Una mujer indígena fue hallada sin vida por su pareja en la mañana de este viernes. La misma habría fallecido por hipotermia, ya que ambos dormían a la intemperie al costado de una estación de servicios ubicada en el barrio Virgen de Fátima de la ciudad de Concepción.

La mujer fue identificada como Elisea Torres Benítez, de 47 años, quien vivía en situación de indigencia. Su pareja, identificada como Marciano Gómez González, de 57 años, también indígena y en situación de calle, se habría percatado de que la mujer estaba muerta cuando despertó y fue a pedir ayuda hasta la caseta de seguridad de la estación de servicios.

Según el reporte policial, los intervinientes llegaron al lugar y tras confirmar el fallecimiento de la mujer, se convocó a personal del Ministerio Público, el cual dispuso el traslado del cuerpo hasta la morgue para que le sea practicada la autopsia, ya que su pareja había declarado que la mujer llevaba al menos tres días enferma.

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Si bien no se descartó que existiera una enfermedad subyacente que le haya estado provocando los síntomas de fiebre y tos, la autopsia reveló que la causa de la muerte fue hipotermia y que la mujer habría fallecido ya alrededor de las 22:00 de ayer jueves.

Su pareja mencionó que en varias ocasiones, cuando no encontraban un lugar más abrigado donde pasar la noche, se apostaban en la zona de la estación de servicios o en algún descampado de la zona.

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Un niño de 11 años debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Regional de Concepción luego de que recibiera una descarga eléctrica tras pisar un cable suelto de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). El hecho se registró en el barrio San Luis, fracción Arroyito de Concepción.

La madre del niño relató que el incidente se dio cuando su hijo iba a la despensa para comprar algo para merendar. Explicó que el cable estaba suelto en el camino y que fueron los propios vecinos los que movieron el cable con un palo para poder transitar por el lugar.

“Los vecinos llamaron toda la mañana a la gente de la Ande, pero nadie atendía; entonces ellos movieron y justo quedó en frente de mi casa y cuando mi hijo salió, se olvidó de eso y pisó. Yo salté por él, también sentí la descarga, pero mucho menos”, contó Luisa Centurión en conversación con canal Trece.

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Tras el hecho, los propios vecinos debieron de trasladar al pequeño en una moto para que pueda ser atendido inmediatamente. La madre confirmó que su hijo sufrió varias quemaduras en la pierna izquierda y en la planta del pie, donde la quemadura es más grave.

“Ahora le están controlando sus signos y su estado en general, también ya le dieron los antibióticos y otros medicamentos para descartar cualquier secuela que pueda ocasionar la descarga y continuaremos acá hasta que esté fuera de peligro”, expresó la madre del niño.

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El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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