Este martes, las centrales obreras exigen el pago de un salario de emergencia, controles sobre el cumplimiento del protocolo sanitario del Ministerio de Salud y que se eviten despidos de los trabajadores durante la cuarentena que se insta cumplir para evitar la propagación del coronavirus en el país, informó Rocío Gómez en el Canal GEN.
Los dirigentes sindicales plantean que sea un salario mínimo que en la actualidad alcanza Gs. 2.192.839 debido al golpe económico a raíz de la epidemia del coronavirus en el país. Igualmente denuncian que se registraron al menos 200 despidos en la primera semana.
“Planteamos la creación de un salario de emergencia. El gobierno debe sacar una Ley en la que establezca un salario de emergencia mientras dure la cuarentena. Eso debe ser destinado para el sector público y privado. Debe ser el salario mínimo, por supuesto. ¿Qué puede hacer el campesino sino tiene cómo movilizarse?”, afirmó Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, en contacto con GEN.
Lamentan que los trabajadores informales están sufriendo la paralización económica del país. Alegan que son correctas las medidas sanitarias del gobierno, pero cuestionan la falta de solución a problemas económicos. "Calculamos que hay entre 200 y 300 despedidos, que es otra cosa diferente a suspendidos. Los que no despiden asumen dar las vacaciones adelantadas”, expresó Rojas.
Por su parte, el Viceministerio del Trabajo inició controles luego de recibir 54 denuncias. El viceministro de Trabajo, Luis Orué, señaló que los patrones pueden establece el periodo de vacaciones de sus empleado exceptuado el requisito de avisar con 15 días de anticipación debido a la epidemia.
“Instamos a las patronales a que otorguen vacaciones por cuestión de salud y de interés general, que vayan a sus casas, teniendo en cuenta que las vacaciones son remuneradas”, afirmó Orué.
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Sindicatos de la comuna de Asunción amenazan con huelga general por el contrato colectivo
Ante la falta de homologación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, las organizaciones sindicales de la Municipalidad de Asunción anunciaron la convocatoria a una huelga general, aunque no precisaron aún la fecha de la medida de fuerza.
El contrato ya cuenta con la firma del actual intendente Luis Bello, pero está varado por la falta de un dictamen y aprobación de la Junta Municipal.
En esta cuestión hay una disputa económica, ya que mientras concejales opositores afirman que el impacto económico rondaría los G. 38.000 millones anuales, los gremios sostienen que el monto real no superará los G. 11.738 millones.
La Junta Municipal actual tiene aún cuatro sesiones ordinarias para analizar el contrato colectivo, antes que asuman los nuevos concejales que fueron electos el domingo pasado, lo que está previsto para los primeros días de noviembre.
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Un aspecto que precisar es que mañana miércoles no figura en el orden del día de la sesión el tratamiento del contrato.
El Sindicato de Trabajadores de la Municipal de Asunción (Sitrama); el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) y el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) se declararon en asamblea permanente y en caso de no conseguir la homologación del contrato de trabajadores paralizarán totalmente los servicios.
El secretario general de Sitrama, Alberto Gaona, dijo que defenderán las mejoras laborales acordadas, desmintiendo que el impacto presupuestario sea tan elevado como denuncia la oposición en el marco del actual escenario político.
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Diputados acuerdan mayor debate antes de tratar proyecto que crea el Ministerio de Minas y Energía
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, encabezó una mesa de trabajo con representantes de gremios, asociaciones y sindicatos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), con quienes se abordó la situación del sector energético y el proyecto de creación del Ministerio de Minas y Energía, cuyo tratamiento figura en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para mañana. Acompañaron la reunión el vicepresidente primer,o Hugo Meza, y el diputado Alejandro Aguilera.
Tras el encuentro, el presidente Latorre anunció el compromiso asumido para promover un espacio de discusión antes de avanzar con la iniciativa mencionada. “Hemos acordado y nos hemos comprometido los colegas presentes a operar activamente para que ese punto no sea tratado el día de mañana”, afirmó.
Destacó además la fluida conversación que están manteniendo sobre la situación actual del sector energético; así como de las políticas que se buscan establecer sobre el tema. “Hemos hecho una invitación a realizar una gran mesa energética aquí en la Cámara de Diputados, con la participación de todos los sectores, donde podamos visualizar juntos cuál es el norte que el Paraguay tiene que seguir en materia de política energética”, expresó.
Remarcó que la intención es involucrar a los distintos sectores vinculados al área. “El objetivo es generar un gran diálogo, un gran debate, un gran consenso, por supuesto con la participación de los sectores que provienen de la Ande, los parlamentarios y el Poder Ejecutivo”, manifestó.
Asimismo, indicó que la posibilidad de construir acuerdos cuenta con apertura desde el mismo Poder Ejecutivo. “Hemos tenido también un diálogo con el presidente de la República, Santiago Peña, que también está en el espíritu de generar un gran consenso sobre este tema en particular”, agregó.
