Este miércoles, detuvieron a 3 de los cinco sospechosos del asesinato de dos guardaparques de la Reserva Natural Privada Tapytá, departamento de Caazapá. El hecho ocurrió en agosto del 2018, mientras realizaban su recorrido.
Según el informe del departamento de investigaciones lograron detener a tres personas con órdenes de capturas, firmado por el Agente Fiscal Gladys Jiménez, quienes estarían involucradas en el crimen de los guardaparques.
Los detenidos son los hermanos: Robert (45), Braulio, (28) y Arnaldo Ramón Alcaraz González, de 37 años, todos son agricultores domiciliados en la Compañía 11 de Mayo, distrito de San Juan Nepomuceno.
“Tras tarea de inteligencia incursionamos en la compañía 11 de Mayo, distantes a unos 25 km de San Juan Nepomuceno, donde se logró ubicar una vivienda rural de madera techo chapa, donde presumiblemente se encontrarían oculto autores del hecho mencionado”, apunta.
Señala que desde las 3:00 montaron vigilancia en cercanías de dicha vivienda aguardando la orden de allanamiento. “A las 08:00 de hoy, se presentó en la oficina de guardia el abogado Adan Joel Arévalos Ledesma, manifestando ser defensor de los hermanos Robert; Braulio y Ramón Alcaraz González, con órdenes de captura de la citada causa; expresando su intención de presentar a sus defendidos para evitar el allanamiento que ya se había realizado”, apunta.
Los guardaparques Rumildo Toledo (36) y Artemio Villalba (51), fueron asesinados en el 2018, en la Reserva Natural Privada Tapytá, mientras realizaban su tarea de patrullaje donde se encontraron con los supuestos cazadores furtivos que abrieron fuego. El tiroteo ocurrió dentro del predio de la reserva natural.
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Indert posibilita la titulación de 221 lotes en una colonia de Caazapá
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), va completando sin pausas la titulación masiva en beneficio de familias de la colonia Santa Teresa Manduarã, distrito de Abaí, Departamento de Caazapá. Con la última entrega ya suman 221 los documentos entregados por el ente.
La segunda tanda se concretó esta semana con la tramitación de 121 títulos de propiedad y a finales de este mes ya van a ser entregados de forma definitiva a los beneficiarios, confirmó el gerente de Colonias, Luis Reguera.
“Quiero comunicar que en representación del señor presidente del Indert, el economista Francisco Ruiz Díaz estamos aquí nuevamente por instrucciones directas de él para traer otros 121 títulos de propiedad para la firma de los beneficiarios, que con la tanda anterior estamos completando los 221 títulos de propiedad”, destacó.
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Explicó que el primer grupo de documentos que se firmó con anterioridad ya está en la Dirección General de los Registros Públicos (Registro Unificado Nacional- RUN) y a fin de mes ya la primera tanda estará finiquitada para ser entregado a los beneficiarios.
“Entonces, les quiero comunicar que están acá los funcionarios de la Dirección de Registro de Beneficiarios con los títulos de propiedad ya verificados y vamos a iniciar la firma de esos títulos”, dijo a las familias beneficiadas que celebraron con aplausos la grata noticia, tras varios años de lucha por la titulación de sus lotes.
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Indert destaca mediación que destrabó conflicto por tierras en Caazapá
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruíz Díaz, destacó que gracias a la oportuna intervención de un grupo mediador extra institucional, logró destrabar un conflicto por la tenencia de la tierra, que afectaba al asentamiento de unas 500 familias de la comunidad de Santa Teresa del Manduará. Esto está ubicado en el distrito de Abaí, departamento de Caazapá, cuyas tierras, que no están tituladas, habían sido redireccionadas en parte para un grupo de “sin tierras” agremiados en el Movimiento Campesino Paraguayo.
En conversación con La Nación/Nación Media, explicó que se estableció un grupo mediador encabezado por el sacerdote de origen africano, el Pa’i Pascual Kinoti, que fue el líder espiritual del proceso de titulación de Marina Cué, y los dirigentes campesinos de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez.
Este grupo mediador se sentó a escuchar los reclamos que hacía el Movimiento Campesino Paraguayo, que llevaba meses montando una carpa de resistencia frente al Indert acá en Asunción, reclamando por estas tierras.
Igualmente, llegó hasta la comunidad en Aba’i, para escuchar al presidente de la comisión y conocer a los pobladores de asentamiento Santa Teresa del Manduará, indagar sobre los antecedentes de cómo se formó esta comunidad en los años 1970 y quiénes son los actuales ocupantes.
Igualmente, revisó los informes documentados que contaba el Indert y, conforme a esto, se elaboró un informe final, en el cual, en primer término, se constató que el asentamiento está ocupado por unas 500 familias, todos paraguayos nacidos en el país, descendientes de inmigrantes europeos y de América Latina, que llegaron al país en la década de 1970 y se dedicaron al obraje en aquel entonces.
Inicio del conflicto
Al respecto, Ruíz Díaz, precisó que esta comunidad “Santa Teresa del Manduará” está conformada por los descendientes de inmigrantes, pero todos ya paraguayos; están asentados en una propiedad de 2.000 hectáreas aproximadamente. Señaló que se constituye en la década de los 90.
Indicó que todo marchaba bien con esta población, hasta que se generó el conflicto en el año 2015, cuando el Indert estaba presidido por el entonces titular Justo Cárdenas.
