Un tribunal de sentencia condenó a 27 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. La víctima fue su hijastra, quien sufrió los abusos desde los cuatro años de edad en Asunción. El agente fiscal, Marcial Machado, representó al Ministerio Público y arrimó todos los elementos probatorios para lograr la sentencia condenatoria.

El colegiado, presidido por la magistrada Rossana Maldonado, argumentó que durante el desarrollo del juicio oral y público se produjeron pruebas testimoniales, documentales y periciales. Estas demostraron con total certeza la participación del acusado en la comisión del hecho punible. En consecuencia, los jueces decidieron aplicar la pena de 27 años de prisión.

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Asimismo, los magistrados mencionaron que la Fiscalía logró acreditar que el acusado abusó de su hijastra de manera sistemática y continua desde que ella tenía cuatro años, incluyendo el coito en todas sus modalidades. Dichos hechos tuvieron lugar en el interior de la vivienda donde residía la víctima con su madre, el agresor y sus hermanos menores de edad.

En sus alegatos finales, el fiscal interviniente sostuvo que los abusos también ocurrieron posteriormente en otros lugares fuera del domicilio, específicamente en moteles mencionados por la víctima, entre los años 2013 y 2017.Ahora, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial. En caso de ser así, un tribunal de apelación definirá si corresponde confirmar la sentencia.

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Dos hombres identificados como Javier Martínez Ferreira y Guido Martínez Ferreira fueron trasladados a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Los sujetos están sindicados como presuntos sicarios al servicio de la organización criminal liderada por el prófugo Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Antes de su traslado, los hermanos Martínez Ferreira permanecían recluidos en la Comisaría 1.ª de Saltos del Guairá, en el departamento de Canindeyú. El traslado al centro penitenciario de Alto Paraná se ejecutó mediante el cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación abierta en su contra por la supuesta comisión del hecho punible de homicidio doloso.

En el mismo procedimiento de traslado, los agentes custodiaron la remisión de Ismael Emilio Gauto Barrios, de 35 años. Este tercer recluso enfrenta un proceso judicial independiente en el cual se lo investiga por la supuesta comisión del hecho punible de robo agravado.

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La movilización de los internos requirió un estricto despliegue de las fuerzas de seguridad pública. El operativo civil y penitenciario contó con el apoyo directo de personal de la Dirección de Prevención y Seguridad, junto con fuerzas tácticas de élite pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Con respecto a la estructura criminal afectada, la captura del líder Felipe Acosta sigue figurando como una tarea pendiente para la Policía Nacional. No obstante, fuentes oficiales aseguran que los constantes operativos desplegados en las zonas de influencia de Canindeyú han logrado reducir la capacidad de acción de dicha banda.

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La cárcel de Tacumbú cambia de nombre y pasa a denominarse Centro Nacional de Prevenidos, dando la bienvenida al nuevo modelo de sistema de gestión penitenciaria. Según Resolución del Ministerio de Justicia, dejará de albergar a condenados y será un centro para procesados. Por lo tanto, ya no recibirá a personas privadas de libertad con condenas firmes.

Para ello, se realizó el traslado gradual, progresivo y planificado de todos los reos con condenas firmes alojadas en la penitenciaría de Tacumbú hasta su totalidad y la desocupación total de la población condenada.

En ese marco, se dispuso que las personas condenadas trasladadas sean reubicadas en establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas.

Se estableció además que las medidas adoptadas tienen por objeto dar cumplimiento estricto a la Constitución Nacional, al Código de Ejecución Penal del Paraguay y a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

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Se encomendó al Viceministerio de Política Criminal la elaboración de un plan operativo de distribución y traslado que garantice el respeto a los derechos humanos, la seguridad institucional y la continuidad del tratamiento penitenciario.

“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, se da un paso sin precedentes de la reforma del sistema penitenciario nacional. “Un paso importantísimo para la seguridad del país”, resaltó el secretario de Estado.

También se brindó detalles sobre el operativo Umbral 3.0 que se desarrolló en la noche de ayer y madrugada de este lunes que consistió en el traslado de casi 500 personas privadas de libertad a la cárcel de Emboscada.

“Con el operativo Umbral 3.0 nos despedimos de la vieja penitenciaría de Tacumbú y le damos paso a la transformación y al nuevo Centro Nacional de Prevenidos, un sitio más seguro con la anhelada separación de las personas privadas de libertad procesadas y condenadas”, precisó el titular de Justicia.

Destacó el trabajo coordinado de varias instituciones para llevar adelante este trabajo. “Era impensable llevar a cabo un trasladado de más de 500 personas en dos horas y media, en orden, sin inconvenientes”, apuntó el secretario de Estado.

Con el objetivo de fortalecer el apoyo de jueces penales de Ejecución y de Garantías, el equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia acompañó las jornadas de entrevistas realizadas a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones. La actividad fue organizada en el marco de una jornada interinstitucional, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas vigentes para la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

En el marco de la jornada de trabajo se realizaron entrevistas a personas privadas de libertad, garantizando la protección de sus derechos y el cumplimiento de las normativas vigentes, así como la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.

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Durante las audiencias, los jueces otorgaron medidas menos gravosas que la prisión preventiva, incluyendo libertades por cumplimiento de la pena mínima y por buena conducta. Además, participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública, quienes brindaron asesoramiento a sus representados sobre la situación actual de sus causas penales.

Las jornadas estuvieron a cargo de los jueces penales de Ejecución y de Garantías, los abogados Derlis Gustavo Rojas, de Misiones; Víctor Paredes, de San Juan; Blas Eduardo Montiel, de Ayolas; y Dora Maciel, de San Juan. Asimismo, acompañaron el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, magistrado Pedro Duarte, y los funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria.

Cabe mencionar que la visita se realizó en cumplimiento del artículo 23 de la Acordada Nº 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del C.E.P. (Ley Nº 5.162/2014), Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.

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