Por unanimidad, un Tribunal de Sentencia dictaminó la condena de 12 años de cárcel para un suboficial de la Policía Nacional que abusaba sexualmente de su hijastra.
Según los antecedentes del Ministerio Público, desde el año 2013, el ahora condenado obligaba a su hijastra a tener relaciones sexuales, en forma sistemática bajo amenazas. El mismo sometió a la niña desde los 10 hasta los 14 años.
El médico forense comprobó fehacientemente que la menor afectada sufrió abusos en reiteradas ocasiones. Por su parte, la psicóloga interviniente luego de la evaluación practicada a la menor, constató que la niña presentaba daños emocionales como consecuencia de los abusos que sufrió.
Durante el desarrollado este jueves, el fiscal Hernán Galeano obtuvo la condena, tras probar la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños.
El Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Jorge Granada e integrado por los miembros titulares Dina Marchuk y Leticia de Gasperi por unanimidad sentenciaron al uniformado, tras considerar suficientes y contundentes las pruebas producidas por el Ministerio Público.
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Acusan y piden juicio oral para hermano de político liberal
El fiscal de Fernando de la Mora, Armin Echeguren, presentó una acusación por abuso sexual en niños y solicitó al Juzgado Penal de Garantías la elevación a juicio oral y público del proceso penal contra el hermano de un político liberal, quien aspira a la intendencia de una ciudad del Departamento Central.
La acusación fue radicada ante el juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, quien ya fijó la audiencia preliminar para el próximo 28 de agosto a las 08:30. En dicha diligencia judicial se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
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El representante de la Fiscalía reabrió la causa y, tras hallar elementos de prueba contundentes, presentó la acusación formal contra el procesado, miembro de una familia liberal con antecedentes en la función pública en los más altos cargos electivos. Entre las pruebas ofrecidas se encuentran diversos testimonios y pericias de profesionales que evaluaron a la víctima.
Asimismo, el abogado Luis Fernando Ayala presentó una querella adhesiva en representación de la madre de la víctima, quien actualmente tiene 11 años de edad. La querella se sumó al pedido de que el proceso sea elevado a juicio oral y público.
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Ratifican condena de 15 años de cárcel para Rafael Esquivel “Mbururú” por abuso sexual en niños
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de cárcel para el exsenador electo Rafael Esquivel, alias “Mbururú”, condenado por el hecho punible de abuso sexual en niños. La máxima instancia rechazó el recurso extraordinario de casación presentado por su defensa, por lo que el condenado deberá cumplir la sentencia condenatoria.
La máxima instancia judicial concluyó que el fallo recurrido se encontraba debidamente fundamentado y respondía de manera clara a los agravios expuestos en la apelación especial, razón por la cual descartó la nulidad solicitada por la defensa.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el abuso ocurrió el 1 de julio de 2019 en el motel Samoa, de Ciudad del Este, donde la víctima, de 12 años en ese entonces, fue llevada por orden de su propia madre. El caso salió a la luz en marzo de 2023, tras una denuncia de la Defensoría Pública de la Niñez y la Adolescencia. Posteriormente, la adolescente confirmó los hechos tanto en la Cámara Gesell como ante la Fiscalía, mientras que un examen médico forense detectó indicios compatibles con el abuso.
Además de la condena, Rafael Esquivel tiene otras sentencias firmes: 10 años de prisión por coacción grave y robo agravado como instigador, 2 años por coacción y 1 año y 8 meses por resistencia y coacción. Asimismo, afronta otros procesos penales por distintos hechos punibles.
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Rescataron a adolescente y una mujer fue detenida por sospecha de servidumbre
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Agentes del Departamento contra la Trata de Personas realizaron un allanamiento de vivienda de donde rescataron a una adolescente de 14 años, detuvieron a una mujer e incautaron tres aparatos celulares y varios otros accesorios como evidencias en la causa por un supuesto hecho de abuso sexual en niños.
La intervención fue anoche a las 21:00 en una casa del km 9 Acaray, de Ciudad del Este, dirigida por la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de niños y Adolescentes,
Fue detenida una mujer de 57 años, quien no tiene ningún vínculo familiar con la víctima. La constitución en el sitio fue para cumplir la orden de allanamiento que corresponde a la causa N° 11924/2026 caratulada como: “Investigación fiscal sobre supuesto hecho punible de abuso sexual en niños y otros”, firmada por la juez penal de Garantías, Cintia María Garcete.
La fiscal aclaró que la investigación es por sospecha de servidumbre, por ahora, sin descartarse que la captación de la adolescente podría estar vinculada también con el hecho de explotación sexual.
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La adolescente fue traída de Caaguazú y no portaba ninguna documentación. La dueña de casa no pudo explicar en calidad de qué se encontraba con ella la menor de 14 años.
Fueron incautados un aparato DVR marca Hikvision modelo DS-7108HGHI-M1 de color blanco; tres aparatos celulares; una réplica de arma de fuego color negro de la marca Springfield Armory modelo 1911-A1 calibre 10mm y estimuladores sexuales.
Acudió al sitio de allanamiento el defensor público Cristhian Gómez, quien llevó a la adolescente hasta un centro abierto para la niñez y adolescencia, por disposición de la fiscal Vivian Coronel. La detenida se encuentra en la Comisaría 25 de Mujeres.
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Sentencian a 25 años de prisión a un hombre por abuso sexual e incesto en perjuicio de sus hijas
- Ciudad del Este. Agencia regional
El Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de pena privativa de libertad para un hombre de 63 años, de nacionalidad argentina, al ser hallado culpable de los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación e incesto, cometidos en perjuicio de varias de sus hijas.
El colegiado estuvo presidido por el juez Edgar Lezcano e integrado por los magistrados Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel. El fiscal acusador fue Alberto Torres quien pidió los 25 años de pena privativa de libertad.
El hombre primero abusó de su hijastra, la mantuvo sometida, tuvieron ocho hijos y luego volvió a abusar de algunas de sus hijas biológicas, siendo niñas aún, según lo expuesto en el juicio oral que culminó hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este.
Los antecedentes de la acusación indican que los abusos cometidos por el ahora condenado fueron hechos sucesivos que comenzaron en el año 1994 en Ciudad del Este, cuando el hombre sometió sexualmente a su hijastra menor de edad, quien en ese entonces tenía tan solo 11 años.
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Condenado tuvo 8 hijos
Como consecuencia de estos abusos sistemáticos a lo largo de las décadas, la víctima tuvo ocho hijos con su agresor. Posteriormente, la familia se trasladó a una vivienda de Presidente Franco, donde el acusado mantenía a todo el grupo familiar bajo constantes amenazas y violencia económica.
En el año 2019, el agresor comenzó a abusar de una de las hijas biológicas que tenía 12 años, recurriendo al uso de la fuerza y la amenaza.
La nueva víctima es fruto de aquella relación de sometimiento con la hijastra del hombre. Los abusos sexuales con su hija biológica continuaron hasta el año 2021 (por dos años), cuando la niña logró resistirse.
Luego, el acusado dirigió las agresiones hacia otra de sus hijas biológicas, una niña de 11 años. Esta situación persistió hasta marzo de 2024, cuando la hija mayor decidió rebelarse y denunciar a su padre ante el Ministerio Público, revelando además que otra de sus hermanas, una de 10 años, había sido testigo presencial de los abusos.
Las niñas adolescentes víctimas fueron asistidas por médicos forenses y psicólogas del Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, quienes confirmaron los hechos denunciados y que derivaron en la pena para el agresor.
Los nombres del condenado y de las víctimas se omiten con el fin de proteger la identidad de las menores de edad, según lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.