Esta tarde, el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia formuló imputación contra Luis Alberto Coronel por la supuesta comisión de los hechos punibles de Cobro Indebido de Honorarios y Estafa. También solicitó la prisión preventiva para el imputado.
Antecedentes
Según refirió la Fiscalía, el funcionario de la Cámara de Diputados se desempeñaba como taxista en horario laboral. Las investigaciones preliminares determinaron que Coronel habría ingresado como funcionario público en el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en enero de 1992.
Tras 27 años, en enero de 2019, el gerente general del CAH habría dispuesto enviar comisionado al funcionario a la Cámara de Diputados.
Coronel debía cumplir un horario de 8:00 a 14:00, pero existe sospecha de que el hoy imputado registraba su entrada y salida sin cumplir las funciones por las cuales recibía el pago de su salario.
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Espionaje: califican de traición a la patria la supuesta implicación de funcionario de Cancillería
El diputado Miguel Del Puerto se refirió a las nuevas publicaciones de medios brasileños sobre el esquema de espionaje de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) al gobierno paraguayo, en las cuales se menciona a un funcionario de la Cancillería, esto en el periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Es algo grave, es preocupante y, más todavía, aún no nos interiorizamos, pero, según las informaciones de los medios de prensa, existe un funcionario de Cancillería, también del lado paraguayo que se ha involucrado”, refirió el diputado en conversación con los medios de comunicación tras la reunión de la mesa directiva de Diputados.
El legislador apuntó que la justicia paraguaya debe actuar con todo el peso de la ley, calificando este hecho como traición a la patria. “Evidentemente, creo que hay que caer con todo el peso de la ley, porque estamos hablando directamente de traición a la patria de dicho funcionario”, apuntó.
Sostuvo además que el Ministerio Público debe actuar de manera inmediata ante este nuevo hecho. “Acá la fiscalía tiene que entrar con mano dura, entrar a profundidad a investigar estos hechos que son de traición a la patria, entonces la fiscalía no puede postergar en su análisis, en sus investigaciones”, sentenció.
Las nuevas publicaciones del medio brasileño UOL revelan nuevos detalles del esquema de espionaje de Brasil, que habría iniciado en el periodo de Jair Bolsonaro y, de acuerdo a la publicación periodística, habría continuado en el periodo de Luiz Inácio Lula da Silva. En parte de la publicación, se cita que un funcionario de la Cancillería paraguaya estaría involucrado o colaborado con este esquema de espionaje.
“La Abin obtuvo una copia anticipada del discurso que Arriola haría durante la visita de Mauro Vieira. El documento de Abin, que fue aprehendido por la PF en las computadoras y pendrives de la agencia, tiene como fecha de creación el día 8 de marzo del 2023 y, en sus metadatos, consta como autor a un funcionario de la diplomacia paraguaya. Esa información indica que el documento fue producido directamente por el equipo del canciller paraguayo”, revela UOL.
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Ratifican condena de funcionario judicial que ayudó a Ramón González Daher
La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal, así como por la realización del hecho por un funcionario público por adulterar el sistema informático para favorecer al condenado Ramón González Daher.
El tribunal de sentencia había condenado a 2 años y 6 seis meses de pena privativa de libertad que la pasará a cumplir en la penitenciaría habilitada por Institutos Penitenciarios para dicho cumplimiento una vez que quede firme la sentencia. Es decir, la defensa del condenado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Cáceres González, quien ocupó el cargo de “Registrador III” en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la ciudad de Luque, fue acusado y sentenciado tras desvincular (cambiar datos) a la agente fiscal Sandra Ledesma del expediente n.° 16-1-2-2-2021-8496 denominado “Ramón Mario González Daher s/ Denuncia Falsa”, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1, a cargo de la jueza Jennifer Natalia Ynsfrán Morán, en el sitio web www.csi.gov.py/portal sustituyéndola por el agente fiscal Jalil Amir Rachid en el expediente judicial mencionado.
Para ello utilizó el usuario perteneciente a Mayra Andrea Irala Delvalle, funcionaria con el cargo “Oficial de Secretaría II”, compañera de trabajo del mismo, quien había dejado abierto su usuario en la computadora utilizada por Damián Cáceres en la secretaria del mismo Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la referida localidad.
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Diputados finaliza comisionamiento de funcionario vinculado a caso de sextorsión
La Cámara de Diputados emitió una resolución mediante la cual dan por terminado el comisionamiento a favor de Carlos Espínola Melgarejo, funcionario del Ministerio de Salud. El mencionado funcionario fue detenido en un operativo vinculado a un caso de sextorsión, donde se pedía el pago de una suma millonaria a cambio de no difundir fotos y videos de contenido sexual.
“El presidente de la Cámara de Diputados resuelve dar por terminado el traslado temporal a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del funcionario comisionado, Carlos Antonio Espínola Melgarejo con vigencia a partir de la fecha”, reza el documento emitido este viernes 3 de enero.
El detenido tenía cargo de director dentro de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, esta información trascendió luego que se hiciera pública de su detención y la de una mujer identificada como Camila Alejandra Ayala Pereira de 28 años, quien de acuerdo a la información compartida por la Policía Nacional, era quien amenazaba a su expareja con compartir dichas fotos y videos.
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“Según la víctima, existió una relación sentimental años atrás, en la cual ellos habían quitado fotografías o videos de contenido íntimo, con lo cual ella se quedó y quiso utilizar esos elementos para poder cobrar la suma exigida que indicó el denunciante. Carlos Espínola era el intermediario con la víctima para concretar el monto y el lugar del pago correspondiente”, explicó el comisario Mario Vallejo.
La suma exigida era de G. 100 millones a cambio de no compartir las fotografías y videos, sin embargo, este viernes se desarrolló un operativo en un supermercado de Asunción, con intervención de la Policía Antisecuestro y la Fiscalía, quienes montaron una operación de entrega vigilada y así se logró la detención de las dos personas, además, se incautaron los celulares desde donde se realizaba la extorsión al denunciante.
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Juez decretó la prisión de funcionario del Congreso, imputado por estafa a dos colonos
El juez penal de garantía de San Pedro, Vicente Coronel, decretó la prisión preventiva del funcionario de la Cámara de Diputados, William Roberto Bogarín y de Ilsa Marisela Paredes imputados por estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de San Pedro.
El magistrado decidió que Bogarín y Paredes estén privados de libertad por 10 días para luego pasar a guardar reclusión en la cárcel regional de San Pedro. Ambos fueron procesados por formar parte de un esquema de estafa ofreciendo grandes hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco. De acuerdo a la denuncia, las víctimas son colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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El juez Coronel sostuvo en su resolución que el caso investigado es la gravedad de los hechos imputables a los abogados Bogarín y Paredes, lo que a su vez fundamenta la existencia de los dos presupuestos siguientes contemplados en la norma procesal, el peligro de fuga y obstrucción.
De acuerdo a la denuncia presentada en sede del Ministerio Público, resultaron víctimas los hermanos Bernardo Friesen Neufeld, y Herman Friesen Neufeld, colonos de Río Verde, distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, a quienes se les habría estafado por la suma de USD 1.200.000.
Bogarín Campuzano se encuentra bajo sumario administrativo y por de pronto, desvinculado de su cargo que venía ocupando como director general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados.
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