja en la verificación de las 12 causales expuestas y que emitirán un pronun­ciamiento sobre cada una de ellas, respaldado por los elementos recolecta­dos durante el proceso. Asi­mismo, Ramírez explicó que se van a agregar hechos nuevos a los causales que generaron la intervención. “Ya se están incorporando todos los demás elementos. Por ejemplo, este que dimos a conocer (sobre la caja para­lela). Eso es nuevo y lo rela­cionado a las transferencias para del Consejo de Salud”, recalcó el interventor.

Fue consultado además sobre si considera que en base a los trabajos realizados durante la intervención ameritaría que el informe final sea remi­tido al Ministerio Público, Ramírez fue contundente al señalar que se expusieron irregularidades notorias que ameritan que intervengan los órganos correspondientes, como la Fiscalía.

La intervención al municipio esteño comenzó el 22 de junio y debería concluir el próximo 21 de agosto, atendiendo a que el plazo es de 60 días corri­dos, no prorrogables. “Esta­mos dentro del cronograma y estamos comprometidos en cumplir el plazo”, agregó.

Finalmente, expuso que su equipo y él están abocados a acabar el informe que con­tendrá el documento que se elevará primero al Ministerio del Interior (del Poder Ejecu­tivo) y desde allí remitido al Poder Legislativo, específi­camente la Cámara de Dipu­tados que deberá definir si destituyen o no al intendente Miguel Prieto.

Si los legisladores de la Cámara Baja votan por la destitución, la Justicia Elec­toral deberá convocar a elec­ciones (internas y municipa­les) para elegir al sucesor del actual intendente.

“No existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto, lo que sí existe es un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto cómo una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pan­demia. Este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patri­monial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este”.

“Para algunos colegas, ha sido un vyrorei que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor. Cuando se trata del chancho del propio chiquero, enton­ces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni ‘popinda’, ‘solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchive’, expresó. Lamento que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco”.

“Lo que estamos viendo es un auténtico robo desca­rado, que hoy en un afán de querer montar una cor­tina de humo, trata de confundir a la ciudadanía en relación a la denuncia que él hizo (sobre nepotismo). Acá lo irónico es que el propio Prieto defendió públicamente llamando a su prima inco­rruptible, la última reserva moral de la familia. Si en dos días se desviaron G. 75.000 millones, quiero ver todo lo que habrá sido estos años”.

“Prieto es un ladrón en pandemia y fuera de la pan­demia. Es un caso que yo ya estuve denunciando desde hace cinco años, de que además de existir una caja paralela también existen hechos de nepotismo, que el propio Miguel Prieto reveló en una entrevista”.

“Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morci­lla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudada­nía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima). La denuncia fue contra personas innomina­das, jamás nombró o acusó a los verdaderos y sabidos responsa­bles. Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal”.