“Lo que hizo fue introducir a unas 60 familias, que estaban ocupando otra propiedad privada en la zona cercana. Como solución, los introduce en esta comunidad, restando la cantidad de hectáreas a las familias que ya estaban asentadas en el lugar", comentó.
Explicó que esto generó un fuerte conflicto por la tenencia de la tierra, al punto que casi llega a un estallido social, como el caso de Marina Cue, que llevó a un enfrentamiento armado dejando incluso víctimas fatales.
Pero resaltó que, en este caso, gracias a la oportuna decisión de la actual administración del Indert, se evitó el enfrentamiento social; ya que se constató que, de las 500 familias que actualmente viven en el lugar, son paraguayos hijos y nietos de los pioneros extranjeros que llegaron en la década del 70.
Ruíz Díaz mencionó de ese grupo de 60 familias, que el extitular del Indert Justo Cárdenas introdujo a la comunidad; solamente ya quedan unas 10 familias en el lugar y que el resto se retiró o negoció el lote urbano y vivienda que había recibido, al no cumplirse el compromiso que había hecho en su momento Cárdenas.
“El informe del grupo de mediación no fue el informe institucional, no fue el informe de los campesinos, fue el informe de estas 4 personas de Marina Cue, liderado por el padre Kinoti; resalta que el 100% de la ocupación, era correcta. Son familias paraguayas, descendientes de los migrantes que vinieron en la década de los 70. Y estaban ocupando pacíficamente los lotes desde hacía décadas. Y lo que querían era la titulación de sus tierras", precisó Ruíz Díaz.
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Indignante: condenado evita nombrar a Fernando Báez porque le “hace mal” e insiste que “no fue un asesinato”
A seis años del brutal asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, Argentina, uno de los condenados por los hechos volvió a generar conmoción con su declaración. Lucas Pertossi, sentenciado a 15 años de prisión, aseguró que su condena es “injusta”, criticó su defensa y reiteró que no considera que lo ocurrido haya sido un asesinato, pese a que su víctima murió a golpes frente a un grupo de agresores.
En la entrevista publicada por Resumidoinfo, Pertossi relató que su rol durante la madrugada del 18 de enero de 2020 fue grabar parte de lo ocurrido: “Tuvimos involucrados en algunas peleas. Yo no me peleaba. ¿Qué hacía? Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, dijo.
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Cuando el periodista le preguntó por qué le cuesta nombrar a Fernando, respondió: “Porque me hace mal. Un chico de nuestra edad, donde por circunstancias que se fueron de las manos, terminó muerto”. Además, insistió en que “ninguno tuvo intención de matarlo” y calificó el hecho como una tragedia derivada de una pelea que se descontroló.
Pertossi también cuestionó la estrategia de defensa aplicada en el juicio. “Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todo juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación. Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Nadie salió a defenderme”, aseguró, intentando diferenciar su responsabilidad de la de los demás condenados.
El testimonio provocó una nueva ola de indignación, dado que ni reconoce la magnitud del hecho ni nombra a la víctima, lo que reaviva el dolor de la familia y de la sociedad que siguió el caso.
Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida de una discoteca, tenía apenas 18 años cuando fue atacado por un grupo de jóvenes. Su muerte generó conmoción en Argentina y en Paraguay, de donde sus padres son oriundos. El juicio de 2023 concluyó con penas de prisión perpetua para cinco de los agresores y 15 años para Pertossi y otros dos acusados por participación secundaria.
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La defensa de Pertossi ya presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad de la sentencia, argumentando que la estrategia de defensa conjunta no reflejó las diferencias en la participación de cada acusado. Sin embargo, la declaración del condenado evidencia la dificultad de asumir plenamente la gravedad de su acto y subraya la persistente indignación social frente a un crimen que marcó un antes y un después en la opinión pública.
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Ruta de la Integración entra en fase clave y proyecta impacto económico
El proyecto, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentra actualmente en etapa de diseño y estudios técnicos, donde se definen aspectos como el trazado, las intervenciones urbanas y la planificación de las obras. Esta fase resulta determinante para asegurar la viabilidad técnica y el impacto económico de la iniciativa.
En paralelo, el gobierno avanza en un enfoque participativo. El pasado 25 de marzo se realizó una jornada de socialización en la Gobernación de Caazapá, con la presencia de autoridades locales y representantes de comunidades. El objetivo fue presentar los avances del proyecto y recoger aportes para ajustar su ejecución a las necesidades del territorio.
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Los gobernadores Christian Acosta, Cesarito Sosa y César Torres coincidieron en la importancia de la coordinación entre instituciones y ciudadanía, como base para garantizar que la obra responda a la realidad local y genere beneficios concretos.
La ruta PY10 contempla más de 60 kilómetros de extensión, incluyendo travesías urbanas que impactarán directamente en varias localidades. La ejecución estará a cargo de dos consorcios, y se prevé que las obras en pista comiencen hacia finales del segundo trimestre del año, con un plazo estimado de 24 meses.
La pavimentación de esta vía apunta a reducir costos logísticos, mejorar el transporte de producción y facilitar el acceso a mercados, factores clave para dinamizar las economías regionales. Además, la obra tendrá impacto en el empleo durante su ejecución y en la actividad comercial una vez finalizada.
La “Ruta de la Integración” se perfila así como un proyecto estratégico que no solo mejora la infraestructura, sino que también fortalece la integración territorial y abre oportunidades de desarrollo sostenido en el interior del país.