La Policía Nacional de Capitán Bado halló el cuerpo sin vida de una adolescente indígena que estaba desparecida desde el domingo pasado y que era buscada intensamente en su comunidad. El caso está siendo investigado porque el cadáver fue movido por sus familiares y la escena del crimen fue alterada.

Según el reporte policial, el cuerpo sin vida de la adolescente de 14 años fue hallado por sus familiares en la colonia Cerro Torín, departamento de Amambay. La madre de la menor movió el cuerpo y lo envolvió con una manta antes de que los intervinientes llegarán.

“La mamá dio la versión de que su hija murió en manos del pombero. Pero el personal policial duda de esa situación porque hay elementos para presumir que se trató de un homicidio”, señaló el comisario Sergio Sosa, jefe de Prevención y Seguridad, en entrevista con canal Trece.

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Afirmó que el cuerpo fue hallado en un patio baldío a unos 400 metros de su vivienda y hasta el momento no se puede aclarar las circunstancias en que falleció. Sin embargo, se está investigando y el cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Judicial para practicar la autopsia correspondiente.

“Otro elemento que dificulta la investigación es que la escena donde se produjo el hallazgo fue alterada, ya que fue la madre quien encontró el cuerpo y lo trasladó hasta la vivienda familiar. Envolvió el cadáver en una manta, lo que podría haber afectado evidencias claves para esclarecer el hecho”, apuntó.

Agregó que pese a la alteración de la escena del crimen y que a simple vista el forense no encontró rastro de violencia, no descartan que se trate de un caso de homicidio. El Ministerio Público ya abrió la investigación a fin de esclarecer las circunstancias del suceso.

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Este martes, en la Morgue Judicial abrieron el féretro que contenía el cuerpo de Braulio Vázquez y confirmaron que ante el avanzado estado de descomposición es poca la información que se pudo extraer. La exhumación del cuerpo del trabajador de prensa se realizó a tres meses de su fallecimiento en el Instituto de Previsión Social (IPS).

El doctor Pablo Lemir indicó que el cuerpo de Braulio ya se encontraba en avanzado estado de descomposición y que los órganos estaban bastante afectados, por lo que extraer información específicamente del corazón fue muy difícil. El informe final de la autopsia estará en dos meses.

“Nos encontramos con un cadáver en un muy avanzado estado de descomposición. Había partes que ya estaban en proceso de putrefacción colicuativa, lo que significa que ya se están licuando los tejidos por la putrefacción misma y otros con adipociras, trasformación de la grasa en cera”, expresó Lemir, en conferencia de prensa.

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Indicó que todo esto hace que los órganos internos se deshagan al mínimo tacto, por lo que llegar a una conclusión es muy difícil. “En ese estado de cosas es muy poca por no decir casi nula la información que podamos sacar del cadáver en sí. Se ha intentado extraer el corazón que es el objeto de estudio”, detalló.

Agregó que lastimosamente ha pasado demasiado tiempo para realizar este tipo de estudio. “Se hicieron los cortes que se pudieron, pero es muy poca la información que nos va a aportar el procedimiento del día de la fecha. El corazón que extrajimos no tiene valor histológico y anatomopatológico para hacer el análisis”, apuntó.

Afirmó que se trata de un fallecimiento que se produjo hace unos tres meses y que al finalizar el estudio con el resultado de la nueva autopsia se deberá hacer un análisis con la junta médica. “La formolización fue muy superficial, que tal vez hubiese servido para conservar ese órgano”, puntualizó.

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Vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel, Cerrito y otras comunidades aledañas a la franja costera norte de Asunción acudieron a la Corte a fin de hacer oír sus reclamos. En ese sentido, se reunieron con representantes de la Dirección de Derecho Ambiental del Palacio de Justicia, exponiendo la grave situación de contaminación ambiental que sufren por la presencia de frigoríficos en la zona desde hace años.

Durante el encuentro, denunciaron la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas, a pesar de las múltiples denuncias presentadas a lo largo de más de una década. Según explicaron, solo en el año 2024 se registraron cerca de una veintena de denuncias formales por posibles focos de contaminación, las cuales no han tenido impulso procesal ni avances concretos.

“El problema no es solo la existencia de las denuncias, sino la ausencia total de acciones posteriores. En los registros puede figurar que se presentaron, pero en la realidad la situación sigue igual o peor”, expresó durante la reunión el abogado Ricardo Merlo, quien acompañó la delegación.

El defensor solicitó que se realice una auditoría para verificar el tratamiento de estos casos por parte del Ministerio Público. Por su parte, los representantes vecinales señalaron que la problemática afecta directamente a más de 10.000 familias, comprometiendo su salud, calidad de vida y derechos fundamentales.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de aplicación de ordenanzas municipales que establecen el traslado progresivo de industrias contaminantes en la zona, actualmente suspendidas por medidas judiciales. “Sentimos que las autoridades nos han dado la espalda. Hemos agotado distintas instancias y recurrimos al Poder Judicial con la esperanza de ser escuchados”, expresó Alfredo Moreno, presidente de la comisión vecinal.

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Desde la Dirección de Derecho Ambiental, su titular Gerardo Morales indicó que, tras una revisión preliminar de los sistemas disponibles, no se encontraron expedientes vinculados directamente a las denuncias mencionadas, lo que refuerza la necesidad de profundizar el análisis.

“Con esta información elaboraremos un informe que será elevado al Consejo de Superintendencia y al ministro responsable del área, con miras a dar seguimiento a la situación”, explicó Morales.

Como resultado del encuentro, los vecinos solicitaron además una audiencia con ministros de la Corte Suprema de Justicia. El fin era exponer directamente el impacto social y ambiental del problema y exigir medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de sus derechos.

Los pobladores afirmaron que continuarán recurriendo a todas las instancias necesarias hasta lograr una solución definitiva a una problemática que, según sostienen, se ha prolongado por más de diez años sin respuestas concretas.

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La Policía Nacional reportó sobre el hallazgo del cuerpo de una persona en un camino vecinal en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, con un panfleto que decía: “no robar”.

El cadáver pertenece a un hombre y presentaba varias heridas producidas por un arma de fuego.

Según el reporte de los intervinientes, pobladores del barrio General Genes denunciaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al costado de un camino vecinal entre la maleza. El mismo fue detectado por un vecino que pasaba por la zona y avisó a la comisaría sexta de PJC.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo atado de manos y pies. Además, tenía consigo una nota que decía: “no robar”, lo que se presume que la persona fallecida contaba con antecedentes y habría cometido un asesinato.

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Además, del mensaje en el que advierte que no se deben asesinar, este panfleto estaba firmado por JDF, grupo criminal autodenominado “Justiciero de la Frontera”, y finaliza con un “vamos por más”, que indica que seguirán cometiendo crímenes de esta índole. Este grupo criminal busca a personas que cometieron robos u otro hecho punible y los asesina.

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y un médico forense que confirmó que el cuerpo de esta persona presentaba varias heridas de arma de fuego que provocaron su muerte. Hasta el momento, el cadáver sigue sin ser identificado por las autoridades.

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