No se movilizarán
Por su parte, el representante sindical de la Ande, Adolfo Villalba, valoró el resultado de la reunión y adelantó que informará a los integrantes de la organización sobre los compromisos asumidos. “Tenemos una reunión de la comisión directiva del sindicato, y vamos a ir a informar; pero, adelanto que con este anuncio nosotros no nos vamos a movilizar”, sostuvo.
El dirigente sindical sostuvo que Paraguay atraviesa una oportunidad estratégica debido a la disponibilidad de energía, un excedente energético que se puede aprovechar para poder sacar el mayor provecho posible. “En este momento el Paraguay tiene un recurso que no existe en otro lado y que la Ande puede sacar ese provecho para poder beneficiar a los usuarios en general”, manifestó.
Construir acuerdos
A su turno, el diputado Alejandro Aguilera señaló que el objetivo es construir acuerdos sin imponer decisiones. “Acá no vamos a atropellar ni imponer absolutamente nada. Vamos a instalar probablemente una mesa de diálogo con los distintos sindicatos, con el Gobierno, con los líderes de bancada”, afirmó.
El parlamentario explicó que el propósito central es fortalecer la institución y dotar de previsibilidad al sector energético. “La idea es fortalecer la Ande, la idea es que el sector energético tenga previsibilidad. Nos vinieron a enriquecer un poco con los puntos de vista que tienen ellos”, manifestó.
El diputado Aguilera aclaró además que el espíritu del proyecto no busca debilitar a la institución. “La intención o el espíritu del proyecto no va en contra de la Ande, no queremos quitarle autarquía a la Ande, que entiendo que es lo que un poco a ellos también les genera ciertos resquemores. Pero bueno, vamos a seguir conversando”, expresó.
Finalmente, defendió la orientación del Gobierno hacia la atracción de inversiones y la generación de empleo, señalando que esto no implica afectar los intereses de la Ande.
“El Gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña, desde que asumió, está enfocado obviamente en generar inversiones extranjeras en el país para poder generar fuentes de trabajo, que al final de cuentas es lo que la gente necesita y quiere. El presidente Peña está a favor del interés de todos los paraguayos”, sentenció.
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Justicia argentina restituye vigencia de reforma laboral de Milei objetada por sindicatos
La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido un pedido de la principal central obrera del país.
Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró Milei en X.
La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43 % de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.
Para la CGT estos argumentos son “falsos”.
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“No es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o la esclavitud como se mejora este proceso”, sostuvo la central obrera.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 22.000 empresas, con la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de las importaciones.
La actividad industrial en febrero cayó un 4 % respecto al mes anterior y registró una capacidad ociosa del 54,6 %, según datos oficiales.
La inflación, que Milei redujo a un tercio desde que consolidó, lleva una vez meses consecutivos en lento avance. El costo de vida marcó en marzo 3,4 %, el nivel más alto del último año.
En febrero una huelga general contra la reforma laboral y nutridas movilizaciones callejeras no lograron frenar la aprobación de la ley.
La central obrera anunció una nueva marcha para el 30 de abril en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo que se celebra el día siguiente, para expresar su repudio y pedir al gobierno un cambio de rumbo económico.
La justicia aún debe resolver si la polémica ley viola la Constitución Nacional por introducir reformas acusadas de regresivas de los derechos laborales por sus detractores.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que habilitara un “per saltum” (vía rápida) para zanjar la controversia.
- Fuente: AFP
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Camilo Pérez se reúne con sindicatos y apunta a fortalecer la labor municipal
Camilo Pérez, precandidato a intendente de Asunción por la Lista 2, Movimiento Honor Colorado (ANR), mantuvo un encuentro con representantes de Sioma, el Sindicato de Obreros de la Municipalidad de Asunción y Sintratoa, de los funcionarios de la Terminal de Ómnibus de Asunción, en el marco del diálogo con sectores laborales del municipio.
Este encuentro sirvió para reforzar el compromiso del precandidato con los trabajadores del municipio. Durante la reunión que se realizó este viernes, Luis González (Sioma) y Fernando Gaona (Sitratoa), líderes sindicales, plantearon la necesidad de fortalecer el rol del funcionario municipal, dotarlo de mejores condiciones y un acompañamiento institucional.
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En ese sentido, Pérez explicó que los trabajadores municipales serán aliados clave en su gestión, y remarcó la importancia de reconocer y premiar el buen desempeño, además de priorizar el cuidado de los recursos humanos, como eje central de la administración.
Señaló que se debe actuar con responsabilidad y transparencia al abordar temas vinculados a contrataciones, evitando emitir juicios sin conocer el contexto real de la institución, en relación a comentarios de otros candidatos que hablan de descontrataciones masivas.
“Tenemos que trabajar todo y voy a hacer una gran estructuración de todo el funcionariado para que las áreas que en verdad necesitan de más gente, cuenten con más gente y para que cada uno manifieste su aptitud”, expresó.
El candidato reafirmó finalmente su apertura al diálogo permanente con los gremios, con el objetivo de recuperar la gestión municipal y dignificar el trabajo de los funcionarios municipales.