• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

Lea más: Mushuc Runa, el club indígena que rompió estigmas en Ecuador

Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

Lea también: Cónclave: cardenales se aíslan desde este martes para escoger al nuevo papa

En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.

El ministro de Urba­nismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, informó que el gobierno de Santiago Peña gestionó 26.000 vivien­das populares hasta la fecha, con la entrega de 16.000 hoga­res a las familias en situación de vulnerabilidad.

“Yo tuve la suerte de pasar por varios cargos, fui inten­dente, gobernador, ministro de Agricultura y Ganadería, pero no encontré nada más satisfactorio que entregar las llaves de una vivienda a personas que anterior­mente tenían una vivienda de tablas, techos de chapas y pisos de tierra, con una sola pieza”, indicó Baruja en una entrevista con el programa “Mina en casa”.

Baruja detalló que los secto­res más favorecidos con las soluciones habitacionales son las personas de la tercera edad, nativos y madres sol­teras. “Cada día de gobierno, cada inauguración son lágri­mas de la gente que transformó su vida. Estas vivien­das son destinadas para la gente con bajo ingreso o quienes no tienen ningún ingreso”, mencionó.

Entre los programas imple­mentados por la cartera esta­tal para la provisión de vivien­das populares a personas en condición de vulnerabilidad figuran el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) y Che Tapýi.

El programa Fonavis tiene como finalidad otorgar sub­sidios a familias de estratos socioeconómicos bajos para que puedan acceder a una vivienda digna y así generar un gran impacto social.

Mientras que Che Tapýi es considerado como un pro­yecto integral, que con­templa la construcción de viviendas sociales e infraes­tructura básica. Esta diri­gido a familias que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, nuclea­dos en “grupos organizados en comisión vecinal u otra organización social de base”, reconocida por la municipa­lidad local.

Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) preparan el envío de 34 mil kilos de alimentos no perecederos para 686 familias de diferentes comunidades indígenas apostadas en los departamentos de Presidente Hayes e Itapúa, cumpliendo así con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estas asistencias humanitarias se vienen llevando a cabo desde hace varios meses con envíos de alimentos de cantidad similar para las comunidades indígenas más desprotegidas y aisladas, brindándoles así un respaldo alimenticio.

“Enviamos ayuda a siete comunidades indígenas, seis de las cuales se encuentran en la región occidental y una en la oriental. Son comunidades indígenas que han obtenido una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado paraguayo debe asistirles en diferentes ámbitos”, explicó el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, en conversación con la 1020 AM.

Podes leer: Buscan concienciar sobre las enfermedades tiroideas

El mismo explicó que regularmente realizan el envío de los alimentos durante la primera semana de cada mes, momento en que los equipos se trasladan hasta las diferentes comunidades para que, tras previa aprobación de los líderes de cada comunidad sobre la calidad y cantidad de alimentos, se proceda a la entrega de los kits.

“Tratamos de hacer las entregas de la manera más transparente posible, demostrando que la calidad de los productos es buena, así también garantizamos que se encuentran satisfechos con los envíos realizados”, remarcó el ministro Zárate.

En el marco de la mencionada sentencia de asistencia a las comunidades indígenas, está establecida la construcción de caminos, la provisión de agua potable y el acceso a los servicios básicos, áreas donde el Estado paraguayo está trabajando de manera continua.

Lea también: Cae una pareja con más de 10 kilos de cocaína en Lambaré

Che Róga Porã 2.0 llegará hasta la ciudad de Ypaca­raí, donde unas 28 familias podrán acceder al empren­dimiento urbanístico Portal del Lago, que se construirá a escasa distancia del emble­mático lago que da nombre a la ciudad, representando otro avance significativo en la polí­tica de acceso a la vivienda digna. Así lo informó el titular del Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, quien resaltó que las cuotas irán desde G. 1.788.471 a 30 años de plazo, con la tasa histórica del 6,5 %, en guaraníes y sin reajustes. El plan contempla la edificación de un conjunto habitacional moderno, que busca integrar a familias de ingresos medios a un entorno urbano ordenado, con servi­cios básicos y buena ubicación, combinando calidad de vida y accesibilidad económica.

“Entrá en nuestro portal www.cherogapora.gov.py y tené tu casa con Che Róga Porã”, manifestó Baruja durante el anuncio. El com­plejo ofrecerá viviendas pen­sadas para brindar comodidad y funcionalidad a las familias beneficiadas. Cada unidad contará con dos dormitorios, hall de acceso, sala comedor, cocina, baño familiar y lava­dero, garantizando espacios adecuados para el desarrollo de la vida cotidiana.

El emprendimiento será lle­vado adelante por la firma Propio SAE, una desarrolla­dora del sector inmobiliario que trabaja en conjunto con un fideicomiso especialmente constituido para este pro­yecto. Este mecanismo finan­ciero asegura que los fondos provenientes del crédito se utilicen conforme al avance de las obras, brindando transpa­rencia, seguridad y confianza tanto a las autoridades como a los futuros propietarios.

Las familias interesadas en acceder a una de las 28 vivien­das pueden postularse de manera rápida y sencilla a tra­vés del sitio web oficial del pro­grama www.cherogapora.gov.py, donde se encuentra dis­ponible toda la información necesaria sobre los requisi­tos y el proceso de inscripción.