La Fiscalía inició la investigación del caso del niño de 8 años que falleció con signos de abuso sexual en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) luego de presentar lesiones en sus partes íntimas. Su padre es el principal sospechoso del hecho y está detenido en la comisaría 19 por orden de la fiscal Raquel Vera.
La fiscal manifestó que pidió la autopsia del niño para determinar la causa de muerte y confirmó la sospecha por abuso sexual. Vera se disculpó por no brindar mayores informaciones por temor a que puedan frustrar la investigación, informó el Canal GEN.
“Tenemos indicios de la existencia abuso, tomamos tejidos y fluidos corporales para repetir estudios patológicos y laboratoriales y confirmar las sospechas que tenemos. Encontramos algunos hallazgos que están en estudio aún”, expresó la fiscal Vera.
Vivía con su padre y madrastra
La semana pasada, el menor fue llevado al Hospital Distrital de Misiones tras presentar síntomas de dengue. Su cuadro fue empeorando por lo que fue trasladado el lunes hasta dicho centro asistencial en Asunción, donde finalmente falleció en la madrugada de este viernes.
"Los médicos le detectaron dengue y luego constataron lesiones en sus partes íntimas”, expresó el comisario Aníbal Gutiérrez, en contacto con GEN.
El pequeño vivía con su padre biológico y su madrastra en Misiones. El hombre de 30 años detenido negó el hecho ante los policías. El abuelo paterno del niño fue quien trasladó a su nieto al presentar un alto cuadro febril.
“En este momento el padre es el único detenido. Los padres del niño eran separados, el niño vivía con él y la pareja del padre. El único que tenía una orden de detención era el padre", declaró Rojas.
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Docente denunció que niña indígena habría sufrido abuso sexual sistemático
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes policiales de la Comisaría 4a. del barrio Pablo Rojas, aprehendieron a un hombre como sospechoso de ser autor de un hecho de abuso sexual en niños, en forma sistemática. La víctima es una niña de 12 años, indígena, quien ya se encuentra en un hogar de refugio, tras intervención de la Defensoría Pública de la Niñez.
La detención se concretó hoy, a las 13:30, en una comunidad indígena de Ciudad del Este, y el sospechoso es concubino de la hermana de la víctima y la niña vivía con ellos. La denuncia fue presentada por Mirian Saucedo Cañete (46), directora de la escuela donde acude la niña.
La educadora contó a los agentes policiales que a las 09:00 de hoy 21 de mayo, la alumna se sintió mal y presentaba náusea como síntoma, yéndose a cada rato al sanitario. A raíz de ese cuadro, conversó con la niña y ella le contó su tragedia: desde los 11 años, en reiteradas ocasiones fue víctima de abuso sexual por parte del concubino de su hermana.
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Relató también que los abusos se cometían en el interior de la casa donde vivían los tres, en horas de la noche. La directora de escuela llevó a la alumna hasta la Unidad de Salud de la Familia del de barrio, donde fue atendida por el doctor Luis Fernández y la licenciada Yolanda Romero.
El personal policial acudió a la comunidad donde residen y procedieron a la aprehensión del sindicado como el presunto autor del abuso sexual sistemático al que sometió a su cuñada menor de edad, según la denuncia. La fiscal Julia Gonzáles investiga el caso.
La misma refirió a La Nación/Nación Media que la niña fue atendida en la USF y luego fue llevada a la sede fiscal y quedó a cargo de la Defensoría Pública de la Niñez, que la llevó a un refugio. La hermana con quién vivía la escolar, no se presentó hasta ahora al Ministerio Público, según la fiscala Julia González.
En cuando al estado de salud, si bien tiene aparentes síntomas de embarazo, los análisis de laboratorio son los que determinarán su estado, según la fiscala. Dichos resultados se conocerán mañana.
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Se suspendió el juicio sobre muerte de Maradona
- San Isidro, Argentina. AFP.
El juicio por la muerte del legendario astro del fútbol Diego Armando Maradona en Argentina fue suspendido este martes por una semana, luego de que una de las juezas a cargo fuera cuestionada por supuestamente haber participado en la producción de un documental sobre el caso.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó la paralización temporal del juicio, que se celebra desde principios de marzo en San Isidro (al norte de la capital, provincia de Buenos Aires), “para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”. La suspensión, que en su consecuencia más extrema podría derivar en la anulación del juicio actual, tiene que ver con el presunto ingreso de cámaras a las audiencias.
Desde la segunda audiencia está prohibido filmar las instancias judiciales, por lo que la Fiscalía deberá investigar ahora si se violó esta norma y si la magistrada Julieta Makintach tiene algún tipo de relación con el supuesto incumplimiento. Además, en la audiencia del martes, se presentaron dos pedidos de recusación contra Makintach: uno por la presunta connivencia con los documentalistas y otro por parcialidad. Ambos serán resueltos por el tribunal de tres jueces dentro de una semana.
