Por unanimidad, un Tribunal de Sentencia dictaminó la condena de 12 años de cárcel para un suboficial de la Policía Nacional que abusaba sexualmente de su hijastra.
Según los antecedentes del Ministerio Público, desde el año 2013, el ahora condenado obligaba a su hijastra a tener relaciones sexuales, en forma sistemática bajo amenazas. El mismo sometió a la niña desde los 10 hasta los 14 años.
El médico forense comprobó fehacientemente que la menor afectada sufrió abusos en reiteradas ocasiones. Por su parte, la psicóloga interviniente luego de la evaluación practicada a la menor, constató que la niña presentaba daños emocionales como consecuencia de los abusos que sufrió.
Durante el desarrollado este jueves, el fiscal Hernán Galeano obtuvo la condena, tras probar la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños.
El Tribunal de Sentencia, presidido por el magistrado Jorge Granada e integrado por los miembros titulares Dina Marchuk y Leticia de Gasperi por unanimidad sentenciaron al uniformado, tras considerar suficientes y contundentes las pruebas producidas por el Ministerio Público.
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Confirman 17 años de cárcel para un padrastro por abuso y condena a la madre por omisión
El Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la condena de 17 años de cárcel para un hombre por el hecho punible de abuso sexual en niños, y de 2 años y 8 meses para la madre de la víctima por violación del deber de cuidado o educación.
La agente fiscal Sussy María Riquelme Brizuela representó al Ministerio Público durante el juicio oral y público donde, mediante las pruebas producidas, logró las condenas para ambas personas. El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo en primera instancia estuvo integrado por los jueces Christian Fabián González, Natalia Cacavelos y Darío Báez.
De acuerdo con la acusación fiscal, el 4 de enero de 2023, la adolescente (de entonces 16 años) relató a una vecina que la pareja de su madre le había tocado sus partes íntimas en varias ocasiones desde que ella tenía 13 años. El padrastro aprovechaba la ausencia de la mujer y de sus otros hijos menores para cometer los actos y, bajo amenazas, le prohibía contar lo ocurrido.
Cuando la adolescente cumplió 15 años, le confesó a su madre los abusos del hoy condenado y le manifestó que ya no quería vivir con ellos; sin embargo, la madre nunca la defendió ni denunció a su pareja.
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Impactante fallo: asesinó y mutiló al abusador de su hija y fue absuelta
Un fallo reciente en Brasil sacudió a la opinión pública y reavivó un debate tan antiguo como incómodo: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que la justicia no alcanza para reparar un daño irreparable?
Un tribunal absolvió a una mujer que había sido acusada de homicidio y mutilación contra el hombre señalado como responsable del abuso sexual de su hija. La escena en la sala de audiencias, cargada de tensión y emociones contenidas, reflejó la profundidad del conflicto moral que atravesó todo el proceso. La reacción de los presentes, entre el alivio, la conmoción y la controversia, fue tan elocuente como el propio veredicto.
Según se reconstruyó durante el juicio, la mujer actuó impulsada por una mezcla de desesperación, dolor y una noción visceral de justicia. La defensa sostuvo que su accionar no podía analizarse fuera del contexto de la violencia extrema sufrida por la menor. El tribunal, en una decisión que no tardó en generar repercusiones, consideró esas circunstancias y concluyó que existían atenuantes suficientes para dictar la absolución.
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El caso abre interrogantes de fondo sobre el sistema judicial y sus límites frente a delitos particularmente sensibles. ¿Puede la ley contemplar plenamente el impacto emocional de un crimen de esta naturaleza? ¿Dónde se traza la línea entre la legítima defensa, propia o de un tercero, y la justicia por mano propia?
En Brasil, el fallo ya alimenta un debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y social. Para algunos, la decisión representa un acto de comprensión frente a una situación límite; para otros, sienta un precedente peligroso que podría erosionar el principio de que solo el Estado debe ejercer la justicia.
Más allá de las posturas, lo cierto es que el caso expone una tensión difícil de resolver: la distancia entre la racionalidad de la ley y la intensidad de las emociones humanas cuando se trata de proteger a un hijo.
