Silvio Piris y otros docentes miembros de la FEP son sumariados por haber tomado la sede del MEC en octubre pasado.
Un informe presentado por la abogada Ana María Acuña, asesora jurídica de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), recomendaba la instrucción del sumario administrativo de varios docentes por haber tomado la sede del MEC, tras una denuncia presentada.
“La denuncia presentada ente el Ministerio Público – Unidad Especializada sobre los hechos acontecidos en la sede central del Ministerio de Educación y Ciencias, Edif. Ramón Indalecio Cardozo, donde docentes miembros de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) invadieron el local ministerial, bloqueando la puerta principal del edificio por varias horas y de esa manera impidieron el ingreso y la salida, tanto de funcionarios como de los particulares que realizan gestiones en las dependencias ministeriales, violando el derecho al libre tránsito. En consecuencia es criterio de esta Asesoría Jurídica, recomendar la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades. De comprobarse la situación mencionada precedentemente, los denunciados estarían incurriendo en faltas establecidas y sancionadas en el Estatuto del Educador”, expresa el documento de diciembre del 2019.
Se trata de los profesores Silvio Piris Rojas, Luis Antonio Velázquez Villalba, Francisco Javier Vera Román, María Victoria Villalba de Molinas y Edith Claudelina Rojas Genes, docentes del MEC y miembros de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
Ordenaron la instrucción de sumario administrativo a profesores y profesoras por la supuesta falta prevista en el Art. 52 inc. c) concordante con el Art. 41 incs. e) y f) del Estatuto Educador.
Designaron Juez Administrativo al Abogado Gilberto Espínola, de la Dirección General de Asesoría Jurídica del MEC, quien tendrá a su cargo la instrucción del sumario administrativo, y la designación de un actuario, debiendo dictar resolución definitiva dentro del término de Ley.
Finalmente, el documento señala que se dispone que la investigación administrativa esté a cargo de un fiscal de Educación, que deberá designar el Director General de Asesoría Jurídica del MEC, quien tendrá que presentar acusación y otro escrito conclusivo dentro del término de Ley, y cumplir las demás obligaciones inherentes a la función.