• México, México. AFP.

La justicia en México entró en una etapa de incertidumbre, tras unas inéditas elecciones de jueces marcadas por el abstencionismo e inquietudes sobre la independencia judicial y la relación económica con Estados Unidos. Con una participación de entre 12 % y 13 %, los mexicanos eligieron el domingo a 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia, un caso único en el mundo.

Entre los miles de candidatos había antiguos abogados de la mafia, como Silvia Delgado, quien en 2016 asesoró al narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esas postulaciones alimentaron sospechas sobre la posible injerencia de políticos y criminales en el poder judicial.

Las preocupaciones alcanzan la vital relación con Estados Unidos de cara a la revisión del acuerdo comercial T-MEC, prevista para este año, según la firma británica Capital Economics. La elección “puede complicar” estas negociaciones, advirtió la consultora, en medio de las presiones arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, a México y Canadá.

En agosto pasado, cuando aún era senador, el actual secretario de Estado, Marco Rubio, firmó una carta en la que el comité de relaciones exteriores advirtió que la reforma que dio origen a los comicios pondría en “peligro intereses económicos y de seguridad” bilaterales.

Lea más: EE. UU.: misterioso caso de torturas por bitcoins llega al tribunal

Se espera que el Instituto Nacional Electoral anuncie este lunes a los nueve miembros de la Suprema Corte, y en los días siguientes a los demás elegidos. El máximo tribunal fue la manzana de la discordia que llevó al presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a impulsar la elección de jueces mediante una enmienda constitucional.

La Corte bloqueó varios proyectos de López Obrador, por lo que éste y su sucesora, Claudia Sheinbaum, acusan a ministros salientes y otros jueces de defender intereses corruptos, de una impunidad que supera 90 % y de nepotismo.

“No es una reforma que busque mejorar el sistema de justicia, sino capturarlo”, dijo a la AFP Juan Jesús Garza, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La izquierda ya controla el Legislativo y la mayoría de gobernaciones de la segunda economía latinoamericana.

Tres ministras del Supremo actual, afines al gobierno, buscaban permanecer en el cargo.

Los comicios no requerían un porcentaje mínimo de participación para ser válidos, pero el alto abstencionismo debilita el argumento oficialista de que los ciudadanos anhelaban elegir a sus jueces, opina Garza. “Por más que la elección sea válida en lo jurídico, en lo político y en lo ético va a ser muy difícil” defenderla, advierte este doctor en filosofía del derecho.

Lea también: Presidenta de Perú registra solo un 2 % de aprobación

Las elecciones estuvieron signadas por la confusión ante la multiplicidad de boletas y extensas listas de aspirantes. Algunos votantes conocieron a los candidatos por TikTok y decidieron su apoyo incluso tras contactarlos telefónicamente o por simple “intuición”, según testimonios obtenidos por AFP en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

El escaso conocimiento de los perfiles y dudas sobre la idoneidad de los aspirantes también generan incertidumbre. Además, algunos fallos podrían retrasarse pues los nuevos jueces recién asumirán funciones en septiembre.

“La justicia no va a cambiar de la noche a la mañana (...) Por el contrario, va a retrasarse todavía más en lo que se asignan los puestos”, advierte Garza.

Pero también existe la posibilidad de que muchos funcionarios del actual poder judicial, que participaron en los comicios, conserven sus puestos.

“El mejor escenario sería que tengamos jueces y magistrados de carrera judicial comprometidos”, comentó a la AFP el exmagistrado Carlos Soto. Otros 4.000 jueces serán elegidos en 2027.

Los partidos de oposición, muy debilitados, habían llamado al abstencionismo al advertir que los comicios consolidarían un “régimen autoritario”. Bajo este argumento, unas mil personas protestaron el domingo en Ciudad de México. Pero Sheinbaum, quien este lunes cumple un año de ser elegida y disfruta de una popularidad de 70 %, sostiene que quienes defienden esa tesis solo quieren mantener la “corrupción y privilegios” del poder judicial.

