El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la prisión preventiva del funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Ismael Britos Orlando, imputado por contrabando, cohecho pasivo y asociación criminal. La medida se dicta en el marco de la investigación por la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettirossi. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en el Palacio de Justicia.

La defensa solicitó el arresto domiciliario con el uso de tobillera electrónica, sin embargo, el juzgado consideró que no se reúnen los requisitos para que el imputado sea beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión. En consecuencia, se resolvió ratificar la reclusión de Britos Orlando, quien se desempeñaba como jefe en la Dinac.

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Los fiscales Alejandro Cardozo y Francisco Cabrera participaron de la audiencia y solicitaron al juez Otazú mantener la prisión preventiva, pedido que fue respaldado por el magistrado.

En la misma causa también están procesados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.

La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir el cargamento que tenía como destino final Panamá.

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El juez Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva del jefe de seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi, Gustavo Ismael Britos Orlando (52), en el caso lingotes de oro.

Además, de dos pasajeros, identificados como Aquiles José Andrés Denis Di Lascio (43) y Fernando Antonio Peralta Zaván (40), tras ser descubiertos intentando sacar del país 22 kilos de oro.

El cargamento, con un valor estimado en 3 millones de dólares, tenía por destino a Panamá. Fueron imputados por Contrabando, Cohecho Pasivo Agravado y Asociación Criminal.

El subdirector de seguridad de la DINAC, Gustavo Sandoval, mencionó que la conexión entre los pasajeros y el funcionario fue detectada a través de una investigación iniciada poco antes de septiembre mediante cámaras de seguridad y otros registros.

“Nosotros nos damos cuenta a través de perfilamiento de pasajeros que había dos personas que tenían actitudes sospechosas en su comportamiento. Estaban casi siempre juntos. Uno entraba al baño, volvía por el otro pasajero, iban al duty free con minutos de diferencia. Eso hizo que comenzáramos a desgrabar las cámaras”, explicó el representante del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

Al ver las imágenes se dan cuenta de que los mismos pasajeros estaban viajando cada cierto tiempo en los mismos vuelos. “Analizamos más imágenes y nos dimos cuenta de que los vuelos de estas personas se daban en los mismos turnos que el mismo funcionario detenido el viernes”, añadió.

En ese sentido, mencionó que el personal de la DINAC se ausentó por vacaciones dos semanas y media y en el lapso, los sospechosos no realizaron ningún vuelo. “Cuando el funcionario vuelve de sus vacaciones, ese mismo día, estos pasajeros hicieron un vuelo a Panamá”, refirió.

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Explicó que el empleado adhería los lingotes a su cuerpo y evadía los controles con una tarjeta magnética. “El crimen organizado, a través del soborno o presión, compra la conciencia del funcionario”, indicó.

No obstante, Sandoval calificó como un “hecho histórico”, atendiendo que es la primera vez que un episodio de este tipo es frustrado en flagrancia en el país.

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Por resolución presidencial del Tribunal Superior de la Justicia Electoral, se separó y suspendió de sus funciones al funcionario César Ortega González, en tanto se lleva adelante el sumario administrativo para averiguar el grado de responsabilidad y comprobación del hecho denunciado por la presunta participación de actividades de índole proselitista, en apoyo al candidato Daniel Mujica Pereira, en Ciudad del Este.

El TSJE emitió la Resolución Nº 439/25 este jueves, en el marco de una grave denuncia que pesa sobre Ortega González, quien es funcionario permanente y se encuentra acusado de presuntamente realizar actividades de índole político-partidario.

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Esto, de acuerdo al documento presentado como consideración al eventual incumplimiento del Artículo 19 del Reglamento Interno del TSJE, específicamente en el inciso donde habla sobre la prohibición de realizar actividades ajenas a los fines de la institución durante su jornada de trabajo, salvo las expresamente autorizadas.

La denuncia presentada en su contra se basa en fotografías divulgadas en redes sociales, donde se observa que el funcionario estuvo acompañando al candidato Daniel Pereira Mujica, como así también al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros dirigentes de Yo Creo, durante la jornada electoral el pasado 9 de noviembre, cuando debía cumplir funciones de imparcialidad en representación de la organización electoral.

De acuerdo a la resolución del TSJE, el sumario administrativo tiene como finalidad principal hacer las averiguaciones pertinentes para confirmar o descartar la veracidad del hecho denunciado ante el organismo electoral.

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La Policía Nacional busca intensamente a un funcionario municipal de la ciudad de Luque, luego de golpear hasta dejar inconsciente a su pareja. El hombre cuenta con orden de captura por violencia familia y no se trataría de la primera denuncia que pesa en su contra por hechos similares.

El hecho se registró el 26 de agosto pasado, cuando Carlos Ramón Servín Rochol, funcionario de la comuna e hijo del concejal colorado Ramón Servín, llegó hasta la mueblería junto a su pareja y la agredió físicamente. Todo quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad del local.

En uno de los videos se puede ver que la víctima se acercó hasta su pareja y esta le propinó un golpe de puño en la cara. Tras recibir el impacto, la mujer cayó al suelo y su pequeña corrió a socorrerla. Servín intentó ir nuevamente hacia su pareja, pero fue detenido por los trabajadores.

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“El martes acude a mi lugar de trabajo para llevarse a nuestro hijo de 7 años, quien se negaba a irse con él. Esto da pie a una discusión entre nosotros en donde como de costumbre empieza a insultarme y denigrarme sin importar quien esté presente. Ese día no me quedé callada”, expresó la víctima en redes sociales.

Agregó que el hombre muy ofuscado por su reacción le dio un golpe en la cara, una patada y luego un último golpe que la dejó noqueada. “Siempre tuve temor de denunciar todo el calvario que he vivido en manos de mi pareja, porque es de una familia con influencia”, apuntó.

El fiscal Augusto Ledesma Blasser emitió orden de detención por violencia familiar y confirmó que no es la primera vez que la mujer es víctima por parte del funcionario. Tras la agresión, el hombre se encuentra prófugo, pero es intensamente buscado por la Policía Nacional.

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