Al escáner de temperatura corporal que se utiliza desde ayer en el único acceso habilitado en el Palacio de Justicia, se suma desde hoy la obligatoriedad de pasar por el lavatorio para lavarse las manos y luego aplicarse alcohol en gel.
La medida fue adoptada en base a la acordada que reglamenta la actividad del Poder Judicial durante la emergencia sanitaria.
El ingreso a la sede judicial se realiza únicamente por la guardia policial, ubicada sobre la calle Testanova del barrio Sajonia de Asunción. Personal médico de la institución debidamente protegido se encarga de escanear la temperatura corporal de las personas, además de realizar un breve interrogatorio o charla verbal sobre posibles síntomas.
Posteriormente, funcionarios de seguridad invitan muy amablemente a que todas las personas que superaron la prueba del escáner, se laven las manos en el lavatorio ubicado al lado de la guardia policial, para luego aplicarse alcohol en gel.
“Reducir posibilidad de contagio”
Estas medidas buscan reducir la posibilidad de contacto y evitar así el eventual contagio del virus Conavid-19. También se realiza un registro manual de los funcionarios, ya todos están exonerados de la marcación a fin de evitar la aglomeración de gente y que toquen el reloj biométrico, que podría ser un foco de infección.
Ayer, el protocolo de seguridad fue activado luego de que una funcionaria que no presentaba síntomas del conavid-19 requiriera asistencia médica especializada, motivo por el cual fue trasladada hasta un hospital.
Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia dispuso que queda terminantemente prohibido el ingreso al edificio de funcionarios o magistrados que no estén habilitados por la Acordada N°1.366 para prestar servicios durante el periodo de emergencia sanitaria. Se insta a los Magistrados no habilitados a no asistir a sus despachos, ni a trabajar a puertas cerradas.
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Víctimas de la mafia de los pagarés se movilizan frente al Palacio de Justicia
Un grupo de víctimas del caso de estafa masiva a través de la conocida “mafia de los pagarés” llegó este lunes hasta la sede del Poder Judicial para reclamar el cese de embargos irregulares y exigir justicia.
Los afectados se quejaron del poco avance de las investigaciones y denunciaron que los descuentos siguen ejecutándose “a mansalva” en detrimento de las familias.
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Carmen Rodríguez, docente de Villarrica, una de las víctimas, tildó de corruptos a jueces y ujieres, de quienes dijo que están “entregados totalmente a la mafia”.
“Están todos implicados, juzgados y jueces, ujieres corruptos. Hay juzgados que están totalmente entregados a la mafia”, denunció en diálogo con la 1000 AM.
La educadora afirmó que sigue siendo víctima del esquema delincuencial. “Se me sigue descontando a mansalva en detrimento total contra mi familia, dejándome prácticamente en un estado sin posibilidades de defendernos”, sostuvo.
Aseguró que nunca recibió ninguna notificación judicial, por lo que quedó en indefensión ante la justicia. “Y en mi caso yo ya he pagado todo. Y le vamos a decir a los jueces de esta Corte que no puede ser que por 9 millones, debas toda la vida 150 millones. Y de ahí no se mueve. Ellos ya cobraron todo y por qué no cobran lo justo”, lamentó.
Insistió en la necesidad que las casas comerciales involucradas en el esquema de estafas sean investigadas. “Ellos ya cobraron su capital y nos tienen en esta situación. Por qué no nos muestran la realidad, son pagarés abultados, aparte de los pagarés que desaparecen”, subrayó.
Rodríguez dijo que incluso los expedientes están desaparecidos, por lo que deben deambular de un lugar a otro para dar seguimiento a sus procesos.
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Registro Nacional de Pagarés avanza con consenso del Ejecutivo, la Corte y el Congreso
“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.
“Mafia de los pagarés”
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.
El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.
Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.
Poder Ejecutivo
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.
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Poder Legislativo
Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.
Pacto institucional
“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.
El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.
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Casos de violencia familiar lideran las denuncias en Concepción
Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.
De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.
“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.
“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.
Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.
También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.
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Corte IDH llama a países de OEA a adoptar medidas para la población ante cambio climático
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo órgano judicial continental, dictaminó este jueves que los países de la OEA tienen la obligación de adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población frente al cambio climático.
La decisión de la Corte IDH implica que los países del continente deben hacer reformas legales que eventualmente aumenten las exigencias a las empresas, una vieja aspiración de las oenegés ambientalistas.
“Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para disminuir los riesgos derivados [...] de la degradación del sistema climático global”, dijo la Corte IDH en una opinión consultiva sobre el impacto del cambio climático en los derechos humanos, solicitada por Colombia y Chile en enero de 2023.
El tribunal con sede en San José recordó que “el derecho a un ambiente sano se encuentra incluido entre los derechos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana” de Derechos Humanos.
Por esta razón, los Estados deben “adoptar medidas legislativas y de otro carácter para prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas estatales y privadas”.
Entre otros aspectos, “los Estados deben exhortar a todas las empresas domiciliadas o que operan en su territorio a que adopten medidas efectivas para combatir el cambio climático y sus impactos sobre los derechos humanos”, dispuso la Corte.
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“Las normas adoptadas en este contexto deben orientar al Estado y a los particulares bajo su jurisdicción para enfrentar de manera eficaz e integral las causas y consecuencias del cambio climático”, agregó.
Las audiencias previas para emitir esta opinión tuvieron una participación récord, de más de 160 organizaciones, incluidas organizaciones de la sociedad civil, entidades científicas y comunidades indígenas.
Varias oenegés habían expresado previamente su esperanza de que la Corte IDH obligara a los países del continente a tomar medidas para proteger a las personas frente al cambio climático.
La Corte IDH, una institución judicial autónoma encargada de aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene jurisdicción sobre una veintena de Estados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
Sin embargo, “su relevancia también se extiende a nivel mundial”, afirmó el 18 de junio Nikki Reisch, de la ONG Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) en una conferencia virtual.
“La crisis climática no es sólo una crisis de derechos humanos y de justicia social, también es una crisis de impunidad”, indicó Michelle Jonker-Argueta, de Greenpeace Internacional, en la misma conferencia.
- Fuente: AFP
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