El ministro de Urbanismo, Vivienda y Habitad, Juan Carlos Baruja, encabezó el acto que dio inicio a las obras de construcción de las primeras 24 viviendas en la urbanización Irene, ubicada en Villa Hayes. El inicio se da en el marco del programa de viviendas para familias de la clase media trabajadora “Che Róga Porã”.

Al respecto, resaltaron que las viviendas serán comercializadas con cuotas mensuales mínimas de G. 1.900.000. La obra de construcción estará a cargo de la empresa desarrolladora CLEM S.A. El ministro Baruja destacó la expansión que está experimentando el programa habitacional en el Chaco paraguayo.

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“Esta es la prueba más palpable de que el programa Che Róga Porã se está expandiendo en toda la República del Paraguay. Ya tenemos también proyectado otro inicio de obras mañana en Areguá, y así cada semana estamos con inicio de obras y entregando a la vez las llaves de las viviendas dentro del programa”, mencionó el ministro.

Asimismo, destacó que con este programa las familias pueden adquirir una vivienda a menos del precio de un alquiler, gracias a un financiamiento de hasta 30 años de plazo a una tasa de 6,5 %, que afirmó es “la más baja no solamente del país, sino de la región”.

Indicó que con el acompañamiento permanente de los técnicos del Ministerio a los diferentes proyectos habitacionales está garantizada la calidad de las viviendas dentro del programa e invitó a ver las opciones que ofrece el mismo a través del portal www.cherogapora.gov.py

“Aquellas familias que tienen ya su propio terreno pueden construir accediendo a un financiamiento con Che Róga Porã, aquellos que quieran comprar el terreno y construir la vivienda también lo pueden hacer. Están abiertas todas las posibilidades dentro del programa así que es posible cumplir el sueño de tener la casa propia con este programa habitacional, remarcó.

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Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.

Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.

De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.

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“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.

Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.

Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.

Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.

Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.

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De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.

En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.

De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.

“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.

Fuente: AFP.

Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente derechista Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.

El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012. Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:

Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.

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Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.

La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.

El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.

La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.

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Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está “muy preocupado y angustiado”. Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.

La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: “proceda, doctor Diego”.

El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.

El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente “secuestrado”. Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.

Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.

Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021.

Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos “no tienen la característica de delito”.

Gustavo Petro, archienemigo de Uribe, se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia.

En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país.

Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la fiscalía para que se archive el caso.

Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una “venganza política”.

El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal.

En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.

La fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas “concluyentes” de su participación como “determinador de las conductas” por las que fue acusado.

El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.

Fuente: AFP.

“La situación en Ciudad del Este está muy candente. Los delincuentes nunca admiten que son delincuentes”, sostuvo el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), ante las afirmaciones del intendente Miguel Prieto y su entorno político, quienes alegan que el proceso de intervención a su gestión se transformó en una campaña de desinformación y persecución a base a mentiras.

“Prieto, mediante el populismo quiere tratar de desvirtuar la realidad, pero esta es mucho más fuerte, se tienen muchas irregularidades, corrupción en la administración municipal que van saliendo, que nosotros habíamos denunciado como casos de planillerismo, la existencia de empresas de maletín que fueron beneficiadas para delinquir", dijo a la radio Tribuna.

De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante la Fiscalía con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Por más que Prieto quiera ocultar la documentación requerida para el proceso de intervención, eso no impide que se puedan demostrar los hechos punibles y las irregularidades. La falta de documentos retrasa la investigación, pero eso no significa que el interventor no pueda presentar su informe, verificando datos de otras fuentes", puntualizó.

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1. Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se enfrentaron a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor.

Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

2. Dudosa asignación

La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.

3. Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, transcurrieron semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

4. Combustibles con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.

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