Queda abierta la pregunta, inevitable y profundamente personal: ¿cómo debería responder la sociedad ante hechos donde el dolor y la justicia parecen enfrentarse sin una salida clara?
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Fiscalía abrió investigación contra Chaqueñito tras difusión de audios
El fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, confirmó que el Ministerio Público abrió una carpeta fiscal contra Javier “Chaqueñito” Vera a raíz de la difusión de presuntos audios atribuidos al senador, que lo involucrarían en delitos como abuso sexual en menores.
“Desde la tarde del jueves tenemos una carpeta fiscal abierta tras un informe policial. Las dimensiones iniciales como la recopilación de información, grabaciones, entre otros, están en plena marcha“, afirmó a la 1000 AM. Rolón detalló que el caso recae sobre la agente fiscal Adriana Soledad González.
El caso tomó estado público cuando Vera presentó una denuncia ante la Policía Nacional alegando ser víctima de sextorsión mediante audios que le fueron atribuidos, donde se hace mención a la petición de “menores y vírgenes” para encuentros sexuales.
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El parlamentario, quien ayer había anunciado que presentará este viernes su renuncia al cargo, pero que luego desistió de su promesa; afirmó que los audios fueron generados supuestamente con inteligencia artificial con la finalidad de dañar su imagen y forzar su salida.
“La reacción de la Fiscalía ocurre cuando la improbación toma algún curso. A nosotros nos parece una situación sumamente grave la perspectiva de abuso de un menor, son circunstancia de lesa humanidad, es por eso que tomamos las cartas. El pronóstico jurídico del caso naturalmente surgirá con el cúmulo de informaciones. También hay una denuncia formulada por el propio senador", afirmó Rolón.
Chaqueñito refirió en su denuncia que el 19 de marzo, a las 19:43, recibió varios mensajes desde un número de teléfono que, según fuentes de consulta, pertenecería a una persona de nombre Rodolfo Acosta, en donde le advertía que había recibido en el celular diversos audios comprometedores y que los iba remitir a los medios de comunicación para su difusión.
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Culpan a Meta de poner en peligro a menores ante depredadores en línea
Un jurado de Nuevo México declaró el martes al gigante de las redes sociales Meta como responsable de poner en peligro a menores de edad al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, informó la compañía. El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.
El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, un monto muy inferior al que había solicitado el estado. El caso, juzgado en un tribunal de Santa Fe, es uno de los primeros relacionados con plataformas de redes sociales y la seguridad infantil que llega al veredicto de jurado. Meta dijo que recurrirá la decisión.
“Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y apelaremos”, declaró un portavoz de la empresa. “Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre lo complejo que es identificar y eliminar a los actores malintencionados o el contenido dañino”, añadió. En el juicio se presentaron 40 testigos, incluidos empleados, así como cientos de documentos, informes y correos electrónicos.
“Una victoria histórica”
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda en 2023 contra Meta y contra su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, alegando que la compañía no protegió a los menores de los peligros en línea. “El veredicto del jurado es una victoria histórica para cada niño y cada familia que han pagado el precio por la decisión de Meta de anteponer las ganancias a la seguridad de los menores”, dijo Torrez.
“Los ejecutivos de Meta sabían que sus productos perjudicaban a los niños, ignoraron las advertencias de sus propios empleados y le mintieron al público sobre lo que sabían”, añadió. En los alegatos finales, la abogada de la fiscalía Linda Singer dijo a los miembros del jurado que los algoritmos de Meta habían dirigido a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes, mientras la empresa ocultaba hallazgos internos sobre los riesgos para los jóvenes.
Está previsto que una segunda fase del proceso comience el 4 de mayo, cuando un juez escuchará el argumento del estado de que se debe ordenar a Meta pagar sanciones adicionales y realizar cambios específicos en sus plataformas y en las operaciones de la empresa.
Un jurado distinto en California deliberaba sobre si Meta y YouTube deben ser considerados responsables por daños causados a menores en sus plataformas, incluso por hacerlas adictivas. Se considera que ese caso es un referente que podría influir en el resultado de miles de demandas similares contra empresas de redes sociales en Estados Unidos.
Fuente: AFP.