La dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), Teodolina Villalba, anunció la postergación de la tradicional marcha campesina que debía realizarse los próximos 26 y 27 de marzo, en Asunción y otros puntos del país ante el avance del coronavirus y las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud.
Villalba afirmó que la decisión se basa en la restricción decretada por el gobierno para evitar la expansión del coronavirus y aclaró que una nueva fecha será anunciada próximamente. “Vamos a informar una nueva fecha porque continúan los problemas de tierra, la falta de política a favor de la mayoría”, expresó la dirigente.
De esta manera, por primera vez en 27 años, no se realizará en marzo la tradicional marcha que concentra cada año a un grupo importante de campesinos frente al ex Seminario Metropolitano y que luego marchan hasta las plazas ubicadas frente al Congreso Nacional.
El ministro del Interior, Euclides Acevedo anunció que queda restringida la circulación de personas y vehículo entre las 20:00 hasta las 04:00 en la vía pública ante el avance del coronavirus en el país. La medida solo rige para los que no respeten las disposiciones, no así para los trabajadores o los que acuden a supermercados, farmacias o centros asistenciales.
Hasta el momento son ocho los casos confirmados, tres hospitalizados y dos pacientes se encuentran en terapia intensiva. Los demás infectados se encuentran en sus domicilios. El Ministerio de Salud insiste en tomas todos los recaudos necesarios, como lavarse las manos y evitar la aglomeración de personas.
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Piden intervención de autoridades ante suspensión de operaciones en Paraná Guazú
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cnsp) expresó su preocupación ante la suspensión de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú. El gremio pidió la intervención de las autoridades competentes de nuestro país para que esta medida sea reconsiderada y se restablezca la operatividad en la vía navegable.
“El desvío forzoso de operaciones hacia otras terminales, como las del río Paraná de las Palmas, tendrá diversas consecuencias, y todas ellas implicarán una suba de precios irremediablemente, a lo largo de una gigantesca cadena de suministro de bienes y servicios”, indicaron en un comunicado, en el cual señalaron que dicha coyuntura afectará, por ende, la estabilidad de precios en un contexto ya de por sí bastante complejo.
La zona afectada es conocida como “Lote Hidrovía Sur” y la situación es considerada una medida unilateral adoptada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero Argentina (Arca), que “pone en riesgo la provisión de combustible para Paraguay, al tratarse de un punto clave utilizado continua a lo largo de varias décadas para el transbordo de este y otros productos”.
Asimismo, instaron a que cualquier revisión futura en cuanto a las condiciones operativas se lleven a cabo dentro de un marco de diálogo técnico e institucional, con la participación de todos los actores involucrados, recordando que Paraguay, como país mediterráneo, depende esencialmente de la libre navegación y de una logística fluida para garantizar su comercio exterior y su abastecimiento interno.
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“Por ello, las decisiones unilaterales que afectan estos procesos deben ser abordadas con responsabilidad y diálogo entre los países involucrados”, manifestaron en la misiva.
Es que si bien Argentina propone otros 10 puertos alternativos se critica la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro del país y la región.
El argumento esgrimido por la institución argentina es que el área no está habilitada como puerto por la autoridad competente y proponen otros para que los buques paraguayos puedan hacer los trasbordos de combustibles, tales como Zárate, Campana, Arroyo Seco, San Lorenzo y Puerto General San Martín.
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“Inaceptable”: Intransigente Irán le niega cooperación a la agencia de energía atómica
Irán suspendió oficialmente este miércoles su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras los bombardeos israelíes y estadounidenses a sus instalaciones nucleares, una medida que preocupa a la ONU y que Washington calificó de “inaceptable”.
El 25 de junio, un día después del alto el fuego impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump tras una guerra de 12 días entre Irán e Israel, el legislativo iraní aprobó por abrumadora mayoría un proyecto de ley que suspende la cooperación con la agencia de la ONU responsable de la seguridad nuclear.
La suspensión de la cooperación iraní es “obviamente preocupante”, dijo el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.
Estados Unidos calificó de “inaceptable” la decisión, “en un momento en el que [Irán] tiene una ventana de oportunidades para revertir el rumbo y elegir un camino de paz y prosperidad”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.
Israel fustigó la decisión de Irán, su archienemigo desde la Revolución Islámica de 1979. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, pidió que el mundo “utilice todos los medios a su alcance para poner fin a las ambiciones nucleares de Irán”, según un mensaje en la red X.
También instó a Alemania, Francia y el Reino Unido, los tres países europeos que firmaron el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con China y Estados Unidos, a “restablecer todas las sanciones contra Irán”.
El acuerdo de 2015 quedó nulo tras la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018, y Teherán comenzó entonces a incumplir sus obligaciones.
Convencido de que Teherán estaba próximo a desarrollar un arma nuclear, Israel lanzó un ataque masivo contra instalaciones nucleares y militares iraníes el 13 de junio.
Irán, que niega buscar una bomba atómica, pero defiende su derecho a enriquecer uranio para fines civiles, respondió con ataques con misiles y drones contra Israel.
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La guerra dejó al menos 935 muertos en Irán y 28 en Israel, según las autoridades de cada país.
Fuente: AFP
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TSJE urge concluir licitación para cumplir apretado calendario electoral este año
El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.
“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.
La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.
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La preocupación se agudizó
“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.
“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.
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Licitación de máquinas nuevamente en jaque: Tribunal de Cuentas ordena suspender el proceso
El Tribunal de Cuentas emitió una resolución mediante la cual ordena la suspensión de la licitación para adquisición de máquinas de votación, dando lugar a una acción presentada por una empresa. La misma había presentado una protesta ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la cual fue rechazada y la que motivó la acción judicial de la firma.
“Esto compromete seriamente el desarrollo de las elecciones, es algo que nosotros no esperábamos, lastimosamente se hizo lugar a algo que creo que es totalmente fuera de plazo, pero bueno, no obstante nosotros debemos respetar lo resuelto y una vez que la DNCP nos comunique, vamos a estar atentos a esas disposiciones y ojalá se resuelva lo antes posible porque esto es una medida cautelar y hay que tocar el fondo de la cuestión”, expresó Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político.
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) indicaron que aún no fueron notificados de alguna suspensión del proceso, dado que esto debe ser un proceso realizado por la DNCP, institución contra la cual se promovió la acción. En tanto, el TSJE continúa con la revisión documental de las tres empresas que compiten por proveer las máquinas de votación.
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“Estamos en pleno control de los documentos que presentaron las tres empresas y posterior a ello pasaríamos a la verificación técnica de las máquinas, esto vamos a seguir en tanto la DNCP disponga lo contrario. La pausa o la suspensión la debe determinar la DNCP, ellos ni bien sean notificados de esta resolución del Tribunal de Cuentas, deberán tomar las medidas correspondientes y de eso vamos a ser notificados nosotros”, ratificó a la 1020 AM.
Ruiz Díaz afirmó que como institución, coadyuvarán a que la situación sea aclarada, puesto que son los mayores interesados en que la licitación siga su curso, puesto que el objetivo es contar a fin de año con las primeras 5.000 máquinas, de las 28.000 que se van a adquirir, de modo a iniciar con las capacitaciones en el uso de los dispositivos.
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