Expertos coinciden en que la reforma a la justicia no ataca las raíces del problema, en un país donde cada año se registran unos 30.000 homicidios y hay más de 120.000 desaparecidos por la violencia del narcotráfico. Para Juan Jesús Garza, se deben mejorar las capacidades investigativas de las fiscalías -desbordadas de expedientes- y ampliar la red de defensores públicos para los sectores más empobrecidos.

Pese a que algunos de los requisitos para postular en las votaciones eran tener buena reputación y carecer de antecedentes penales, la oenegé Defensorxs identificó una veintena de candidatos “riesgosos”. Entre ellos figura la abogada Delgado, quien buscaba ser elegida jueza en Ciudad Juárez y asegura que su única relación con el “Chapo” Guzmán fue profesional.

También, Fernando Escamilla, candidato a juez estatal en Nuevo León (noreste), quien fue abogado de Miguel Ángel Treviño, antiguo líder de Los Zetas, un extinto cártel conocido por su brutalidad. Leopoldo Chávez, otro aspirante del estado de Durango (norte), estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.

El diputado Hugo Meza brindó informe sobre lo que se analizó en la mesa directiva de la Cámara Baja y mencionó que se fijó el orden del día para la sesión ordinaria del martes 27 de mayo. Se prevén tratar 18 puntos, entre ellos el proyecto de Ley de “Letrina Cero en las Escuelas”.

“Es un proyecto bastante interesante para que en 400 instituciones educativas se pueda ejecutar y terminar con las letrinas. Lastimosamente, estas instituciones tienen aún letrinas y se plantea una ampliación presupuestaria al Ministerio de Educación y Ciencias para reemplazarlos por sanitarios modernos”, explicó en conversación con varios medios de prensa.

Más allá de las cuestiones sanitarias que conlleva tener baños en precarias condiciones, es una cuestión de dignidad humana, dijo el diputado Meza. Indicó que no se puede exigir calidad en la educación, cuando ni si quiera cuentan con baños modernos saludables en las instituciones.

Adelantó que estarán acompañando esta iniciativa con mucha fuerza a fin de darle la sanción correspondiente y que pase al Ejecutivo para su promulgación, para que el MEC ejecute este mismo año un presupuesto de un poco más de 6 millones de dólares.

Indicó que las 400 instituciones están completamente mapeadas por distritos y departamentos para dar fin a las letrinas en el país.

Le puede interesar: Ejecutivo remite pedido de intervención de municipios de CDE y Asunción

Por otra parte, señaló que estarán tratado en la ordinaria de la próxima semana la propuesta que crea el Registro Nacional de Pagarés. Destacó que es un proyecto sumamente importante, más aun teniendo en cuenta la larga lista de víctimas que se van conociendo a diario; a raíz que se conoció la verdadera mafia que se empotró en el Poder Judicial.

“Yo siempre he dicho, que uno de los Poderes del Estado que menos se aggiornó a los nuevos tiempos, un Poder Judicial completamente aplazado y de espalda a la ciudadanía y la mafia de los pagarés vino a desnudar lo más criminal que se puede llegar a ser desde un poder del Estado contra los ciudadanos más humildes y la gente trabajadora”, cuestionó.

Indicó que espera que este proyecto sea tratado y finalizado el próximo martes, durante la sesión ordinaria. “Lo más importante que contempla este proyecto es que permitirá contar con la trazabilidad desde el momento mismo de la emisión de los pagarés; y se podrá saber quiénes están detrás de estos grandes negociados, como se descubrió recientemente con esta mafia a través de los medios de prensa”, acotó.

Siga informado con: Potencial energético fortalece más nexos entre EE. UU. y Paraguay

La Policía Nacional denunció a opositores ante el Ministerio Público por los hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia. Esto, tras los disturbios ocasionados el pasado 31 de marzo frente al Poder Judicial. El grupo de dirigentes políticos pretendía acceder al Museo de la Justicia, violando los protocolos establecidos para el ingreso.

