El intendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, querelló y llevó a juicio a tres comunicadores de Radio Chaco que denunciaron irregularidades municipales durante su gestión. La querella por supuesta difamación, calumnia e injuria es contra Dolores Mareco, Martín Caballero y Óscar Hellión.
Marecos anteriormente realizó la denuncia contra el jefe comunal por diversos puntos que constan en un documento sobre la falta de arreglos de calles, falta de empedrados y desidia de su administración.
“Por reclamar arreglo de calles, nunca se hizo una canalización a nuestro barrio. hemos denunciado que no se han hecho los trabajos, pero que sí se hicieron empedrados”, expresó Marecos, en contacto con GEN.
Ríos Ayala tiene antecedentes por denuncias por lesión de confianza, exacción, enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y otros, promovida ante la Fiscalía por la comunicadora Dolores Mareco, que también manifestó que fueron atacados por familiares de funcionarios y barras bravas contratados por el intendente.
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Postergan juicio por un caso de feminicidio en Puerto Triunfo
Este viernes estaba fijado el inicio del juicio oral por el feminicidio de Carmen Servián ocurrido el 4 de marzo de 2023 en el departamento de Itapúa, pero el Tribunal de Sentencia decidió postergar el juicio porque el fiscal de la causa no estaría disponible por una urgencia. La fecha prevista para dar inicio al juicio es el 20 de octubre del presente año, situación que indignó a los familiares de la víctima.
Esta mañana se debió dar inicio al juicio contra Antonio Villalba Armoa, de 35 años, que había asesinado a su pareja en la localidad de Puerto Triunfo, distrito de Natalio. Desde allí llegó la familia de la víctima tras viajar casi tres horas para enterarse de que el juicio fue postergado. Sus hijos y padres se mostraron muy consternados con este cambio, exigieron al Tribunal que dejen de favorecer al asesino.
“Nos avisaron que el fiscal titular está de vacaciones y que debía asumir el interino, pero tomaron la decisión de suspender el juicio. Hoy recién nos notificaron que se suspendió, nosotros llegamos hasta acá y nos avisaron. Queremos que esto se termine y que mi hermana Carmen pueda tener justicia”, detalló Noelia Servián, en entrevista con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.
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Sobre el caso
Carmen decidió separarse de Antonio y este no aceptó la situación, por lo que decidió amenazarla a ella y toda su familia. Tras recibir las amenazas, la mujer decidió radicar la denuncia ante las autoridades y decidieron otorgar una medida de alejamiento contra el hombre, pero él violó esta y llegó hasta la casa de la señora Servián.
Luego de recibir la orden Antonio llegó a la casa y decidió acabar con la vida de Carmen, desenfundando un arma de fuego y disparando contra su humanidad frente a sus tres hijos. Tres de los proyectiles impactaron contra el cuerpo de la víctima y terminó falleciendo cinco días después en el Hospital Regional de Encarnación.
Los hijos de 15, 12 y 10 años quedaron bajo el cuidado de sus familiares maternos, especialmente sus abuelos. Los chicos siguen sufriendo las consecuencias psicológicas y emocionales de lo que vivieron, con ataques de ira, muchísimo miedo y una pena continua de haber perdido a su madre.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Juicio oral al cantante Pablo Benegas seguirá con la etapa de producción de pruebas documentales
El próximo jueves 24 de abril prosigue el juicio oral y público para el cantante Pablo Benegas, conocido por su éxito Soy de mi tierra, y quien está acusado por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, proxenetismo, pornografía relativa a niños y coacción sexual y violación luego de drogar y supuestamente abusar de dos menores de 11 y 16 años.
La audiencia oral seguirá con la etapa de producción de pruebas documentales de parte de la defensa del acusado, así como del Ministerio Público. Días atrás, el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Lourdes Garcete, ratificó la prisión preventiva del cantante. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Acusación
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas solicitó desde su casa el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho, cercana al barrio Chacarita, hasta su domicilio particular. El escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta, esto con el objetivo de hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas, para luego filmarlas desnudas.
El escrito del Ministerio Público señala que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.