El militar retirado Carlos Liseras recibió y escoltó a Ronaldinho en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, este miércoles. Señaló que trabaja como asesor de la presidente de la fundación Solidaridad Angelical, Dalia López, responsable de traer al país al ex futbolista.
“Estuve muy emocionado en el aeropuerto recibiendo a esta estrella del fútbol. A la tardecita, nos enteramos de todo lo sucedido con Ronaldinho. Tuvimos una reunión con la gente del Aeropuerto para coordinar la llegada de esta persona", manifestó Liseras.
Agregó que no conoce a los autores de la falsificación de los documentos, pero manifestó que sabe que el pasaporte y cédula de identidad le fueron “obsequiados” a su llegada.
“Yo solamente estuve para la hora de llegada del señor Ronaldinho. Yo ni idea tengo de quién se encargó de los pasaportes. Hasta ayer de tarde nadie sabía nada”, afirmó Liseras.
Ronaldo de Assis Moreira, mejor conocido como Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira, se presentaron para declarar en sede de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía luego de encontrarse documentación de contenido falso en poder de ambos, en el Yacht, anoche.
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Fiscalía requisa documentos de Establecimientos Penitenciarios, tras fuga
Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.
Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.
Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.
Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.
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Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.
La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.
Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.
DESIGNACIÓN Y RENUNCIA
Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.
En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.
Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada
El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.
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Según Registro de Inmuebles, no hay documentos pendientes de expedición entre enero y julio de 2026
Un total de 232.886 documentos ingresaron a la Dirección de Registro de Inmuebles entre enero y julio de 2026, sin incluir aquellos que fueron objeto de reingreso, según un informe del Departamento de Inscripción y Publicidad de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles. La dependencia, que integra el Registro Unificado Nacional (RUN), reportó cero documentos pendientes de expedición correspondientes al periodo analizado.
La directora general de Catastro y Registro de Inmuebles, magíster Mercedes Vera, explicó durante una entrevista que el resultado comprende los documentos recibidos entre el 14 de enero y el 31 de julio de 2026. Entre ellos figuran escrituras públicas, solicitudes de inscripción y anotaciones provenientes de las distintas circunscripciones judiciales del país, así como medidas cautelares e informes catastro-registrales tramitados mediante procedimientos unificados.
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En cuanto a la modernización de los servicios, destacó la expedición de certificados en formatos físico y digital a través del SIGRE. Señaló que la incorporación de herramientas tecnológicas, la digitalización de los procesos y a mediano plazo el uso de la firma digital cualificada contribuyen a agilizar los trámites, reducir las gestiones manuales y facilitar la atención a los usuarios.
Asimismo, Vera resaltó la importancia de estos resultados para acompañar el desarrollo inmobiliario del país y fortalecer la capacidad de respuesta del RUN a las necesidades de los usuarios.
Actualmente, el Registro Unificado Nacional continúa con el procesamiento y la expedición de los documentos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026, como parte de las tareas orientadas a optimizar los procedimientos y brindar respuestas oportunas a la ciudadanía.
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Agentes de Antisecuestro localizan una caleta vinculada al extinto grupo criminal EML en Horqueta
La ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, fue escenario del hallazgo de un depósito subterráneo (caleta) en una zona de la estancia Laguna, por parte de agentes del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional.
El reporte señala que el hallazgo se registró este miércoles alrededor de las 12:40. El depósito presuntamente estaría vinculado al desaparecido Ejército del Mariscal López (EML).
Este grupo criminal está formalmente desintegrado y extinto desde febrero de 2025 tras las detenciones de sus últimos miembros clave.
Los intervinientes encontraron víveres, prendas de vestir y camufladas, botas para lluvia, documentos, una batería pequeña de motocicleta, un cargador de radio walkie-talkie, anteojos y un kit de primeros auxilios.
Igualmente, hallaron un presunto artefacto explosivo, por lo que el procedimiento continúa con las medidas de seguridad correspondientes.
En la caleta estaba oculto un anteojos que presumiblemente pertenecería al abatido Alejandro Ramos Morel, exlíder del EML.
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Allanan Junta Municipal de Ypané tras nuevo juramento anulado por el TSJE
Una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente fiscal Blanca Rosa Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, allanó este jueves la sede de la Junta Municipal de Ypané en el marco de la causa N.º 3855/2026, que investiga la presunta usurpación de funciones públicas por parte de la concejal liberal Mirta Elena Oviedo.
El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial y forma parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público para recabar evidencias relacionadas con la investigación.
Los trabajos de la comitiva consistieron en recabar información, documentos y evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el pasado 27 de julio, cuando la concejal Oviedo volvió a asumir como intendenta durante una controvertida sesión desarrollada en la Junta Municipal.
Esto teniendo en cuenta, que la misma ya había sido designada anteriormente por los miembros de la bancada liberal oficialista, sin contar con el quórum requerido. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral había resuelto una medida cautelar, dejar sin efecto dicha resolución por no cumplir con los requerimientos del estatuto municipal.
Ediles colorados coaccionados
Al respecto, el concejal colorado Rubén Cabral en comunicación con La Nación/Nación Media, recordó los antecedentes del caso, ya que durante aquella jornada del pasado 27 de julio, se registraron incidentes que habrían impedido la normal participación de algunos concejales. De acuerdo con las denuncias presentadas, un grupo de manifestantes bloqueó la salida de ediles colorados de la sala de sesiones, situación que habría permitido mantener el quórum necesario para llevar adelante el acto para que la concejal Oviedo preste nuevamente juramento como jefa comunal.
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Al respecto, señaló que la bancada colorada realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público, en defensa de la institucionalidad, en rechazo a que se le eligió a la citada concejal liberal sin contar con el quórum correspondiente; además que existía la medida cautelar del TSJE que anulaba todo ese procedimiento, y que la misma no fue respetada.
“Con base a estos hechos, denunciamos el desacato a la orden judicial y se formaron cuatro carpetas fiscales ante la misma fiscal Aquino, en fechas diferentes, prácticamente cada semana con diversas denuncias”, comentó.
Señaló que la fiscal Aquino fue recusada por el oficialismo municipal, en tanto que la agente fiscal en todo momento buscó la forma de conocer cómo fue designada la concejal Oviedo y bajo qué circunstancias. Indicó que en varias ocasiones llegó a través de la comisaría local varios oficios para que se remita a la Fiscalía los documentos, y las respuestas a las preguntas de la fiscal, pero ni la Junta Municipal ni la Intendencia respondieron a dichos oficios.
“La fiscal ya había solicitado en dos ocasiones anteriores órdenes de allanamiento, pero fue recusada en esas carpetas fiscales. Incluso este jueves, durante el procedimiento, el concejal Denis Chamorro le manifestó que se encontraba recusada. Ante ello, la agente fiscal Blanca Rosa Aquino aclaró que la recusación corresponde a otra causa y no al expediente en el que estaba interviniendo en esa oportunidad”, señaló.
De acuerdo a las declaraciones de la agente fiscal Aquino, brindó a medios locales, la investigación del Ministerio Público apunta a determinar si la exautoridad municipal ejerció funciones públicas sin contar con la competencia legal correspondiente, conducta que podría encuadrarse en el hecho punible de usurpación de funciones públicas, previsto en la legislación paraguaya con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de privación de libertad.
Respecto a los documentos y evidencias incautados informó que serán analizados por el Ministerio Público como parte de las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. El caso continúa en etapa investigativa y la Fiscalía no descarta nuevas actuaciones en el marco de la causa.