Fueron acusados el senador del Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, su esposa la exsenadora Desirée Masi y los liberales, el exsenador Luis Alberto Wagner, Marlene Orué, Agustín Saguier y Efraín Alegre (hijo).

La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el comisario Mario Ovelar. Los incidentes se registraron en coincidencia con el octavo aniversario del fallecimiento del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.

Leé más: Fiscalía paraguaya investigará espionaje informático de Brasil

Los dirigentes opositores pretendían realizar una representación teatral y entregar al Museo de la Justicia el expediente judicial del caso Quintana. “Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. No se puede recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todas las causas deben estar finalizadas, con sus últimas sentencias”, había indicado la coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau.

En la acusación se relata que los uniformados comunicaron sobre la necesidad de contar con una autorización oficial, conforme a la acordada n.° 254, inciso 4 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agrega que esta situación terminó enfureciendo a los dirigentes políticos, motivo por el cual se decidió la conformación de un cordón de seguridad perimetral con personal de prevención y seguridad en dos líneas (femenino y masculino).

Señalan que fueron agredidos verbal y físicamente por los opositores resultando heridos, Ovelar, los suboficiales ayudantes Jesús Martínez, Pablo Cabrera, Miguel Vergara, Diego Zaracho y Fernando Fernández.

Te puede interesar: Anuncian conformación de CBI sobre espionaje en el periodo de Bolsonaro

La coordinadora del Museo de la Justicia, Rosa Palau, aclaró que el grupo de dirigentes opositores que ocasionó disturbios frente al Poder Judicial, con la finalidad de acceder a la explanada y al Museo de Justicia, no siguió el protocolo establecido para el ingreso, por ende, no contaba con una autorización oficial.

“Ellos no pidieron autorización para ingresar al museo. Habían presentado un nota el pasado 20 de marzo, indicando que querían reunirse y conversar para la entrega del expediente de la causa judicial Rodrigo Quintana y de esa manera dejarlo para su preservación en el museo”, indicó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Palau señaló que incluso solicitaron a una de las firmantes, de nombre Marlene Orué, acudir previamente hasta el museo con el fin de exponer sus pretensiones y coordinar acciones. “Nosotros no podemos recibir donaciones sin autorización de la Corte Suprema de Justicia. Todo el fondo documental del museo está declarado como patrimonio intangible de la humanidad”, explicó.

Asimismo acotó: “Esto no quita que no queramos en estos 35 años de democracia incorporar otras causas, pero las mismas deben estar finalizadas con sus últimas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel de Corte Interamericana. Pueden ser causas emblemáticas y ser materiales de consultas para los investigadores que visitan el museo. Nosotros no somos archivo”.

Leé también: Regulación de concertaciones busca evitar “una perversión del voto”, afirma senador

Palau detalló que tras el encuentro con la dirigente opositora se le solicitó remitir una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, argumentando las razones sobre sus pretensiones de querer incorporar el expediente de la causa judicial de Quintana al Museo de Justicia.

Agregó que ayer 31 de marzo, fecha en que acontecieron los incidentes, se marcó un encuentro entre el director del museo, José Agustín Fernández, los padres de Quintana y la dirigente Marlene Orué para las 10:00.

“Llegó la hora y ellos no se presentaron. No estábamos enterados que se armó una manifestación al frente. Dijeron que autoricé el ingreso, pero yo no puedo hacerlo. El mecanismo para el ingreso al museo es mediante un agendamiento, se llama por teléfono, se da una dirección electrónica y los visitantes remiten la lista de personas, el horario, fecha y hora”, contó.

Palau siguió argumentando que “esto se hace con el fin de brindar a los visitantes toda la seguridad y comodidad para realizar el recorrido. No estaba agendada la visita para el número de personas (dirigentes opositores), sí para los padres de Rodrigo y de la señorita Marlene”, dijo.

Te puede interesar: Anexo C: negociaciones se paralizan hasta aclarar presunto hackeo de Brasil