“Estoy convencida de mi imparcialidad, voy a dar las explicaciones del caso”, aseguró Makintach al finalizar la audiencia. Las recusaciones fueron presentadas por las defensas de dos de los siete profesionales de la salud que enfrentan este juicio por eventual homicidio con dolo, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.
Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, “El Diez” falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en Tigre, municipio en la provincia de Buenos Aires. Maradona, ganador del Mundial de México-86 con la selección argentina e ídolo en clubes como el Boca Juniors local, el Nápoles italiano y el FC Barcelona entre otros, murió por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes. De ser hallados culpables, los imputados arriesgan entre 8 y 25 años en prisión. Una octava enfermera será procesada en un juicio aparte. Todos defienden su inocencia.
“Empezar todo de cero”
Los abogados querellantes, Diego Baudry y Fernando Burlando, presentaron la denuncia pidiendo que se investigue la situación en torno al presunto documental, acusando la posible comisión de varios delitos penales. Estos serían “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, revelación de secretos o información privilegiada, prevaricato en caso de haberse afectado el deber de imparcialidad, tráfico de influencias y, eventualmente, cohecho”, sostiene la denuncia a la que accedió la AFP.
Al final de la audiencia de este martes, Makintach expresó su deseo que todas las partes sean informadas de la investigación resultante. “Para denunciar a un juez hay que tener motivos fundados”, dijo.
Y no descartó dejar el tribunal por su propia cuenta. “En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte”, advirtió la jueza.
Las opiniones fueron diversas sobre el futuro del juicio en caso de que Makintach deje su lugar. Entre las opciones se baraja agregar un nuevo juez y continuar como hasta ahora, proseguir con un solo magistrado o retirar a los tres jueces, según comentaron a la AFP varios abogados defensores y querellantes.
Todas las partes compartieron la preocupación de tener que reiniciar el proceso. Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora médica de la internación domiciliaria de Maradona, Nancy Forlini, dijo durante la audiencia que “si se aparta a la doctora Makintach, hay que empezar de cero”.
A lo largo del proceso, en cual hasta ahora declararon más de 40 testigos y una de las imputadas, la psiquiatra Agustina Cosachov, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.
Varios testigos lo describieron como escenario lúgubre para una internación domiciliaria y afirmaron que Maradona era atendido en un cuarto sucio, desordenado y sin equipos médicos adecuados.
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Exhuman los restos del niño fallecido por supuesta mala praxis en Itapúa
Este martes, se realizó la exhumación de los restos de Ángel, el niño que falleció hace un año en el Hospital Regional de Encarnación, cuyos padres denunciaron que su muerte fue a consecuencia de una mala praxis. Para continuar con las investigaciones, la Fiscalía ordenó que el cuerpo sea inspeccionado.
La muerte del niño se dio en mayo del año pasado en el Hospital de Encarnación. Los padres indicaron que los médicos nunca le dieron la posible causa de muerte, por lo que, denunciaron ante el Ministerio Público y hoy se realizó la exhumación.
“Nunca nos explicaron qué pasó, ni el director ni los doctores encargados del procedimiento se acercaron a conversar con nosotros. Queremos justicia y respuestas, por eso llegamos hasta la última instancia, la exhumación de nuestro pequeño hijo. Deseamos que esto no le pase a nadie más”, expresó Pedro Noguera, en entrevista con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
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Tras retirar el cuerpo del cementerio, fueron trasladados al laboratorio forense de la ciudad de Asunción, donde se realizará la necropsia. Los investigadores buscan obtener datos sobre la posible causa de muerte del niño. Los padres alegan haber llegado a este punto porque no lograron la autopsia apenas falleció.
El niño Ángel, de 2 años y 8 meses, falleció el 26 de mayo del 2024 en el Hospital Regional de la ciudad. Sus padres manifestaron que llegó a ser atendido por un cuadro respiratorio que no revestía gravedad. Mientras estaba en la Urgencia, fue nebulizado en dos oportunidades y luego fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde horas después se constató su fallecimiento.
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Caso Sol Chávez: bioquímica y odontóloga fueron condenadas a 3 y 4 años de cárcel
En un tercer juicio oral y público el tribunal de Sentencia integrado por los jueces: Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Lourdes Garcete condenó a 4 años de cárcel a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a 3 años de pena privativa de libertad a la química farmacéutica Sandra Hermosa, enjuiciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió por intoxicación por flúor.
El fallo fue dado a conocer ya en horas de la noche, donde el colegiado explicó los años de condena que recibieron las dos responsables del fallecimiento de la joven. El Ministerio Público pidió 5 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión de odontóloga y bioquímica.
Los padres de Chávez se habían encadenado frente al Poder Judicial exigiendo Justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
Su madre manifestó que “fueron diez meses de lucha con mi esposo para hacer Justicia por la memoria de mi hija María Sol Chávez”. Agrego que: “Mi hija no merecía morir así como murió”.
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